BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL (20)

CFF. MULTAS

A pesar de que en el año 2014 fue reformado el CFF, en el cual se añadió el artículo 69-B, que precisa el procedimiento para que la autoridad detecte a las Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS) y a las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), esto fue insuficiente para desincentivar el uso de esta mala práctica.

Pero no fue, sino hasta el 16 de mayo de 2019 cuando se publicó en el DOF el “Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación”, en el cual se dan los siguientes cambios:Por esta situación, en los primeros meses de este año habían tomado importancia las propuestas de reforma a los artículos 113 y 113-Bis del CFF, que contemplan el endurecimiento a las penas para los contribuyentes que comercialicen con los CFDI que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Como se puede apreciar, el cambio va en función de desincentivar a los contribuyentes para que no expidan o enajenen CFDI con operaciones simuladas, a través del endurecimiento de las penas. Por otro lado, las penas contempladas para los contribuyentes que adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, se mantienen igual.

PTU

El derecho laboral busca el equilibrio entre los factores de la producción, es decir, trata de igualar a los trabajadores con los patrones.

Un ejemplo de esta justicia social es la carga empresarial de repartir utilidades, la cual se refiere a entregar una pequeña parte de las ganancias del patrón a los subordinados que realizaron un esfuerzo para que el primero incrementara su patrimonio.

De ahí que enseguida se plantee en qué consiste tal beneficio; la legislación que la regula; los puntos indispensables para concederla correctamente; las multas que acarrea faltar a su cumplimiento, y la exposición de los pasos a desarrollar para conocer cómo individualizar su entrega, a través de un caso práctico.

Los patrones, personas físicas o morales que generen renta gravable de acuerdo con la LISR (arts. 117 y 126, LFT y resolutivo primero de la Resolución de la Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (RQCNPTU), publicada en el DOF del 3 de febrero de 2009.

Deben cumplir con el deber de entregar PTU los patrones que son:

• compañías: fusionadas, traspasadas o que hubiesen cambiado su nombre o razón social, en razón de que no se consideran de nueva creación, y
• quienes cuenten con diferentes establecimientos, sucursales o agencias, plantas de producción o distribución de bienes o servicios, siempre y cuando acumulen sus ingresos en una sola declaración para efectos del pago del ISR. En el reparto se debe contemplar la declaración del ejercicio y no los ingresos generados por cada unidad económica
• organismos descentralizados, que no persigan fines humanitarios de asistencia y las empresas de participación estatal creadas como entidades de carácter mercantil y reguladas al amparo de la LFT
• asociaciones o sociedades civiles, que no se encaminen a recibir algún lucro, cuando deban pagar ISR por haber obtenido ingresos por alguno de los siguientes conceptos:
• ingresos mencionados en los Capítulos IV, VI y VII del Título IV de la LISR (enajenación de bienes, intereses reales provenientes del sistema financiero o premios), o
• enajenación de bienes diferentes a su activo fijo o por la prestación de servicios a individuos distintos de sus miembros o socios, si rebasan el equivalente al 5 % del total de los ingresos del ejercicio
• sujetos morales y fideicomisos, con la calidad de donatarias autorizadas deben repartir PTU a sus colaboradores cuando causen ISR por haber obtenido ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron aprobadas para recibir donativos por más de un 10 % respecto de sus ingresos totales en el ejercicio (se paga el impuesto por el excedente) –art. 80, último párrafo, LISR–. Aquellas que no tengan el carácter de donatarias autorizadas entregan utilidades como cualquier empleado, y
• sociedades cooperativas que cuenten con trabajadores a su servicio, esto es, que no tengan la calidad de socios

En términos del precepto 124 de la LFT los empleadores eximidos de pagar utilidades son:

• entes de nueva creación durante su primer año de funcionamiento, contado a partir de la fecha del aviso de alta ante el SAT. En caso de aquellas que fabriquen un producto nuevo, previa calificación realizada por la Secretaría de Economía, el plazo se amplía a dos años
• negociaciones de la industria extractiva de reciente formación, durante el periodo de exploración, esto es, hasta que realicen su primera actividad de producción termina su exención, por ejemplo las dedicadas a la actividad minera
• instituciones de asistencia privada que con bienes de propiedad particular ejecuten actos humanitarios sin propósitos de lucro, como los asilos y las fundaciones de asistencia social
• IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, y
• organizaciones, cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado menor de 300,000.00 pesos en apego a la Resolución que señala las Empresas Exentas de la Obligación de Repartir Utilidades (REEORU) del 19 de diciembre de 1996

Conforme a los numerales 123, fracción IX de la CPEUM y 117 de LFT, los sujetos activos y los ex-trabajadores como son:

• de planta: los colaboradores contratados por tiempo indefinido, independientemente de los días que laboraron durante 2018
• por tiempo u obra determinada: quienes laboraron durante 60 días en 2018 por lo menos, ya sea de manera continua o discontinua
• de confianza: los sujetos con roles de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general, o desempeñan servicios personales para el patrón dentro de las instalaciones laborales

Su salario base debe toparse, lo que implica identificar al trabajador sindicalizado de mayor ingreso, y a falta de este, al de planta con la misma característica elevando sus percepciones en un 20 %. Para obtener el salario cuota diaria que servirá de tope, se debe multiplicar el del subordinado sindicalizado o de planta con mayores remuneraciones por 1.20 (para adicionar el 20 % exigido por la LFT), y

• extranjeros: colaboradores que tienen derecho a cobrar PTU, siempre y cuando encuadren en los supuestos anteriores

Según el dispositivo 127, fracciones I, VI y VII de la LFT se trata de:

• el sujeto que ocupe el puesto jerárquicamente más alto del centro de trabajo sin importar su nombre o denominación (director, administrador o gerente general)
• trabajadores dedicados a labores domésticas y eventuales que hubiesen laborado menos de 60 días durante el año objeto de reparto, y
• técnicos, artesanos y otros individuos que presten sus servicios a una compañía de forma independiente, porque no son subordinados ya que el lazo que los une con aquella es de índole civil (contrato de prestación de servicios profesionales)

Se utiliza la renta gravable generada por los patrones; esta se calcula según los preceptos 9o. penúltimo y último párrafo; 109, cuarto, quinto y último párrafo de la LISR, y la cuantía a repartir es sobre el 10 % de la base gravable del contribuyente respectivo.

