BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL 31

REGLAS. LEY “SILLA”

Las reglas de la llamada Ley Silla, publicadas el 17 de julio de 2025, obliga a los empleadores a documentar y controlar los riesgos ergonómicos asociados a la bipedestación mediante recorridos de verificación, levantamiento de actas y registros detallados. Estas obligaciones, establecidas en la Disposición Quinta (apartados A, B y C), buscan garantizar condiciones ergonómicas adecuadas para prevenir lesiones musculoesqueléticas. No obstante, su implementación práctica puede presentar retos técnicos, administrativos y financieros.

Las obligaciones clave para los empleadores son las siguientes:

1. Diagnóstico y análisis con el diagrama de decisión
   El patrón debe realizar una evaluación conforme lo marcan las reglas, evaluando si la bipedestación es prolongada, si el trabajador puede alternar posturas y si existen condiciones para proveer asientos. Este análisis debe integrarse en el programa de seguridad y salud en el trabajo o en la relación de acciones preventivas y correctivas, de acuerdo con la NOM-030-STPS-2009.
2. Recorridos y actas de verificación
   Los empleadores están obligados a realizar recorridos periódicos con la Comisión de Seguridad e Higiene, documentando:

• Riesgos detectados.
• Condiciones ambientales.
• Necesidad de asientos ergonómicos.

3. Registros con información detallada
   El registro debe contener once elementos clave, desde datos del centro de trabajo y fecha de verificación, hasta condiciones de ruido, tipo de superficie, carga física, nombre del evaluador y clasificación del tipo de bipedestación de cada persona trabajadora.

Ante estas obligaciones, los empleadores tienen los siguientes retos:

1. Carga administrativa elevada: Documentar cada recorrido con los once elementos puede ser complejo, especialmente en empresas con muchos trabajadores o áreas extensas.
2. Falta de personal capacitado: No todos los centros de trabajo cuentan con comisiones de seguridad bien entrenadas en ergonomía y evaluación de riesgos.
3. Dificultad para evaluar riesgos individuales: Factores como la edad, estado de salud o estado de gravidez requieren evaluaciones personalizadas, lo que puede demandar asesoría externa.
4. Costos adicionales: Adecuar áreas de trabajo, adquirir asientos ergonómicos y realizar recorridos periódicos genera inversiones que pueden ser difíciles para micro y pequeñas empresas.
5. Gestión documental y trazabilidad: El cumplimiento exige mantener registros organizados para auditorías o inspecciones de la STPS, lo que requiere sistemas de control y almacenamiento adecuados.

Derivado de lo anterior es posible emitir algunas recomendaciones prácticas para los patrones:

1. Diseñar un formato estándar de acta: Crear un formato predefinido que incluya todos los campos obligatorios, para evitar omisiones y agilizar el levantamiento de actas.
2. Capacitar a la Comisión de Seguridad e Higiene: Formar al personal en ergonomía y riesgos por bipedestación, para garantizar evaluaciones precisas y uniformes.
3. Automatizar registros: Utilizar herramientas digitales o plantillas en Excel que permitan capturar datos, asignar puntajes y generar reportes automáticos.
4. Integrar recorridos en la rutina laboral: Programar recorridos mensuales o trimestrales como parte de las inspecciones internas de seguridad, reduciendo la improvisación.
5. Priorización de áreas críticas: En empresas con múltiples áreas, iniciar el análisis en zonas de mayor riesgo (por ejemplo, áreas con atención al cliente, cajas o producción en línea).
6. Documentar evidencia fotográfica: Complementar las actas con fotografías y registros visuales para reforzar la trazabilidad y demostrar acciones correctivas.
7. Implementar medidas preventivas paralelas: Además de los asientos, se recomienda la instalación de tapetes antifatiga, alternancia de posturas y pausas activas para reducir riesgos.

La correcta implementación de los recorridos, actas y registros exigidos por la Ley Silla requiere una combinación de planeación documental, capacitación y adecuación de espacios de trabajo. Si bien existen retos en términos de tiempo y recursos, la adopción de formatos estandarizados y herramientas digitales puede reducir la carga administrativa y mejorar la eficacia del proceso. El cumplimiento no solo evita sanciones, sino que fortalece la cultura de seguridad laboral y la salud de las personas trabajadoras.

DIOT. DEVOLUCIONES:

En la segunda reunión de 2025 de las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se planteó una problemática relacionada con el funcionamiento de la nueva plataforma para la presentación de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

La incidencia reportada radica en que el sistema no permite capturar los CFDI de egresos emitidos por los proveedores —por concepto de devoluciones, descuentos o bonificaciones— cuando en el mes en el que ocurre la devolución o bonificación el contribuyente no ha realizado operaciones adicionales con dicho proveedor.

