BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL (34)

DONATARIAS AUTORIZADAS

El Título III de la LISR denominado “Del régimen de las personas morales con fines no lucrativos” regula el tratamiento que para la LISR tendrán las organizaciones que por su propia naturaleza jurídica no persiguen un fin económico y por lo tanto no serán contribuyentes del ISR. Para asegurar que solo las agrupaciones que cumplen dicha característica sean las que se inscriban en este régimen, el artículo 79 de la LISR enlista quienes se catalogan como no contribuyentes.

Dentro de este grupo, existen algunas organizaciones que por sus actividades filantrópicas, pueden obtener la autorización para recibir donativos deducibles de la LISR.

Esta autorización es vigente únicamente por el ejercicio fiscal por el que se otorgue. Al concluir el ejercicio, y sin que sea necesario que el SAT emita un nuevo oficio, la autorización obtendrá nueva vigencia por el siguiente ejercicio fiscal, siempre que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados cumplan con lo siguiente: 

• presenten el “Informe para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación”
• presenten la declaración informativa establecida en el artículo 86 de la LISR
• no incurran en alguna de las causales de revocación de la autorización

La causa por la que se revoca la autorización mencionada, es por el incumplimiento de los requisitos u obligaciones por parte de las organizaciones, a saber: 

• destinen sus activos a fines distintos al del objeto social autorizado para recibir donativos
• directamente o a través de la figura del fideicomiso o por conducto de terceros:
  • constituyan o financien a personas morales o fideicomisos
  • adquieran acciones, fuera de los mercados reconocidos
  • adquieran certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito, partes sociales, participaciones en asociaciones civiles y los certificados de participación ordinarios emitidos con base en fideicomisos sobre acciones que sean autorizados conforme a la legislación aplicable en materia de inversión extranjera
  • adquieran acciones emitidas por personas consideradas partes relacionadas, tanto residentes en México, como en el extranjero
• no expedir las facturas electrónicas que amparen los donativos recibidos o expedir facturas electrónicas de donativos deducibles para amparar cualquier otra operación distinta de la donación
• en dos ejercicios consecutivos, incumplan con la presentación del “Informe para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación”
• en dos ejercicios consecutivos, incumplan con la obligación de presentar la declaración informativa establecida en el artículo 86, tercer párrafo de la LISR
• tratándose de donatarias que apoyan proyectos de productores agrícolas y de artesanos, en dos ejercicios consecutivos, incumplan con la obligación de proporcionar la información por cada uno de los productores agrícolas y artesanos que apoyen, asi como proporcionar los datos de identidad de cada productor o artesano al que se apoye, tales como nombre, clave en el RFC y su domicilio fiscal
• se actualice cualquier hecho que constituya incumplimiento a las obligaciones o requisitos que establezcan las disposiciones fiscales y que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el CFF
• sea publicado en la lista a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del CFF (simulación de operaciones)
• si el o los representantes legales, socios o asociados o cualquier integrante del consejo directivo o de administración de una organización civil o fideicomiso que haya sido revocada su autorización en términos de lo establecido en el tercer párrafo de la regla 3.10.16 de la RMISC 2020, forman parte de organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles durante la vigencia de la misma
• las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles que no presenten el aviso de reanudación de actividades o el correspondiente a la cancelación ante el RFC.

SOCIEDAD CONYUGAL

En el ámbito del derecho, el matrimonio se concibe como una relación en la que dos personas llegan a diversos consensos para lograr realizar una vida en común; uno de estos acuerdos, refiere a la gestión de los bienes durante el matrimonio, y a la repartición de los mismos en caso de divorcio. 

Al respecto, la legislación nacional reconoce dos regímenes patrimoniales: sociedad conyugal y separación de bienes. En términos generales, en la separación de bienes cada cónyuge conserva la propiedad del peculio obtenido antes y durante el matrimonio; en cambio, en la sociedad conyugal los bienes y ganancias son comunes para ambos esposos sin importar por quién fueron conseguidos. En la presente nota se abordan las características principales de la sociedad conyugal.