Las empresas deben proporcionarla a los trabajadores, dentro de los 10 días siguientes a la presentación de la declaración (art. 121, fracc. I, LFT).

Implica que posteriormente a la exhibición de la declaración anual, a través de los servicios electrónicos que pone a su disposición el SAT, los contribuyentes pueden imprimir la información enviada a este último, en donde se contenga el apartado relativo a la PTU.

Estos anexos deben acompañarse con el acuse de recibo electrónico emitido por dicha dependencia.

Conforme al precepto 124 de la LFT, la cuota diaria en efectivo percibida por los colaboradores por los servicios que hubiesen prestado; dicho importe se supedita al tipo de ingreso que reciba, este puede ser de tipo:

• fijo: cuota diaria; se fija en el contrato individual o colectivo de trabajo, salvo las cantidades alusivas a las horas extras, las gratificaciones, las percepciones y otros conceptos indicados en el artículo 84 de la LFT
• variable: los ingresos por unidad de obra o las comisiones. La base es el promedio de las remuneraciones obtenidas en el año fiscal materia de reparto de utilidades. El salario anual del empleado y se divide entre el número de días laborados en el ejercicio
• mixto: se suma la base fija y la variable obtenidas de acuerdo con lo antes señalado, o
• jornada y semana reducida: para el primer supuesto deben sumarse las horas trabajadas hasta llegar a la cantidad equivalente a una jornada legal convencional para considerarlo como día trabajado. Por lo que hace a los prestadores de servicios con semana reducida, deben sujetarse a las reglas generales de reparto en cuanto a los días y los salarios percibidos efectivamente

Los días que se computan para el reparto son los laborados efectivamente; los amparados por incapacidades por maternidad y de riesgo de trabajo, incluidos los de trayecto; los permisos con goce de salario por nacimiento, matrimonio, entre otros; los festivos, reposos semanales, vacaciones, y de permisos para el desempeño de comisiones sindicales, como la de participación de utilidades, seguridad e higiene, revisión de contratos y de salario, etc.

No deben contemplarse los lapsos por: incapacidades por enfermedad general; permisos sin goce de salario y las faltas injustificadas, porque la relación laboral se suspende (arts. 42, fracc. II y 127, fracc. IV, LFT).

Los importes de tales montos deben acumularse con las del ejercicio siguiente, teniendo en cuenta el año de prescripción en el cual los subordinados pueden exigir su entrega (art. 122, tercer párrafo, LFT).

Así las cosas, si la utilidad corresponde al año:

• 2016 a pagar en 2017 y anteriores: sí es viable acumularlas a las de 2018 porque ya se perdió la prerrogativa de los colaboradores a cobrarlas, y 2017 a cubrir en 2018: no es posible adicionarlas porque los trabajadores todavía pueden presentarse a cobrarla hasta el 30 de mayo de 2019, porque tal derecho prescribe a partir del 31 de mayo (2018).

INFONAVIT-PRODECON

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente —Prodecon— dio a conocer que apoyó a una empresa para que el Infonavit  declarará la prescripción de diversos créditos fiscales a cargo de esta, bajo los siguientes argumentos.

 Si bien el Infonavit, en su carácter de organismo fiscal autónomo, está facultado para determinar las aportaciones, amortizaciones de vivienda y sus accesorios, esta potestad es por el término de cinco años (caducidad); y solo una vez notificados, los créditos son exigibles, si al termino del lapso no se cobraron los mismos (prescripción).

A pesar de estar regulado el tiempo con que cuenta el Instituto para ejercer sus facultades, en ocasiones no lo respeta, y requiere créditos legalmente prescritos.

De ahí que los patrones ubicados en esta situación pueden defenderse mediante la interposición de un:

• recurso de inconformidad ante la Comisión de Inconformidades del Infonavit, en un tiempo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación o de aquel en que el interesado demuestre haber tenido conocimiento del acto recurrido (arts. 54, Ley del Infonavit; 9o. y 11, Reglamento de la Comisión de Inconformidades del Infonavit), o
• juicio de nulidadante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), por la vía ordinaria. El lapso para presentarlo es dentro de los 30 días hábiles siguientes, a aquel en que surta efectos la notificación (arts. 54, Ley del Infonavit; 13, fracc. I, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo)

También pueden recurrir a la aclaración, dentro del Portal Empresarial del Infonavit, en el módulo Mis trámites, en el apartado Aclaraciones patronales, señalando la causal (motivo) correspondiente.

No obstante, si la resolución es negativa, precluye su derecho a defenderse, ya que este medio no suspende en ningún momento los términos para la interposición del recurso de inconformidad o del juicio de nulidad.

En virtud de ello, otra opción que tienen los patrones es acudir ante la Prodecon para que este solicite al Infonavit la declaración de la prescripción del crédito en controversia.

Esto no es novedoso, porque la Procuraduría en un caso así, solicitó al Instituto la declaratoria de prescripción, argumentando que había transcurrido en exceso el lapso de cinco años sin que el Infonavit realizara gestión de cobro a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).