BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL 23

MERCANCÍA. CONSIGNACIÓN:

En este análisis se hace referencia al contrato de consignación (o contrato estimatorio, según la doctrina) entendido como el contrato que consiste en que un consignante (el propietario de los activos) asume la obligación de entregar y transmitir la disponibilidad (no la propiedad) de una o más cosas muebles a otra persona llamada consignatario, quien a su vez se obliga, al vencimiento del plazo pactado, a pagar el precio establecido o a restituir los bienes^].

Debe notarse que el Código de Comercio (CCo) no define al contrato de consignación tal y como lo indica el párrafo anterior. En efecto, la práctica puede alejarse de lo que el CCo denomina como consignación, particularmente con relación a la obligación legal de consignatario de adquirir los bienes puestos en consignación en caso de no haber sido vendidos

A fin de definir un alcance legal, debe identificarse al contrato de consignación a través de los elementos esenciales que indica León Tovar:

1. El consignante transfiere la disponibilidad de bienes en forma temporal al consignatario para que este le pague el precio estimado (o la contraprestación fijada por las partes) o le restituya la cosa al vencimiento del plazo pactado.
2. El consignatario actúa en nombre propio
3. Las cosas objeto del contrato necesariamente son bienes muebles.

Debe reiterarse que la transferencia de las cosas puestas en consignación no configura una transmisión de propiedad. Esto queda patente en el Código de Comercio cuando indica que por virtud del contrato ‘una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y no la propiedad de uno o varios bienes muebles’.

Luego, de acuerdo con la Norma de Información Financiera (NIF) D-1, “Ingresos por contratos con clientes”, los indicadores por los cuales puede identificarse con acuerdo de consignación incluyen, pero no se limitan, a los siguientes.

1. el producto está controlado por la entidad (el consignante) hasta que ocurra un suceso especificado, tal como la venta del producto a un cliente del intermediario o hasta que transcurra un periodo especificado
2. la entidad es capaz de requerir la devolución del producto o transferir el control sobre el mismo a un tercero (tal como otro intermediario)
3. el intermediario no tiene una obligación incondicional de pagar por el producto (aunque se le puede requerir un depósito) y tiene el derecho de regresar el producto

Las implicaciones contables en un acuerdo de consignación deben evaluarse según las partes involucradas, ya que los registros no son precisamente simétricos uno respecto al otro.

De acuerdo con la NIF C-4, “Inventarios”, los bienes entregados en consignación para su venta deben formar parte de los inventarios al costo que les corresponda, “pues su venta aún no se ha efectuado” Es decir, en la entrega de la mercancía, el consignante no debe registrar una salida de inventario. De igual forma, el consignante “no debe reconocer ingresos en el momento de la entrega de un producto a un tercero si el producto entregado se mantiene en consignación”

Puesto que las NIF indican que se debe presentar en el estado de situación financiera los diferentes rubros que integran los inventarios, se sugiere que exista una cuenta contable en que se registren los inventarios que se encuentran en consignación. Otra alternativa es revelar en las notas a los estados financieros qué inventarios se encuentran en consignación.

Los gastos de traslado (envío de almacén del consignante al consignador), deben integrarse al valor del inventario, esto siempre y cuando el consignante haya acordado absorber este costo.

Una vez que se realice la venta de la mercancía por parte del consignador, el consignante deberá abonar el ingreso incurrido por el total de la venta y, por su parte, cargar los rubros de efectivo, los gastos por la comisión del consignador y, de ser aplicable, cualquier gasto que se obligó a reembolsar al consignador. De igual forma, deberá cargar el costo de venta y dar de baja el inventario.

Los bienes que el consignador reciba no deberán reconocerse en el estado de situación financiera de la entidad que los recibe considerando que los riesgos y beneficios de los mismos no se le han transferido. En su lugar, puede realizar una cuenta de orden donde lleve el control de los bienes que ostenta en consignación.

El consignador deberá registrar como cuenta por cobrar cualquier erogación sobre la cual tenga el derecho de obtener un reembolso por parte del consignante.

Cuando exista una venta de la mercancía, el consignador deberá registrar un pasivo por el monto neto adeudado al consignante. Una vez que el consignante realice el pago al consignador, el consignador deberá cargar el citado pasivo y abonar su comisión correspondiente.

Por lo anterior, es importante que cada parte del contrato tenga presente los siguientes registros contables, según corresponda.