Las condiciones bajo las cuales se constituye la sociedad conyugal dependerán de la voluntad de los consortes, porque pueden fijarlas de común acuerdo a través de las capitulaciones matrimoniales. Estos pactos se otorgan ante un juez de lo familiar o un notario, y deben contener, por lo menos, los siguientes elementos:

• lista detallada de los bienes que integran a la sociedad, con expresión de su valor y los gravámenes que ella se reporten
• nota pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo al celebrar la unión, estableciendo si la sociedad ha de responder por ellas, o únicamente de las que se contraigan durante el enlace
• declaración expresa de si la sociedad comprende la totalidad de los bienes de cada contrayente, parte de ellos o solo sus productos
• declaración explicita de si el producto del trabajo de cada cónyuge corresponde exclusivamente al que lo ejecutó, o si le dará participación al otro cónyuge, señalando la proporción
• señalamiento de quién debe ser el administrador de la sociedad, estableciendo con claridad las facultades concedidas
• precisar si los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante el matrimonio, pertenecen exclusivamente al adquiriente o si deben repartirse entre ellos, y
• bases para liquidar la sociedad

En caso de no realizar capitulaciones matrimoniales serán aplicables las disposiciones del código civil de cada entidad. A continuación se explica la regulación prevista en los artículos 178 a 206 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, ahora CDMX (CCDF).

Salvo pacto en contrario, dentro de la sociedad conyugal se comprenden todos los bienes y utilidades obtenidos por los cónyuges,  correspondiéndoles por partes iguales a ambos, con excepción de los siguientes:

• bienes y derechos que le pertenezcan a cada consorte al tiempo de celebrarse el matrimonio y que posea antes de este, aunque no fuere el dueño de ellos, si los adquiere por prescripción durante el matrimonio
• bienes que adquiera después de contraído el matrimonio, por herencia, legado, donación o don de la fortuna
• bienes adquiridos anteriormente al matrimonio, aunque la adjudicación se haya hecho después de la celebración de este, siempre que todas las erogaciones que se generen para hacerlo efectivo, corran a cargo del titular
• los adquiridos con el producto de la venta o permuta de bienes propios
• objetos de uso personal
• instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio, salvo que pertenezcan a un establecimiento o sean de explotación común, y
• bienes comprados a plazos antes de contraer matrimonio, si la totalidad del precio se paga con dinero propio del cónyuge

De no existir capitulaciones matrimoniales, la administración de lo que es la sociedad conyugal le corresponde a ambos esposos.

La sociedad conyugal termina por la disolución del matrimonio, por voluntad de los consortes, por la sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente o a petición de alguno de los cónyuges por alguno de los siguientes motivos:

• si uno de los cónyuges por su notoria negligencia en la administración de los bienes, amenaza arruinar al otro o disminuir considerablemente los bienes comunes
• cuando uno de los esposos sin el consentimiento expreso del otro, hace cesión de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal a sus acreedores
• si uno de los consortes es declarado en quiebra, o en concurso, y
• por cualquiera otra razón que lo justifique a consideración del juez 

Disuelta la sociedad, se forma un inventario, en el que no se puede incluir el lecho, los vestidos ordinarios y los objetos de uso personal o de trabajo de los esponsales o de sus herederos. 

Terminado el inventario, se pagan los créditos que hubiere contra el fondo social, y el sobrante, se divide entre los consortes en los términos pactados en las capitulaciones matrimoniales, y a falta de ellas, se reparte en partes iguales, según lo disponen los artículos 182 Quáter y 204 del CCDF.

¿EXISTE ALGUNA LIMITANTE PARA CONTRATAR FAMILIARES COMO EMPLEADOS?

No, no existe ninguna prohibición. Esto en virtud de que, entre usted, persona física y sus familiares se configurará una relación laboral; tan es así que efectivamente ocuparán un puesto dentro de su negociación en determinado horario; lo cual implica que estarán a sus órdenes en relación con el trabajo contratado y a cambio percibirán un salario (art. 20, LFT).

Al configurarse ese lazo de subordinación, en términos del artículo 12, fracción I de la Ley del Seguro Social, su madre y hermana son sujetos de aseguramiento en el Régimen Obligatorio del Seguro Social.

Lo anterior no resultaría aplicable si su negocio fuere una industria familiar, es decir, los talleres en donde laboran exclusivamente los cónyuges, ascendientes, descendientes y pupilos , y cuyo fin no es el lucro sino la obtención de ingresos para su subsistencia (art. 351, LFT).

A estas industrias por disposición legal no les son aplicables las normas laborales (a excepción de las relativas a las de seguridad e higiene), porque en ellas no se configura una relación de trabajo entre los padres, hijos y hermanos, ya que su objetivo de creación es que los ingresos que obtienen por sus actividades se destinan a la manutención del núcleo familiar, y no el lucro.

Además de que su know how lo transmiten de generación en generación y no lo comparten con gente ajena a su familia; el ejemplo más común son los artesanos.

