De la famosa lista negra que elabora el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sólo ha logrado salir 3.6% de los contribuyentes que son publicados en ella, de acuerdo con los datos de la autoridad fiscal.
Al corte del 28 de enero de este año, el SAT, a cargo de Margarita Ríos-Farjat, ha publicado a 9,475 contribuyentes en su lista negra. De éstos, sólo 346 han logrado salir, lo que representa apenas 3.6% del listado global.
De los 346 pagadores de impuestos que salieron del listado, 210 lograron desvirtuar los hechos, es decir, presentaron las pruebas y documentos para amparar sus operaciones, mientras que 136 recurrieron a la Corte, en donde obtuvieron una sentencia favorable.
La llamada lista negra del SAT, que entró en vigor en el 2014, se sustenta en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, el cual precisa que cuando el fisco detecte que un contribuyente emite facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o comercializar bienes, o si bien no se localizan, se presumirá la inexistencia de las operaciones, es decir, que simulan operaciones o son empresas fantasma.
En el listado, el SAT ha identificado a 7,501 contribuyentes que han obtenido el estatus de definitivo, es decir, el fisco ha determinado que sí simulan operaciones, mientras que existen otros 1,628 contribuyentes que aún no han desvirtuado los hechos, o que bien siguen en revisión.
Los delitos de defraudación fiscal, como la simulación de operaciones, son sancionados con tres meses a nueve años de prisión, dependiendo del monto defraudado, mientras que la adquisición de comprobantes fiscales falsos se sanciona con tres meses a seis años de prisión.
Con la llegada de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se busca incrementar las sanciones por la emisión de comprobantes apócrifos y considerarla como un delito grave.
Expertos en materia fiscal refirieron que los datos demuestran que el SAT tiene un alto nivel de efectividad para identificar a contribuyentes que evaden sus obligaciones fiscales, ya sea a través de la compra de facturas apócrifas o la emisión de éstas.
“El SAT, cuando tiene identificado a un contribuyente no cumplido que tiene los requisitos para estar en esa lista, ya es complicado que salga, porque ya hizo todo un proceso de análisis y de identificación de que está simulando sus operaciones”, refirió Mario Morales, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
En este sentido, Manuel Toledo, socio de Proactive Tax & Legal, refirió que el SAT tiene las herramientas necesarias para fiscalizar adecuadamente a los contribuyentes. No obstante, no negó que puede haber contribuyentes que cayeron en la lista negra por otras cuestiones, como haber obtenido una factura falsa sin saberlo de un proveedor que simula operaciones.
“En este caso, la autoridad debe analizar que, efectivamente, las pruebas que presente el contribuyente amparen que sus operaciones son existentes”, acotó.
La lista negra del SAT se actualiza periódicamente a través del Diario Oficial de la Federación, así como en el sitio de Internet del fisco. Los datos publicados son abiertos para todo el público, por lo que cualquier persona puede acceder y conocer qué contribuyentes están implicados.
“Varios contribuyentes trabajan con diversos proveedores debido al negocio en el que están. Sin embargo, muchas veces no saben si estos están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. En este sentido, la lista sirve para que los causantes la revisen y se den cuenta de si sus proveedores están o no en problemas”, agregó Manuel Toledo.
Por ello, Mario Morales exhortó a los contribuyentes a revisar constantemente las actualizaciones que el fisco hace de esta lista, ya que de adquirir una factura de alguno de los contribuyentes que están identificados como simuladores de operaciones, el SAT podría considerarlos como causantes que deducen operaciones falsas y aparecer también en la lista.
Con información de El Economista.
Con herramientas como el Visor de Nómina para Trabajadores y el Simulador de Declaración Anual, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes sin errores.
La Administradora Central de Declaraciones y Pagos del SAT, Patricia Delgado Medellín, informó que estas herramientas contienen información fiscal precargada que puede ser consultada y verificada por los contribuyentes para que, en caso de errores, éstos se corrijan.
“Su finalidad es que toda la información que se precargue vaya limpia, correcta, bien y no tengan ningún inconveniente el contribuyente cuando tenga saldos a favor y que la autoridad en su caso proceda a su devolución”, agregó.
Durante el taller a medios “Visor de Nómina y Simulador de Declaración Anual”, precisó que si se presentan algunas fallas, lo importante es que se corrijan, por lo cual es importante que el contribuyente las identifique consultando las herramientas que el SAT pone a su disposición.
