BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL 6

LEY NACIONAL. SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN:

En el marco de los proyectos del Plan México, la representante del Ejecutivo presenta la información relacionada con la próxima iniciativa de Ley Nacional de Simplificación y Digitalización; por medio de la cual se busca reducir en un 50% el tiempo dedicado a realizar trámites, así como el número de trámites y de requisitos.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, indicó como antecedente que:

• A nivel federal existen más de 7 mil trámites
• En promedio, cada estado tiene 523 trámites
• En promedio, cada municipio tiene 144 trámites
• Una persona realiza durante su vida aproximadamente 486 trámites, de los cuales 85% son estatales o municipales

A fin de reducir estos indicadores, se pretende presentar la iniciativa a la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización (o “Ley Nacional para Eliminar Trámites y Corrupción”, como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum). El objetivo de la Ley consiste en:

1. Homologar trámites, requisitos, tiempo de resolución y procesos de atención
2. Eliminar trabas a personas y empresas
3. Mantener buenas prácticas regulatorias (según lo que indica el T-MEC)
4. Facilita r que las personas accedan a lo que tienen derecho

Como beneficios de la Ley, se estima reducir el número de trámites y de requisitos en un 50% y, en esa misma proporción, reducir el número de tiempo dedicado a realizar trámites. Asimismo, se plantea que el 80% de los trámites sean en línea.

El que se plantee una “Ley Nacional” implica que los efectos de la Ley tienen injerencia a nivel Federal, Estatal y Municipal.

Para que una Ley así pueda ser aprobada por el congreso federal, se plantean reformas a los Artículos 25 y 73 de la Constitución Política (CPEUM); los cuales versan sobre la “Rectoría del Estado” sobre el desarrollo nacional y sobre las facultades del Congreso.

Se plantea que la iniciativa constitucional sea presentada el 30 de enero de 2025.

Una vez aprobada la iniciativa constitucional, se presentará al congreso la iniciativa de la “Ley de Simplificación”.

Las acciones tomadas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones siguen los principios del Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización

1. La mayor carga regulatoria y gran parte de sus costos los debe asumir la autoridad y no el ciudadano.
2. No solicitar documentos que el gobierno genera.
3. Fusionar trámites y crear flujos simultáneos.
4. Eliminar requisitos no indispensables.
5. Los documentos digitales tienen la misma validez que un documento físico.
6. Todo trámite digitalizado debe ser previamente simplificado.
7. Homologar vigencias en trámites que dependen uno de otro.
8. Renovar vigencias cuando proceda en lugar de reiniciar el trámite.
9. Sustituir permisos por avisos
10. Priorizar volumen de uso y grupos de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, se reitera la implementación de un mecanismo de identidad digital denominado “Llave MX”. A la fecha se desconoce si esta herramienta sustituirá o no a la e.firma, al menos en lo que consta a trámites fiscales.

El inicio de la simplificación de trámites se ha apreciado en los cambios al Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal, en donde se derogaron 81 fichas de trámite.

ISN:

A partir del año 2025 algunos estados de la República han realizado modificaciones en el Impuesto sobre Nóminas (ISN), que grava las remuneraciones pagadas por los empleadores a los trabajadores.

Los cambios aplicados en los Estados son los siguientes:

5 DE FEBRERO:

La Constitución Mexicana de 1917 es la carta magna que rige actualmente en México. Es el marco legal para la organización y relación del gobierno federal con los estados, los ciudadanos, y todas las personas que viven en el país.

México, como nación independiente, ha tenido tres Constituciones. La primera constitución es del 5 de febrero de 1824; la segunda se publica en 1857 cuando Benito Juárez es presidente, en ésta se establecía la libertad de enseñanza, de imprenta, de industria, de comercio, de trabajo y de asociación; la tercera, la vigente actualmente, promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza, incluye principios de reformas sociales y derechos en favor de obreros y campesinos, un gobierno sin distinción de raza, credo, condición social o política, con libertad de pensamiento y de creencia.

Esta Carta Magna promulgada en Querétaro, el 5 de febrero de 1917, entra en vigor en mayo del mismo año, y en su conmemoración este día es celebrado en todo el país, razón por la cual resulta importante revisar si la conmemoración es considerada día inhábil tanto para efectos laborales como fiscales, procesales y financieros.

