BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL 24

¿REPRESENTANTE LEGAL = BENEFICIARIO CONTROLADOR?

El Artículo 32-B Quáter del Código Fiscal de la Federación (CFF) precisa las características que actualizan que una persona sea considerada como BC. Si se evalúan estos supuestos, puede concluirse anticipadamente que los representantes legales no son BC. En efecto, la normativa mexicana no sugiere que los representantes legales de las personas morales configuren automáticamente como BC.

Lo anterior en el sentido de que, en principio, si bien los representantes legales pueden obtener un beneficio (compensación económica) de una entidad, este beneficio es por la prestación de un servicio o un servicio personal subordinado y no por la participación en la entidad. Por otro lado, resulta poco probable que el representante legal actualice alguna de las características descritas en la fracción II de citado Artículo.

Debe advertirse que esto tampoco significa que todo representante legal esté excluido de configurar como BC, ya que primero deberá analizarse si, a través del acto por cual adquiere la representación legal, se le otorgan también obligaciones o derechos que actualicen el supuesto de beneficio o el supuesto de control descritos en el Artículo 32-B Quáter.

En consecuencia, no debe concluirse algún resultado prima facie. Primero, se deberá evaluar los documentos que otorgan el carácter de representante a la persona en cuestión y cualquier otro convenio que permita llegar a conclusiones sobre si el representante legal en particular es o no BC.

CFDI. CÓDIGO POSTAL. SUCURSAL

El artículo 29-A, fracción I del CFF prevé que cuando los contribuyentes (emisores) que tengan más de un local o establecimiento, deberán señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales.

 Por su parte, el estándar técnico de la versión 4.0 indica que el lugar de expedición es el “Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).

 A su vez la guía de llenado de los CFDI precisa que debe anotarse el lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o sucursal). Sin embargo, aclara que cuando se emita un comprobante fiscal en una sucursal, debe registrarse el código postal de esta, independientemente de que los sistemas de facturación de la empresa se encuentren en un domicilio distinto al de la sucursal.

 Esto mismo se visualiza en las preguntas y respuestas del SAT, tal y como se muestra a continuación: 

 Si tengo varias sucursales, pero mis sistemas de facturación se encuentran en la matriz ¿Qué código postal debo registrar en el campo lugar de expedición en el CFDI?

 En el caso de que se emita un comprobante fiscal en una sucursal, en dicho comprobante se debe registrar el código postal de ésta, independientemente de que los sistemas de facturación de la empresa se encuentren en un domicilio distinto al de la sucursal.

 Por todo lo anterior, se desprende que debe cuidarse que el CFDI sea expedido correctamente tomando en cuenta en donde se está emitiendo.

SALARIO DIARIO INTEGRADO. SALARIO BASE DE COTIZACIÓN

Con frecuencia los funcionarios del área de recursos humanos de las organizaciones expresan su inquietud respecto a precisar los conceptos de salario diario integrado (SDI) y base de cotización (SBC), ya que su indefinición les genera una constante confusión respecto de su naturaleza jurídica, procedencia, alcances y características, por ello a continuación se hacen algunas precisiones sobre el particular.

El “SALARIO BASE DE COTIZACIÓN” es el importe con el que se determina el monto de las cuotas obrero-patronales y aportaciones de vivienda a pagar mensual y bimestralmente al Seguro Social e Infonavit.

Así mismo sirve para que el IMSS tenga una base para cubrir a los asegurados las prestaciones económicas a que tienen derecho con base en la LSS (subsidios por incapacidad y pensiones).

En términos del artículo 27 de la LSS, se conforma con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo (retributivas).

Así mismo a esta modalidad de salario se le deben aplicar las siguientes reglas:

De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 28 de la LSS, su cuantía al momento de la afiliación del trabajador no debe exceder de 25 veces el SMG ni ser inferior al salario mínimo de que se trate, al cual se le debe aplicar el factor de integración de las prestaciones básicas contempladas en la LFT.

Por otro lado, el “SALARIO DIARIO INTEGRADO” sirve exclusivamente para cubrir las indemnizaciones derivadas del despido injustificado de los subordinados, como la de los tres meses y los 20 días de salario por año laborado (art. 89, LFT).

Se constituye por los pagos realizados en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie que se entreguen al trabajador por su labor (Art. 84, LFT).

Cabe destacar que a diferencia del SBC esta percepción no está sujeta a tope alguno en su determinación.

Como se observa estos dos tipos de salarios aparentemente se asemejan, sin embargo se utilizan para distintas materias (seguridad social o laboral) y finalidades, por lo que se debe poner especial cuidado en no cubrir prestaciones laborales conforme al SBC o reportar al IMSS un SDI, pues esto puede traer como consecuencias el pago de diferencias por concepto de cuotas obrero-patronales, la imposición de multas e inclusive una demanda laboral.