DEDUCCIÓN GASTOS. CONDOMINIO

Se considera régimen de propiedad en condominio, aquel que se constituye sobre inmuebles que en razón de sus características físicas, permite a sus titulares tanto el aprovechamiento exclusivo de áreas privativas, como el aprovechamiento común de las áreas que no admiten división, confiriendo a cada condómino un derecho de propiedad exclusivo sobre la unidad privativa, así como un derecho de copropiedad con los demás condóminos, respecto de las áreas o instalaciones comunes.

En este tenor, existen inmuebles de personas morales que se encuentran bajo este régimen, por ejemplo las ubicadas en plazas comerciales.

El artículo 30 del RLISR señala que los contribuyentes que tributen términos del Título II de la LISR, que utilicen inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, pueden deducir la parte proporcional que les corresponda de los gastos comunes que se hubieren realizado en relación con el inmueble, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos:

• gastos de conservación y mantenimiento que sean realizados en nombre y representación de la asamblea general de condóminos por un administrador que cuente con facultades para actuar con el carácter mencionado
• pago de las cuotas de conservación y mantenimiento, se trata de las que lleven a cabo los condóminos mediante depósito en la cuenta bancaria que haya constituido la asamblea general de condóminos
• comprobantes fiscales que amparen los gastos de conservación y mantenimiento estén a nombre de la asamblea general de condóminos o del administrador
• que el administrador recabe los comprobantes fiscales relativos a los gastos de conservación y mantenimiento, y entregue a cada condómino una constancia por periodos mensuales en la que se especifique:
  • folios correspondientes a los comprobantes mencionados y el concepto que ampara cada comprobante, el monto total de dichos comprobantes y el impuesto al valor agregado respectivo
  • parte proporcional que corresponde al condómino del gasto total, conforme al por ciento de indiviso que represente cada unidad de propiedad exclusiva en el condominio.

No se considerará en el total del gasto, el impuesto al valor agregado que se hubiere causado sobre dicho gasto, excepto cuando el contribuyente por la actividad que realice en el inmueble, se encuentre exento del IVA, y

• además, el administrador debe entregar a cada condómino una copia de los comprobantes fiscales
• el caso de que el administrador reciba contraprestaciones por sus servicios de administración, debe expedir un comprobante fiscal a nombre de la asamblea general de condóminos, y
• la documentación y registros contables deben conservarse por la asamblea de condóminos o, en su defecto, por los condóminos que opten por deducir los gastos de conservación y mantenimiento
• No se puede efectuar la deducción de los gastos de conservación y mantenimiento cuando las personas que presten los servicios de administración carezcan de facultades para actuar en nombre y representación de la asamblea general de condóminos.

Como se aprecia, se debe revisar el cumplimiento de estos requisitos para la deducción de estos gastos.

INFORME TRIBUTARIO: PRIMER SEMESTRE 2020

Según cifras del Informe Tributario y de Gestión del Primer semestre 2020, dado a conocer por la SHCP, a pesar de los efectos de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias en la actividad económica, los ingresos tributarios se ubicaron en 1 billón 748.8 mil millones de pesos, siendo 54.7 mil millones de pesos mayores con respecto al mismo periodo de 2019, lo que representó un incremento de 0.1% en términos reales.

En ese orden de ideas, resulta que aumentó la recaudación de impuestos en plena pandemia; sin embargo, esto puede deberse a que una importante cantidad pagada por los causantes corresponde a utilidades del ejercicio 2019; es importante recordar que las personas morales debieron presentar su declaración anual a más tardar el 31 de marzo, mes en el que se intensificaron las medidas sanitarias

La verdadera problemática se presentará al momento de recaudar las utilidades provenientes de 2020; toda vez que muchos negocios se vieron forzados a cerrar sus puertas por la falta de solvencia económica. 

También se deben considerar las altas tasas de desempleo que se dispararon durante la pandemia; ya que una parte considerable de personas que perdieron su trabajo, lejos de aportar al gasto público, buscarán obtener recursos de algún programa social. 

En términos nominales se observaron incrementos tanto en el ISR como en el IVA, de la siguiente forma: 

• ISR se ubicó en 968.4 mil millones de pesos, monto superior en 41.1 mil millones de pesos al registrado en enero-junio de 2019, y
• IVA registró una recaudación de 489.8 mil millones de pesos, siendo 11.9 mil millones de pesos mayor a lo recaudado en el mismo periodo del año anterior.