De acuerdo con el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo es día de descanso obligatorio el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, por lo que para efectos laborales es el día lunes 3 de febrero el día que se considera inhábil.

Los trabajadores que presten sus servicios en la referida fecha, tienen derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descaso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado.

En lo correspondiente a la materia fiscal, el Artículo 12 del Código Fiscal de la Federación es el que establece los días que se consideran inhábiles para efectos de cómputo de plazos. Entre los días mencionados en este artículo se establece que el primer lunes de febrero se considera inhábil, por lo que es el lunes 3 de febrero el que se considera inhábil.

Según el Acuerdo 18/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicado el 27 de noviembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, que establece los días que se considerarán inhábiles para los efectos del cómputo de los plazos procesales en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también los días de descanso de esta Institución, se considera inhábil tanto el 3 como el 5 de febrero.

Para efectos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), su Acuerdo SS/1/2025 del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el DOF el 14 de enero de 2025, señala el día 3 de febrero como día inhábil.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, mediante su Acuerdo 001/2025 que establece los días inhábiles 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2025, señala el día 3 de febrero como inhábil.

En lo que respecta al sector financiero, mediante las Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2025, en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones, publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2024, se establece que el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, es día inhábil, por lo que es el lunes 3 de febrero el que se considera inhábil.

Será conveniente considerar estas disposiciones para realizar las previsiones correspondientes.

PLAN MÉXICO:

El Decreto publicado el 21 de enero de 2025 en el Diario Oficial de la Federación establece estímulos fiscales para impulsar el ‘Plan México’, con el objetivo de fomentar inversiones, programas de capacitación dual e innovación.

No obstante, las Fracciones VII y VIII del Artículo 6 del mismo decreto excluyen de estos beneficios a contribuyentes que enfrenten:

1. Restricción temporalen el uso de sellos digitales para emitir comprobantes fiscales (Artículo 17-H Bis del CFF).
2. Cancelación definitivade certificados para emitir comprobantes (Artículo 17-H del CFF).

Si bien la exclusión por cancelación definitiva (Fracción VIII) se justifica como sanción proporcional a una infracción grave, la aplicación del mismo criterio a una restricción temporal (Fracción VII) carece de fundamento lógico y equidad. A continuación, se demuestra esta contradicción mediante un análisis deductivo:

1. Naturaleza jurídica diferenciada de las sanciones

• Cancelación definitiva (Fracción VIII): Constituye una sanción administrativa irreversible, aplicada ante violaciones sustanciales a las obligaciones fiscales. Su gravedad justifica la pérdida permanente de beneficios, al reflejar un incumplimiento deliberado o recurrente.
• Restricción temporal (fracción VII): Es una medida preventiva y correctiva, no una sanción definitiva. Su propósito es permitir que el contribuyente regularice su situación ante irregularidades técnicas o administrativas detectadas por el SAT.

Si la restricción temporal es un mecanismo de corrección, su equiparación con una sanción permanente viola el Principio de Proporcionalidad consagrado en el Artículo 22 de la Constitución.

2. Falta de nexo causal entre restricción temporal y exclusión de estímulos
   El ‘Plan México’ busca incentivar comportamientos positivos (inversión, capacitación, innovación); sin embargo, la referida Fracción VII:

• Desincentiva la regularización: Un contribuyente en proceso de aclaración pierde acceso inmediato a los estímulos, aun cuando subsane la irregularidad. Esto contradice el espíritu del decreto.
• Genera inseguridad jurídica: La pérdida de beneficios por una medida transitoria crea un riesgo desproporcionado, disuadiendo a empresas de participar en el programa.

Una empresa que ya se encuentra aplicando los estímulos del Decreto es sujeta de una restricción temporal por diferencias sujetas a aclaración ante el SAT. Aunque el contribuyente aclare la situación y corrija el problema en 15 días, pierde los estímulos para todo 2025. ¿Cómo se alinea esto con el objetivo de ‘fomentar inversiones’?

3. Consecuencias no intencionadas de la redacción actual
   Definitivamente existe un efecto contraproducente por la redacción de la norma en análisis. En lugar de incentivar el cumplimiento, la Fracción VII penaliza incluso a contribuyentes dispuestos a rectificar.