AVISO. BAJA DE ACTIVOS FIJOS

Desde el 1o. de enero de 2022, los contribuyentes que utilicen bienes para la realización de sus actividades que se demeriten por el uso en su servicio, y dejen de ser útiles para obtener sus ingresos, deben mantener sin deducción un peso en sus registros contables y presentar un aviso ante las autoridades fiscales.

Esta exigencia prevista en el artículo 31, sexto párrafo de la LISR, no es nueva, porque ya se había instituido anteriormente, pero se reincorporó. Es importante señalar que esta disposición no es aplicable a los bienes enajenados, pues están perfectamente diferenciados dos conceptos: el de enajenación de bienes o cuándo estos dejen de ser útiles para obtener ingresos.

Es conveniente recordar que, tratándose de enajenación, se tiene que expedir el CFDI y su efecto se conoce en el mismo comprobante; ello nos lleva a suponer que solamente se presenta el aviso por los bienes que dejen de ser útiles para obtener ingresos y que no sean enajenados.

Esta exigencia está contenida en el Título II de las personas morales, pero existe la duda si también se extenderá para las personas físicas que tributen en el régimen de las actividades empresariales y profesionales, del Título IV, Capítulo II, Sección I de la LISR, toda vez que el artículo 104 de ese mismo ordenamiento, prescribe que la deducción por inversiones se determina aplicando lo dispuesto en la Sección II del Capítulo II del Título II de esa Ley.

Esta interrogante se disipa en la exposición de motivos de la reforma fiscal 2022, que presentó el ejecutivo al Congreso de la Unión, donde señala que se pretende asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales y, coadyuvar con la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuya obligación estaría a cargo de personas morales.

Asimismo, esta precisión se recoge en la ficha de trámite 161/ISR “Aviso que presenta el contribuyente cuando los bienes dejen de ser útiles para obtener sus ingresos”, del Anexo 1-A de RMISC 2022, en el apartado de “Quién puede solicitar el trámite o servicio”, en el que únicamente se cita a las personas morales.

Dicha ficha precisa que el aviso se presenta en escrito libre en las oficinas de la autoridad fiscal, durante el ejercicio en que esto ocurra, lo cual en términos del artículo 2o. del RCFF, se infiere que el plazo sería todo el ejercicio.

En el evento de no presentar ese aviso, no existe una sanción específica; sin embargo, su omisión podría ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 81, fracción I y 82, fracción I, inciso b) del CFF, los cuales indican una multa aplicable de $1,560.00 a $ 38,700.00; por lo que sería recomendable, instrumentar los controles administrativos para cumplir con la obligación en comento.

AVISO DE PRIVACIDAD

Para concretar la mayoría de los negocios es inevitable que se exponga diversa información que pone en riesgo la integridad de sus propietarios, ya que hoy en día este tipo de información tiene un alto valor económico en el mercado, ya sea para fines de mercadotecnia o para cometer delitos informáticos u otros como el robo o la suplantación de identidad. Frente a todas estas amenazas el Estado mexicano ha reconocido el derecho a la privacidad, intimidad, protección de datos y autodeterminación de la información, creando un marco jurídico sólido en materia de protección de datos personales. 

Asimismo, se ha valido de distintos instrumentos para garantizar el derecho a la protección de datos, siendo el más importante el aviso de privacidad. Por ese motivo, a continuación se abordan los aspectos más relevantes de este documento y un modelo de aviso de privacidad ubicado como Anexo en la página 6 de esta sección.

Las personas físicas o morales que gestionen datos personales están obligadas a elaborar y poner a disposición un documento denominado aviso de privacidad a través del cual informen a su titular sobre su tratamiento, de acuerdo con los artículos 2 y 3 fracción I de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

Se consideran datos personales a la información referente a una persona física identificada o identificable, es decir, todos aquellos rasgos que puedan determinar directa o indirectamente la identidad de un sujeto; por ejemplo, el nombre, la dirección, la CURP, el RFC o correo electrónico.

La protección también es extensiva a los que se refieren a la esfera más íntima de su titular, tales como: origen racial o étnico, preferencia sexual, opiniones políticas, datos biométricos, historia clínica, etc., y se les da el carácter de sensibles, porque su utilización indebida puede dar origen a discriminación o conllevar un riesgo para la persona, motivo por el cual la LFPDPPP prevé una regulación especial.