La funcionaria recordó que las personas morales o empresas tienen la obligación de cumplir con la presentación de su Declaración Anual 2019 durante marzo próximo, y en el caso de las personas físicas, esta debe llevarse a cabo durante abril, para lo cual no hay prórroga. Mencionó que durante 2018 se presentaron poco más de 7.9 millones de declaraciones anuales solo de personas físicas, correspondientes al ejercicio fiscal de 2018. Delgado Medellín apuntó que la declaración anual debe presentarse por medios electrónicos, lo cual puede realizarse entrando a la página www.sat.gob.mx, incluso desde un teléfono móvil.
El SAT difundió en su Portal el simulador de que será la nueva versión del DeclaraNOT en línea (Declaración informativa para notarios públicos y demás fedatarios), aplicativo que estará disponible a partir del 1o. de julio de 2019; a través del cual los notarios y demás fedatarios públicos cumplirán ante la autoridad fiscal con las siguientes obligaciones:
Declarar la información relativa al total de los pagos del ISR, correspondiente a:
Asimismo, se pueden consultar las siguientes guías de llenado y manual:
enajenación de bienes
El uso de este aplicativo deriva de la regla 3.15.6. de la RMISC 2019, así como la ficha de trámite 151/CFF “Informe que deberán presentar los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, relativo al entero de los pagos del ISR tanto a la Federación, a la Entidad Federativa, así como del IVA, correspondiente a las enajenaciones y adquisiciones en las que intervengan”.
A partir de ahora, el ahorro pensionario de más de 65.3 millones de trabajadores que cuentan con una administradora de fondos para el retiro (afore) se invertirá en un nuevo esquema de fondos generacionales que permitirá fortalecer las inversiones y mejorar los rendimientos que se dan al ahorro para el retiro.
Expertos consideran que, si bien puede ser un cambio positivo para mejorar el ahorro pensionario de los trabajadores, las afores no han sabido comunicar la importancia de estos fondos generacionales y la manera en que se invertirán los ahorros de los trabajadores.
“Son pocos los trabajadores que saben de esta migración de siefores a fondos generacionales. Las autoridades y las afores se preocupan poco por la educación financiera, lo que no ayuda a que el trabajador se involucre más con su ahorro para el retiro”, comentó Mario Di Costanzo, consultor financiero.
Quien fue expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, indicó que en los estados de cuenta se debería informar a los trabajadores qué es un fondo generacional, cómo se invertirá su dinero y que el trabajador verifique sus datos para ver si está en el fondo adecuado.
Di Costanzo, compartió que, en su caso, su afore no le ha avisado de este cambio “no me ha llegado ninguna información y es algo que se debería obligar hacer a las afores”.
Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros coincidió en que debe existir un mayor compromiso de las afores para explicar a los trabajadores el nuevo esquema de fondos generacionales, pues al fin de cuentas es su dinero el que se estará invirtiendo en dichos fondos.
“Las afores tienen una obligación como cualquier servicio financiero de proporcionar la mayor información posible, si de por sí hay confusión en las personas de qué eran las siefores, ahora con los fondos generacionales se generan más dudas y llama la atención que las afores no estén poniendo atención en ello”.
En su caso, comentó que su afore sí le envió en su estado de cuenta un anuncio de cambio de siefores a fondos generacionales, pero no explican cómo van a invertir y qué expectativa de rendimientos se tendrán con estos fondos. “Me metí a Internet y vi que algunas afores lo exponen en sus páginas, pero creo que es información que debería estar en los estados de cuenta de cada trabajador”.
De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, las 10 afores que conforman el mercado deberán migrar de un esquema de sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (siefores) a fondos generacionales.
Los trabajadores, en vez de estar en una de las cinco siefores, ahora estarán en uno de los 10 fondos que estarán divididos en rangos de edad.
Los especialistas coincidieron en que, si bien la implementación de los fondos generacionales ayudará a mejorar las inversiones de las afores, no se resuelve el problema de las bajas pensiones que recibirán los trabajadores al concluir su vida laboral.