La equidad tributaria exige que las cargas y beneficios guarden relación con la capacidad contributiva y el comportamiento efectivo, no con obstáculos transitorios.

La exclusión de estímulos por restricción temporal de sellos digitales parece derivar de un error de técnica normativa, ya que equipara efectos provisionales con permanentes. Para corregirlo, se sugiere:

1. Modificar la Fracción VII, limitando la pérdida de beneficios al periodo de restricción, no de manera definitiva.
2. Emitir reglas clarasen las disposiciones complementarias, asegurando que solo la cancelación definitiva anule los estímulos.

Mantener el texto vigente de la fracción VII socavaría el atractivo del ‘Plan México’. La autoridad debe priorizar una enmienda que alinee el decreto con su objetivo original de incentivar la inversión.

SAT. COMPROBANTE DOMICILIO:

La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2025, publicada recientemente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), introduce modificaciones en los requisitos de comprobantes de domicilio para diversos trámites fiscales.

Uno de los cambios más relevantes en la versión 2025 es la eliminación de los contratos de arrendamiento o subarrendamiento como comprobantes válidos de domicilio fiscal. Hasta la versión anterior de la RMF, los contribuyentes podían acreditar su domicilio mediante estos contratos, siempre que cumplieran con los siguientes requisitos:

• Que el arrendador o subarrendador estuviera inscrito y activo en el RFC.
• Que, en caso de ser persona física, el arrendador estuviera registrado en el régimen fiscal correspondiente a dicha actividad económica.
• Que el contrato estuviera acompañado de una copia simple de la identificación oficial del arrendador o subarrendador.

Con la RMF 2025, esta opción desaparece por completo. Ahora, los contribuyentes que solían presentar contratos de arrendamiento como comprobantes de domicilio tendrán que recurrir a otras opciones válidas establecidas en el Anexo 1-A.

A continuación, se resumen los documentos que continúan siendo aceptados como comprobantes de domicilio en los trámites fiscales:

1. Estado de cuenta bancario: Emitido por una institución financiera a nombre del contribuyente, con antigüedad no mayor a 4 meses. No es necesario que esté pagado.
2. Recibo del impuesto predial: A nombre del contribuyente, con antigüedad no mayor a 4 meses. Si es anual, debe corresponder al ejercicio en curso. No requiere pago.
3. Recibos de servicios: Luz, gas, televisión de paga, internet, teléfono o agua a nombre del contribuyente, con antigüedad no mayor a 4 meses. No es necesario que estén pagados.
4. Última liquidación del IMSS: A nombre del contribuyente.
5. Contratos válidos:
   • Prestación de servicios: Incluyendo uso de oficina o espacio de trabajo, con plazo mínimo de 6 meses, acompañado del recibo de pago fiscal.
   • Fideicomiso: Formalizado ante fedatario público.
   • Apertura de cuenta bancaria: Suscrito por el contribuyente, con antigüedad no mayor a 3 meses.
   • Servicios de luz, teléfono, internet o agua: Suscrito por el contribuyente, con antigüedad no mayor a 2 meses.
6. Carta de radicación o de residencia: Emitida por autoridades estatales o municipales, a nombre del contribuyente, con antigüedad no mayor a 4 meses.
7. Comprobante de alineación y número oficial: Emitido por autoridad estatal o municipal, a nombre del contribuyente, con antigüedad no mayor a 4 meses.
8. Recibo oficial u orden de pago del gobierno: Emitido por autoridad estatal o municipal, con antigüedad no mayor a 4 meses. No requiere estar pagado si es anual.
9. Credencial para votar vigente: Emitida por el INE, siempre que el domicilio sea visible y dentro del territorio nacional.
10. Autorización de Oficina de Representación o Toma de Nota de Domicilio: Para personas morales extranjeras, expedida por la Secretaría de Economía.
11. Cédula de empadronamiento de mercados públicos: Acompañada del formato de pago de derechos más reciente, el cual debe estar pagado.

La RMF 2025 introduce modificaciones que impactan directamente la manera en que los contribuyentes pueden comprobar su domicilio fiscal. La eliminación de los contratos de arrendamiento y subarrendamiento obliga a considerar nuevas estrategias para cumplir con los requisitos del SAT.