Los propietarios de los datos personales deben estar al tanto de los términos y condiciones de los lineamientos para su obtención, uso, aprovechamiento, almacenamiento, transferencia, divulgación y disposición, para estar en posibilidades de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), que consisten en:

• acceso: disponer de los datos que estén en posesión de una persona física o moral
• rectificación: pedir la corrección cuando fuesen inexactos
• cancelación: determinar que no se utilicen, y
• oposición: impedir que sean empleados para un objeto distinto al originalmente señalado

Para tratar estos rasgos de identificación es indispensable obtener la aprobación de su dueño, misma que debe cumplir con las siguientes características (art. 5, Reglamento LFPDPPP —RLFPDPPP—):

• libre: de error, mala fe, violencia o dolo
• informada: que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo a la gestión de sus datos
• específica: referido a una o varias finalidades determinadas que justifiquen su administración e
• inequívoca: que existan elementos que demuestren su otorgamiento de forma innegable

No es necesario obtener el permiso para la gestión de los datos en los supuestos cuando (art. 10 LFPDPPP):

• esté previsto en una ley
• la información figure en fuentes de acceso público o se someta a un procedimiento de disociación
• tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el encargado
• exista una situación de emergencia que pueda dañar potencialmente a un individuo en su persona o bienes
• sean indispensables para la atención médica o la prestación de servicios sanitarios, mientras el interesado no esté en condiciones de otorgar la autorización, y se dicte resolución de autoridad competente.

TESIS

ACCIDENTE DE TRABAJO EN TRAYECTO DERIVADO DE UN HECHO DELICTIVO (SECUESTRO) QUE CONDUJO A LA PRESUNCIÓN DE MUERTE DEL TRABAJADOR. SU ACREDITAMIENTO DEBE ANALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, CONSIDERANDO LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA CÓNYUGE SUPÉRSTITE (BENEFICIARIA) Y BAJO UN ESTÁNDAR PROBATORIO REDUCIDO, AL DERIVAR DE HECHOS DE REALIZACIÓN OCULTA.
Hechos: Los beneficiarios de un trabajador (cónyuge supérstite, por sí y en representación de sus menores hijos) de una empresa productiva del Estado, demandaron la indemnización por riesgo de trabajo y diversas prestaciones, derivado de un hecho delictivo. El accidente de trabajo se hizo consistir en la privación ilegal de la libertad del operario (secuestro) y su posterior declaración judicial de presunción de muerte, al no haberlo encontrado, lo que se dijo sucedió en el trayecto del centro de trabajo al domicilio particular del trabajador. En el juicio, la Junta absolvió a la demandada, al estimar que la actora no justificó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos delictivos motivo del riesgo de trabajo, en su modalidad de accidente en trayecto. Contra esa decisión aquélla promovió juicio de amparo directo.

• Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el acreditamiento de un accidente de trabajo, en el supuesto de que se sustente en la presunción de muerte del trabajador con motivo de un hecho delictivo (secuestro), acontecido durante el traslado del operario de su domicilio al centro de trabajo o viceversa, debe analizarse: a) bajo un estándar probatorio reducido, al tratarse de un delito generalmente considerado como de «realización oculta», en el que la prueba circunstancial es útil para recrear los elementos básicos del suceso; y, b) con perspectiva de género, considerando la situación de vulnerabilidad y violencia que padece la beneficiaria del trabajador, en su carácter de cónyuge supérstite que ejerció la acción laboral por sí y en representación de sus menores hijos.
•  Justificación: Ello es así, pues tratándose de un accidente de trabajo en trayecto derivado de un ilícito de aquellos considerados como de «realización oculta», las pruebas aportadas deben ser analizadas considerando las circunstancias de ejecución del hecho –donde generalmente no existe la prueba directa–, por lo que su comprobación puede hacerse a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, partiendo de datos aislados que se enlazan entre sí para llegar a una conclusión de que el hecho sucedió en el momento en el que el trabajador se dirigía del trabajo a su domicilio o viceversa, atendiendo a que conforme al artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, el juzgador es libre de decidir cuándo un hecho se encuentra suficientemente probado, sin limitaciones impuestas por reglas de valoración de la prueba. Lo expuesto no significa que la sola manifestación de la ofendida baste para tener por demostrados los elementos de la acción, pues es menester que su relato sea fortalecido, si bien no en cuanto al momento exacto de la ejecución del ilícito, sí respecto de aquellas circunstancias probadas que giran en torno a la esencia de su dicho y lo hacen verosímil. Conclusión que, en el caso, es reforzada por los artículos 1o. y 4o. de la Constitución General, 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), 1 y 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establecen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, y al acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues exigirle a la actora, en su calidad de cónyuge supérstite y beneficiaria del trabajador, que señale las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho que condujeron a la declaración de muerte de su cónyuge, implicaría una desventaja mediante factores que potencializan su vulnerabilidad por razón de género, pues se le obligaría a proporcionar mayores requisitos de los que realmente pudiera aportar, sin considerar que se le coloca en una situación de desventaja por cuestión de género, en un momento en que de manera particular requiere gozar de las prestaciones de seguridad social que garanticen el bienestar de ella como beneficiaria y de sus menores hijos; lo que exige una mayor y particular protección del Estado, con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos.

• TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.
• Amparo directo 762/2021 (cuaderno auxiliar 600/2021) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con apoyo del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 9 de diciembre de 2021. Unanimidad de votos. Ponente Alejandro Andraca Carrera. Secretario Raúl Díaz Villarreal.
• Esta tesis se publicó el viernes 22 de abril de 2022 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
• Registro digital:2024485