ACTAS DE ASAMBLEA NO PROTOCOLIZADAS. AL TENER EL CARÁCTER DE DOCUMENTALES PRIVADAS, LAS MISMAS DEBEN DE ESTAR ADMINICULADAS CON OTROS MEDIOS PROBATORIOS PARA GENERAR CONVICCIÓN AL ÓRGANO JUZGADOR DE LOS HECHOS CONTENIDOS EN ELLAS.- El artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece que los documentos privados son aquellos que no reúnan los requisitos del artículo 129 de la Ley en comento; en ese sentido el artículo 129 de la Ley sustantiva Federal señala, que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. En tal contexto, de la interpretación armónica de los numerales previamente mencionados, un documento privado, es aquel instrumento que fue extendido entre particulares sin la intervención de un funcionario público o de alguna persona autorizada para ejercer la fe pública. Bajo ese contexto, cuando en el juicio contencioso administrativo se ofrezca un acta de asamblea que no deba ser protocolizada, dicha documental deberá ser valorada como una documental privada, no es susceptible de generar convicción plena sobre la veracidad de las operaciones aludidas en ella; por lo que para que dicha documental pueda acreditar la materialidad de las operaciones inmersas, la misma debe de estar relacionada con algún medio de prueba que demuestre fehacientemente su contenido, de conformidad con el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
PRECEDENTE: VIII-P-1aS-286 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 16/907-24-01-01-04-OL/16/22-S1-02-30.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 26 de octubre de 2017, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Brenda Virginia Alarcón Antonio. (Tesis aprobada en sesión de 30 de noviembre de 2017) R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 18. Enero 2018 p. 680 REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: VIII-P-1aS-644 Cumplimiento de Ejecutoria relativo al Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5773/16-07-03-2/1085/17-S1-05-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 13 de agosto de 2019, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Julián Alfonso Olivas Ugalde.- Secretaria: Lic. Mitzi Palacios Galván. (Tesis aprobada en sesión de 13 de agosto de 2019)
El 23 de octubre de 2019 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana codificada como NOM-035-STPS-2018, que busca mitigar los factores de riesgo psicosocial en el centro laboral.
En la nota de referencia se señala que el incumplimiento de la NOM-035 podrá hacer acreedor al patrón de una multa que oscila entre 250 y 5000 UMA, en términos del Artículo 994, fracción V, de la LFT, la cual se impone por cada trabajador afectado, según lo dispone el Artículo 992 del mismo ordenamiento, por lo que la multa por este incumplimiento puede llegar a ser de suma importancia.
Las multas pueden imponerse ya sea por una denuncia que haga el trabajador o, inclusive, un tercero, o bien, pueden derivar de una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Se tiene información oficial de la STPS en el sentido de que las inspecciones que se lleven a cabo durante 2020, no serán sujetas a multa de manera inmediata, sino que se llevará un padrón de quienes no estén cumpliendo con estas disposiciones y se dará un plazo de un año para que subsanen el incumplimiento. En caso de el patrón no cumpla en el plazo otorgado, entonces será acreedor a multas.
En cualquier caso, y dado que la implementación de estas medidas pueden llevar tiempo, se sugiere evaluar y diseñar con tiempo los cambios necesarios para que la empresa se adapte a esta nueva dinámica de trabajo bajo las nuevas disposiciones.
Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) publicada el 2 de julio de 2019, a través de la cual se establece el régimen de las personas trabajadoras del hogar, se definen los lineamientos del salario y prestaciones de las que debe gozar el trabajador del hogar.
Al respecto, la nueva legislación establece que las personas trabajadoras del hogar contarán con las siguientes prestaciones y que estarán comprendidas en el régimen obligatorio del seguro social:
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a las personas trabajadoras del hogar.
El salario a que tienen derecho podrá efectuarse a través de transferencia bancaria o cualquier otro medio de pago monetario legal, con el consentimiento de la persona trabajadora del hogar interesada.
Se deroga la obligación de que en caso de muerte, el patrón sufragará los gastos del sepelio, pero con la transición que se comenta a continuación, pero se establece también que mientras se hacen las adecuaciones legales para comprender el trabajo del hogar en el régimen obligatorio, el patrón garantizará la atención médica y los gastos por concepto de sepelio.
Los alimentos destinados a las personas trabajadoras del hogar deberán ser higiénicos y nutritivos, además de ser de la misma calidad y cantidad de los destinados al consumo de la persona empleadora.
Las personas empleadoras garantizarán en todos los casos los alimentos para las personas trabajadoras del hogar.
En aquellos casos en los que la persona trabajadora resida en el domicilio donde realicen sus actividades les será garantizada además de los alimentos, la habitación.
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