BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL (7)

OUTSOURCING

Hacer el padrón de empresas de outsourcing, parece el paso natural que se implementará, luego de que este, fue el único punto en común de todas las voces que participaron en el Parlamento Abierto en materia de subcontratación que se realizó en el Senado.

Tanto integrantes del sector empresarial, así como funcionarios públicos y expertos en la materia, reiteraron la necesidad de tener una base de datos que permitirá conocer qué empresas están haciendo outsourcing ilegal.

Durante las distintas mesas del parlamento, se expuso que tiene que ser la Secretaría del Trabajo y Previsión (STPS) la encargada de manejar esa fuente de información.

• Por lo que el primer punto sería la realización de un censo patronal, que identificaría a las empresas que subcontratan en el país
• Esto permitiría que se validen los pagos de nómina de los empleados con el IMSS y el SAT, para corroborar que el pago de las cuotas obrero-patronales e impuestos correspondan a lo plasmado en los recibos
• ¿En qué empresa trabaja y bajo qué régimen está contratado en su actual empleo?, podría ser la pregunta que aparecería en la próxima Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que realiza el INEGI. Esto permitiría corroborar aún más los datos que aparecerían en el padrón, al menos fue una de las ideas que se contempló
• Podría existir la posibilidad de habilitar un buzón , en donde el trabajador denuncie que en su empresa se emplea outsourcing ilegal, dando aviso a la autoridad fiscal, además lo que conllevaría al congelamiento de cuentas o prisión para los evasores.

La propuesta de corroboración ya fue utilizada, al menos en una investigación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que permitió identificar mediante el uso del CFDI que más de 13,000 socios y accionistas evadieron impuestos a través de la simulación de asimilados de salario.

Cabe destacar, que esto es únicamente el punto de mayor consenso que se logró en las diferentes mesas de trabajo; por ende, habrá que esperar que se emita una información oficial al respecto.

El gobierno detectó a principios de este año al menos, 1,200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a 862,489 trabajadores, pero estos datos no son posibles de verificar en su totalidad, debido a la escasa información.

Basta recordar que el pasado 15 de enero, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la creación de un grupo interinstitucional que combatirá este esquema.

Este grupo está integrado por los titulares del SAT, IMSS, Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por lo que podría fungir como base para el registro que se propone.

Ahora, será en los próximos días cuando la Comisión del Trabajo del Senado informe sobre los alcances del Parlamento Abierto, y el efecto que tendrá en las modificaciones a la LFT y Ley del Seguro Social para regular la tercerización.

AUSENTISMO

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) advirtió que de no reconsiderarse la decisión de eliminar los fines de semana largos “se propiciará el ausentismo escolar y laboral”.

El presidente del organismo privado, José Manuel López Campos, destacó que la decisión «tendrá implicaciones sociales y se afectará al turismo y al comercio”.

Por ello, aseguró, mantendrá su gestión para evitar que no se pierdan los fines de semana largos, ya que “con ello se aumenta la competitividad de las empresas, se fomenta el turismo local y nacional”.

Más allá de lo anterior, “permiten que las familias tengan la oportunidad de convivir más tiempo, situación que favorece tener un país más pacífico”.

Por ello, propuso mantener los fines de semana largos, que actualmente son días de asueto por fechas históricas de México, los cuales podrían llevar el nombre de la conmemoración, a fin de fortalecer la memoria histórica nacional.

De gira por Quintana Roo, según un comunicado, el directivo dijo que las efemérides deben ser recordadas en las aulas, en las fechas en que se dieron, que es cuando los maestros pueden hablar del tema, y la Secretaría de Educación Pública motivar a los estudiantes de todos los niveles educativos a participar en actividades relacionadas.

El dirigente empresarial reiteró por último que los fines de semana largos se podrían llamar con el nombre de la conmemoración, por ejemplo, “el fin de semana de la Revolución, del Benemérito de las Américas, de la Constitución, entre otros».

FECHA CIERTA

En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal suele solicitar a los contribuyentes la documentación que ampare cada uno de los conceptos registrados en su contabilidad. Esto con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Uno de los conceptos revisados son los ingresos declarados por los contribuyentes, y una forma para llevar a cabo esta validación es realizando un cotejo con los depósitos recibidos por ellos mismos; y aunque no sean los mismos montos, la autoridad puede revisar los depósitos recibidos no declarados.

Un ejemplo de lo anterior son los préstamos, los cuales no forman parte de la base gravable para determinar el ISR; sin embargo, el contribuyente debe comprobar que dicha operación se trata de un financiamiento.

Cuando el SAT inicia sus facultades de comprobación y cuestiona los empréstitos efectuados o recibidos por cierto contribuyente, este último suele aportar como soporte documental los contratos privados celebrados entre las partes, así como diversos títulos de crédito; sin embargo, el SAT suele no otorgarles los efectos comprobatorios a dichos documentos, toda vez que carecen de “fecha cierta”.

El criterio observado por la autoridad ha dado pie a varios medios de defensa, y a que los propios tribunales manifiesten criterios distintos; a raíz de las opiniones encontradas se resolvió la siguiente contradicción de tesis 203/2019, entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y los tribunales colegiados Tercero, Quinto y Sexto en Materia Administrativa, del Tercer Circuito:

DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE “FECHA CIERTA” TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE. La connotación jurídica de la «fecha cierta» deriva del derecho civil, con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas. Así, la “fecha cierta” es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en sus actividades fiscales. Lo anterior, en el entendido de que esos documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el Registro Público de la Propiedad, a partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; sin que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio que de dichos documentos se pretende lograr.