Para ilustrar, asuma los siguientes ejemplos:

1. El consignante envía mercancía por 35,000 pesos al consignador
2. El consignador paga por publicidad una cantidad de 3,500, una erogación que será reembolsada por el consignante
3. Al final, el consignador vende la mercancía por un monto de 45,000 pesos. La comisión del consignador equivale a 10% del precio de la venta

Desde el punto de vista fiscal, el consignante debe considerar los siguientes puntos:

1. Al momento de entregar la mercancía no hay una enajenación y, en consecuencia, no se acumula ningún ingreso. El ingreso será acumulado cuando los bienes sean vendidos por el consignador.
2. El costo de lo vendido será determinado según el costo de la mercancía. En virtud del Artículo 39 de la Ley del ISR, deberá evaluarse si los gastos incurridos durante la consignación integran el costo de ventas o si deben considerarse deducciones del periodo.
3. En principio, la facturación será dirigida al cliente que realizó la compra de la mercancía y no al consignador.

Por su parte, el consignador debe considerar lo siguiente:

1. La entrada de la mercancía no implica la compra de inventario. Fiscalmente, cuando ocurra la venta, deberá acumularse únicamente la comisión a la cual el consignador tiene derecho.
2. Cualquier registro (cuenta por pagar o cobrar) que el consignador realice, ya sea por las cantidades a entregar al consignante o las cantidades que este deba reembolsarle, deberá estar considerado en al ajuste inflacionario.
3. La facturación será dirigida al consignante, pues es éste quien paga la comisión a la que el consignador es acreedor.

Como se ha indicado previamente, en la entrega de la mercancía en consignación no existe una enajenación de bienes. Lo anterior se fundamente en que el Código Fiscal de la Federación (CFF) indica que se entiende por enajenación ‘Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado’. Tal como se ha señalado, el consignante no transmite la propiedad de los bienes muebles, sino meramente su disponibilidad.

En ese sentido, no existe enajenación pues no se presenta una transmisión de propiedad.

La puesta de inventario en consignación debe documentarse correctamente a fin de evitar que la autoridad, durante una revisión, rechace que el inventario está en consignación y en su lugar, presuma la falta de bienes en inventario y por ende determine un IVA a cargo.

TESIS:

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN SU CALIDAD DE VÍCTIMA U OFENDIDA EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES FEDERALES INSTRUIDOS POR DELITOS FISCALES.

Hechos: Dos Tribunales Colegiados de distintos circuitos, al resolver respectivamente juicios de amparo en materia penal se pronunciaron de manera distinta sobre si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de víctima u ofendida en los procesos penales de los que derivaron los actos reclamados, contaba con legitimación para acudir al juicio de amparo en contra de determinaciones emitidas en procesos penales seguidos por la comisión de delitos fiscales.

Criterio jurídico: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de víctima u ofendida, tiene legitimación para promover juicios de amparo en contra de las determinaciones dictadas en procesos penales que se sigan por delitos fiscales, pues representa el interés de la sociedad de salvaguardar el erario, que se integra con las aportaciones de todas las personas contribuyentes. Bajo esta lógica, dicha Secretaría no solamente está legitimada para esta defensa del patrimonio de la Nación, a fin de que sea suficiente para satisfacer las necesidades sociales a través del gasto público, sino también para vigilar que todas las personas participen de la carga pública de la manera proporcional y equitativa que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Justificación: El Artículo 31, Fracción IV, de la Constitución Política prevé que la justicia en la imposición de tributos se sustente en requisitos de generalidad y abstracción, pero también en que permitan conservar un esquema equitativo en la manera en que la ciudadanía cumple con su deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. En ese sentido, los contribuyentes tienen la potestad de exigir, a través de un órgano especializado, en este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no queden impunes los delitos fiscales que afectan el patrimonio del Estado y a que se pague la reparación del daño causado. La comisión de delitos fiscales no sólo afecta al fisco federal, sino también al patrimonio de la sociedad como principal interesada en que se cumpla con el pago de las contribuciones, pues con ello se asegura el gasto público.

Por esa razón, todos los contribuyentes tienen la potestad de exigir, a través de un órgano especializado, como lo es dicha Secretaría, que no queden impunes los delitos fiscales y que se repare el daño que ocasionan. Así, el Artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, reconoció a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como víctima u ofendida de los delitos fiscales, en cuyos procesos actúa en un plano de igualdad frente a la persona imputada, lo que permite establecer que, como parte en el proceso penal, está legitimada para promover el juicio de amparo en contra de resoluciones que se dicten en procesos penales instruidos por la comisión de delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, en términos de los Artículos 1o., 5o., Fracción I, 6o. y 170, Fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Al determinar esa legitimación no es aplicable la regla establecida en el Artículo 7o. de la Ley de Amparo que exige que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por una persona moral oficial cuando se afecte su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. En este caso, si bien el erario no es el patrimonio de la Secretaría mencionada, ésta posee un carácter de guardián respecto al patrimonio nacional, integrado en gran medida por las aportaciones tributarias de la sociedad. Por lo anterior, la legitimación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para promover un juicio de amparo en las condiciones señaladas se sustenta en que actúa en representación de los derechos fundamentales de quienes contribuyen al gasto público, a fin de asegurar la reparación de daños o perjuicios ocasionados conforme al Artículo 109, Fracción XXV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que constituye parte del objeto del proceso penal acusatorio en términos del artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política. Además, de esta forma la referida Secretaría cumple con su deber de garante especializado del sistema tributario del país, y de vigilar la observancia del principio de generalidad tributaria, que establece, como un aspecto inherente a la responsabilidad social, la obligación constitucional de la ciudadanía de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

PRIMERA SALA.