De acuerdo con diversos contribuyentes, se presentan situaciones en las que las devoluciones o bonificaciones no corresponden al mismo mes en que se generó la factura original. Por ejemplo, si un proveedor emitió un CFDI de ingresos en noviembre de 2024 por la venta de bienes o la prestación de servicios, pero en enero de 2025 se efectúa una devolución parcial o se concede un descuento mediante un CFDI de egreso, el contribuyente debe reflejar en enero 2025 una disminución del IVA acreditable, en cumplimiento del Artículo 7 de la Ley del IVA.

No obstante, la nueva plataforma de la DIOT 2025 no habilita la captura de estas devoluciones si no existen operaciones nuevas con el mismo proveedor durante el mes en cuestión. Esto provoca que el IVA acreditable neto del periodo no se muestre correctamente, generando una posible incongruencia en el cálculo y acreditamiento del impuesto.

Se ha solicitado al SAT que se modifique la plataforma para permitir la captura de devoluciones, descuentos o bonificaciones de forma independiente a la existencia de operaciones con el proveedor en el mismo periodo. La finalidad es reflejar con precisión el IVA acreditable en el mes en que se produce el ajuste, en concordancia con el flujo de efectivo y las disposiciones fiscales aplicables.

El SAT ha respondido que, por el momento, las devoluciones, descuentos y bonificaciones deberán registrarse en el periodo al que pertenezca la operación original reportada en la DIOT, con el propósito de que dichas operaciones sean reconocidas conforme a su origen mercantil.

Esto implica que el ajuste se deba reportar en la misma DIOT donde se registró el gasto original, lo cual puede generar desfases contables o complicaciones en el control fiscal de las empresas.

Adicionalmente, el SAT informó que se encuentra trabajando de manera interna para mejorar el aplicativo, con el objetivo de permitir en el futuro el registro directo —como dato informativo— de devoluciones, descuentos y bonificaciones cuando no se tengan operaciones con el proveedor en el mes correspondiente.

Esta postura del SAT tiene las siguientes implicaciones:

1. Control del IVA acreditable:La limitación actual podría generar discrepancias temporales en el acreditamiento del IVA, afectando el flujo de caja de los contribuyentes.
2. Carga administrativa:Las empresas deberán conciliar manualmente los ajustes de meses anteriores, lo que aumenta la carga administrativa y el riesgo de errores.
3. Necesidad de modificaciones tecnológicas:La respuesta del SAT sugiere una posible actualización futura del sistema, por lo que las empresas deberán estar atentas a los cambios en la plataforma y ajustar sus procesos internos de captura.

Esta situación adquiere especial relevancia ante la próxima discontinuación de la DIOT en su versión anterior, para dar paso al uso único y exclusivo de la nueva versión, en línea.

CURP. BIOMÉTRICA:

La Clave Única de Registro de Población (CURP) ha sido, durante más de dos décadas, el identificador oficial de cada ciudadano en México. Con el objetivo de fortalecer la seguridad y modernizar los procesos de identificación, el Gobierno federal ha introducido la CURP biométrica, una versión que integra huellas dactilares, fotografía y otros datos biométricos. Aunque su uso no es obligatorio para toda la población, a partir del 16 de octubre todas las dependencias de Gobierno estarán obligadas a reconocerla como documento oficial de identidad, por si alguien desea identificarse con ella.

Este documento de preguntas frecuentes busca aclarar las principales dudas sobre su implementación, su obtención y su relación con otros documentos como el INE.

1. ¿Qué es la nueva CURP biométrica?
   La CURP biométrica es un documento de identidad impulsado por el Gobierno federal que incorpora huellas dactilares, fotografía y elementos de seguridad adicionales para una identificación más confiable de las personas desde cualquier edad.
2. ¿La CURP biométrica reemplaza al INE?
   No. La CURP biométrica no sustituye a la credencial para votar (INE), que sigue siendo el único documento válido para ejercer derechos políticos como votar. Es simplemente una alternativa adicional para identificarse legalmente.
3. ¿Es obligatorio tramitar la CURP biométrica?
   No. Actualmente, no existe una obligación legal para obtenerla. Cada ciudadano puede decidir voluntariamente si la solicita.
4. ¿Quiénes deberán tramitar su CURP biométrica?
   No hay obligación para toda la población. Sin embargo, a partir del 16 de octubre, las dependencias del Gobierno federal deberán aceptar la CURP biométrica como documento oficial de identificación.
5. ¿A partir de cuándo la CURP biométrica será identificación oficial obligatoria?
   Desde el 16 de octubre, todas las dependencias del Gobierno están obligadas a aceptar la CURP biométrica como documento de identificación oficial, aunque no es obligatorio para los ciudadanos tramitarla.
6. ¿Qué trámites podrán realizarse con la CURP biométrica?
   Permitirá realizar trámites en instituciones públicas sin presentar otros documentos como el INE o pasaporte. Las instituciones privadas aún no están obligadas a aceptarla.
7. ¿Es obligatorio para los recién nacidos?
   No. Al igual que para los adultos, no es obligatorio para los menorescontar con la CURP biométrica. Además, ningún menor puede registrar datos biométricos si sus padres no han tramitado su CURP biométrica primero, ya que debe estar vinculada a la cédula de alguno de los padres o tutores.