Es importante mencionar, este criterio se aplica a todos los documentos que los contribuyentes aporten a las autoridades fiscales para desvirtuar cualquier tipo de observación realizada en el ejercicio de las facultades de comprobación.

SAT-UIF

En uso de sus atribuciones, el SAT dio aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre diversos esquemas de operaciones factureras realizadas durante los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019 por un monto de más de 339,000 millones de pesos.

En un comunicado detalló que estos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, las cuales, se encuentran relacionadas con una serie de alertas mencionadas en el documento guía elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2009 denominado “Money Laundering Awarness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors” (Manual para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales).

Por lo anterior, el organismo recalcó “el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, a fin de evadir sus obligaciones fiscales, son prácticas que desembocan en conductas irregulares que conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología pena”.

PSM

El Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) es una plataforma digital a través de la cual se deben reportar todos los actos que por ley están obligadas a difundir las empresas; por ejemplo, las convocatorias, actas de asamblea, los estados financieros, etc.

Una duda recurrente acerca de este portal es si cualquier persona puede realizar las publicaciones.

Se debe recordar que conforme a los artículos 10, 158 y 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los administradores son los únicos responsables de este tipo de tareas; sin embargo, la Secretaría de Economía permite que también accedan al PSM los siguientes sujetos:

• representante legal
• usuario autorizado
• comisarios (solo para publicación de convocatorias), o
• socios o accionistas (para el inicio del procedimiento de disolución y liquidación simplificada)

Para cada tipo de usuario el proceso de registro es distinto, pero en todos los casos los interesados deben contar con su e.firma vigente.

D. ANUAL. PM

La declaración anual de personas morales 2019 se presenta a más tardar el 31 de marzo de 2020, y para este año la autoridad fiscal ha dispuesto de una nueva aplicación para el llenado y envío de la declaración.

El formato es distinto al que se había acostumbrado en ejercicios anteriores y esta nueva aplicación tiene la característica de contener información ya cargada con datos que obran en la base de datos de la autoridad, mismos que no se pueden modificar.

Como en todos los cambios o actualizaciones de sistemas, siempre existen fallas o situaciones que propician un funcionamiento inadecuado de la herramienta, y esta nueva aplicación de declaración anual de personas morales no es la excepción.

A continuación se comentan algunas de las fallas que se han detectado en esta nueva aplicación, aclarando que no son las únicas y que puede haber aún más. Asimismo, es importante destacar que la autoridad ha manifestado estar al tanto de las mismas y estar trabajando para solucionarlas.

La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un concepto que técnicamente no es una deducción, pero sí resta a la utilidad. No es una deducción porque no está estipulada como tal, sino que textualmente está caracterizada como un concepto que disminuye a la utilidad fiscal, después de haber determinado esta última; es decir, después de haber enfrentado las deducciones del ejercicio a los ingresos del mismo.

Esto significa que, no obstante ser una prestación que goza de una parte exenta para quien la percibe, esa exención no está sujeta a la limitante de deducción establecida en el Artículo 28 fracción XXX, que prevé una deducción parcial de las prestaciones de los trabajadores exenta. En este orden de ideas, al no ser una deducción, no está sujeta a una deducción parcial. Toda la PTU es disminuible de la utilidad.

Esta condición descrita anteriormente no está recogida en la nueva aplicación de declaración anual, y considera la PTU como una deducción y la sujeta a una “deducción parcial”.

Ya se está trabajando para corregir este cálculo y considerar la totalidad de la PTU como disminuible.

En la sección donde se determina la PTU del ejercicio, se establece la fórmula que está prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para su determinación:

En este cálculo la fórmula es la correcta; sin embargo, la aplicación considera, en el campo de “salarios y prestaciones exentas no deducibles” la totalidad de las prestaciones exentas, provocando que la PTU sea inferior a la que debe resultar. Esto es, no se consideran solamente las prestaciones exentas no deducibles, sino que se considerarla totalidad de prestaciones exentas.

También se están llevando a cabo las correcciones en este sentido.

Las sociedades civiles (SC) tienen una consideración particular al momento de determinar su coeficiente de utilidad. El Artículo 14 de la Ley del ISR establece que el coeficiente de utilidad se determina de la siguiente manera:

Adicionalmente, para las SC se prevé que adicionen a la utilidad fiscal (o reduzcan de la pérdida fiscal) el monto de los anticipos y rendimientos que se hubieran distribuido a sus miembros:

El problema en esta nueva aplicación de declaración anual, es que no se están considerando los anticipos o rendimientos a socios en este cálculo, provocando un coeficiente de utilidad muy inferior al que debe resultar conforme al procedimiento establecido en la Ley del ISR.

Se están realizando las correcciones correspondientes.

Los contribuyentes de la Región Fronteriza Norte (RFN), que aplican el estímulo en RFN, se topan con la problemática de que los ingresos acumulables que reportaron de manera mensual, no se están considerando en su totalidad para determinar el ingreso total del ejercicio.

Al momento de desplegar los ingresos por cada mes del período, no se despliegan todos los meses provocando que la sumatoria total no sea correcta.

La autoridad reporta estar trabajando para resolver esta situación.

Es conveniente que quienes ya tengan llena su declaración o inclusive quienes ya la hubieran presentado, revisen si tienen alguna de las situaciones descritas en este trabajo, para estar al pendiente de que estas situaciones sean corregidas en la aplicación, y poder realizar las correcciones conducentes, asegurando un adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales, y una determinación de impuestos con apego a las disposiciones fiscales.