Contradicción de criterios 154/2022. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito. 2 de abril de 2025. Mayoría de tres votos del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien está con el sentido, pero se aparta de los párrafos setenta y uno a setenta y cuatro y reservó su derecho para formular voto concurrente, y de las Ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretarios: Saúl Armando Patiño Lara, Jonathan Santacruz Morales y Edwin Antony Pazol Rodríguez.

Tesis y/o criterios contendientes:

El emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 12/2020, en el que consideró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no podía acudir al juicio de amparo porque no bastaba que en el proceso penal tuviera el carácter de víctima u ofendida del delito fiscal de conformidad con el Artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, sino que en términos del Artículo 7o. de la Ley de Amparo se causara afectación al patrimonio de esa Secretaría respecto a relaciones jurídicas en las que se encontrara en un plano de igualdad con la persona imputada tercero interesado; y,

El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 163/2021, en el que estimó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sí tenía legitimación para acudir al juicio de amparo y no era necesario atender al Artículo 7o. de la Ley de Amparo, sino únicamente a sus numerales 5o., fracción I y 170, fracción I, párrafo segundo y 92 del Código Fiscal de la Federación. Tesis de jurisprudencia 32/2025 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintitrés de abril de dos mil veinticinco.

PT. PLATAFORMAS DIGITALES:

El próximo 22 de junio de 2025, entrará en vigor en México una reforma significativa a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que busca regular las condiciones laborales de más de 658,000 personas que trabajan en plataformas digitales como Uber, DiDi y Rappi. Para muchos, esta reforma representa un avance en el reconocimiento de derechos laborales para un sector que ha operado en gran medida fuera del marco tradicional.

La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2024, introduce un nuevo capítulo en la LFT que establece derechos y obligaciones tanto para los trabajadores de plataformas digitales como para las empresas que los emplean. Entre los aspectos más destacados se incluyen:

• Clasificación de trabajadores: Aquellos que generen ingresos equivalentes o superiores al salario mínimo mensual serán considerados trabajadores subordinados, con acceso pleno a la seguridad social y prestaciones laborales. Los que ganen menos serán considerados independientes, pero contarán con protección contra riesgos de trabajo.
• Derechos laborales: Los trabajadores subordinados tendrán derecho a prestaciones como aguinaldo, vacaciones, acceso al IMSS e INFONAVIT, y participación en las utilidades de la empresa.
• Transparencia algorítmica: Las plataformas deberán implementar políticas de gestión algorítmica transparentes, claras y conocidas por los trabajadores, especialmente en lo que respecta a la asignación de tareas y evaluaciones.

Aunque la reforma entrará en vigor el 22 de junio de 2025, su implementación completa se desarrollará en varias etapas:

• A más tardar el 27 de junio de 2025: El IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) deben publicar las reglas de carácter general para el aseguramiento de los trabajadores y los lineamientos sobre el cálculo del ingreso neto.
• 27 de junio de 2025: Debe iniciar de un programa piloto obligatorio para el aseguramiento de los trabajadores de plataformas digitales, con una duración de 180 días. Este programa permitirá evaluar y definir ajustes al marco normativo
• Diciembre de 2025: Conclusión del programa piloto y preparación de iniciativas que definan con mayor detalle los aspectos del cumplimiento de la ley, considerando los resultados obtenidos.

A menos de un mes de la entrada en vigor de la reforma, aún no se han publicado las reglas de carácter general necesarias para su implementación. Esta situación genera incertidumbre tanto para las empresas de plataformas digitales como para los trabajadores que esperan beneficiarse de los nuevos derechos laborales.

La falta de reglas claras y detalladas podría dificultar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la reforma, especialmente en lo que respecta al registro de trabajadores en el IMSS y al cálculo de las cuotas obrero-patronales. Además, la ausencia de lineamientos precisos sobre la gestión algorítmica y la clasificación de trabajadores podría dar lugar a interpretaciones erróneas y a posibles conflictos laborales.

Es fundamental que las autoridades correspondientes aceleren la publicación de las reglas necesarias para garantizar una implementación efectiva y oportuna de la reforma. De lo contrario, existe el riesgo de que los objetivos de la reforma se vean comprometidos y que los trabajadores de plataformas digitales continúen operando en condiciones laborales precarias.

En conclusión, aun cuando la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales representa un paso importante hacia la protección de los derechos laborales en la economía digital, su éxito dependerá en gran medida de la pronta y adecuada emisión de las reglas de implementación por parte de las autoridades competentes.