Menores de 5 años: No se les toman huellas dactilares porque aún no son definitivas ni detectables con precisión. Solo se les toma fotografía, la cual debe renovarse cada año como mínimo si se decide tramitar la CURP biométrica para ellos.

8. ¿Cómo se puede obtener la CURP biométrica?
   Se debe acudir a uno de los 145 módulos de recepción de datos biométricos instalados en el país, donde se toman huellas, fotografía y otros datos para generar el nuevo documento.
9. ¿Qué busca el Gobierno con este cambio?
   El objetivo es avanzar gradualmente hacia una cédula de identificación nacional más robusta, sin imponer cargas a la ciudadanía y ampliando las opciones de identificación.
10. ¿Por qué es importante desde la infancia?
    Con esta nueva CURP, el Gobierno busca que los menores tengan una forma de identificación oficial desde temprana edad, facilitando trámites en salud, educación y otros servicios.
11. ¿La CURP biométrica es segura?
    Sí. Incluye elementos como huellas, iris y firma digital, lo que brinda mayor seguridad y reduce la posibilidad de suplantación de identidad.

La CURP biométrica representa un avance hacia una cédula de identidad nacional más segura y moderna, sin sustituir los documentos ya existentes como el INE. Su adopción es voluntaria y su principal objetivo es facilitar los trámites para los ciudadanos, ofreciendo una herramienta confiable de identificación desde la infancia.

PRODECON:

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), a través del criterio 7/2017/CTN/CS-SPDC, derivado de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Normatividad celebrada el 26 de mayo de 2017, estableció una postura relevante respecto de los requisitos que deben reunir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), particularmente en lo referente a los servicios prestados y la información que estos deben contener para ser deducibles.

El Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), junto con las disposiciones de carácter general emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), establecen los requisitos esenciales de un CFDI, entre los que se encuentran:

• La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o, en su caso,
• La descripción precisa del servicio, uso o goce que amparen.

En ningún momento el marco legal vigente exige que se consigne el lugar exacto en que se prestaron los servicios como condición para que el comprobante fiscal produzca efectos fiscales. La PRODECON, en su interpretación, concluye que la exigencia de dicho dato por parte de la autoridad fiscal no tiene sustento normativo.

De acuerdo con el criterio 7/2017/CTN/CS-SPDC, la autoridad fiscal no puede negar los efectos fiscales de un comprobante —por ejemplo, para la deducción de un gasto o el acreditamiento del IVA— bajo el argumento de que el CFDI no contiene la ubicación donde se llevaron a cabo los servicios. Tal requerimiento constituiría un exceso de facultades, al no estar contemplado ni en el CFF ni en su Reglamento ni en la Resolución Miscelánea Fiscal.

La esencia del requisito, según lo interpretado por PRODECON, radica en que el CFDI contenga una descripción clara y suficiente del servicio, lo cual permite identificar el acto jurídico y la operación económica, sin necesidad de incluir información adicional que no se encuentra prevista en la ley.

Este criterio representa diversas implicaciones para los contribuyentes, como las que señalan a continuación.

1. Seguridad jurídica:Este criterio brinda certeza a los contribuyentes, evitando que se rechacen comprobantes válidos por razones no previstas legalmente.
2. Defensa fiscal:En auditorías o revisiones electrónicas, los contribuyentes pueden invocar este criterio para argumentar la validez de sus deducciones, siempre que el CFDI cumpla con los requisitos básicos de cantidad, unidad y descripción.
3. Recomendación de buenas prácticas:Aunque no es obligatorio señalar el lugar del servicio, incluirlo voluntariamente puede servir como una medida adicional de control interno, sin que ello constituya una obligación legal.

El criterio emitido por PRODECON en 2017 refuerza el principio de estricta legalidad en materia fiscal, al establecer que no es motivo de rechazo de una deducción que el comprobante fiscal carezca de la información sobre el lugar donde se prestó el servicio. Esta interpretación protege los derechos del contribuyente frente a criterios restrictivos o discrecionales de la autoridad fiscal, garantizando que la validez de un CFDI se juzgue únicamente conforme a los requisitos establecidos expresamente por la ley.