La Cámara de Diputados aprobó, en sesión presencial del período extraordinario, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
El objetivo es proteger la propiedad industrial por medio de la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
Regulará los secretos industriales; prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.
Establece los siguientes puntos:
La nueva ley señala como delitos la falsificación de una marca con fines de especulación comercial: producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender con fines de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas, así como aportar o proveer de cualquier forma materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten dichas falsificaciones. A quienes cometan estos ilícitos se les impondrá hasta 10 años de prisión.
También se aplicará de dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil unidades de medida y actualización, vigente al momento en que se cometa el delito, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley.
Por otra parte se aprobó, en lo general y particular, con 369 votos a favor, cero en contra y una abstención, la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de medidas tecnológicas de protección al derecho de autor.
Señala que los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público, incluida la radiodifusión, de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, salvo cuando dicha actuación constituya en sí una actividad transmitida por radiodifusión.
De conformidad con la regla 2.3.14. de la RMISC 2020, las personas físicas y morales dedicadas a la producción o distribución de productos destinados a la alimentación, sujetos a la tasa del 0 %, pueden obtener la resolución a su solicitud de devolución de saldos a favor del IVA en un plazo máximo de 20 días, contado a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.
Para ello, deben cumplir con los siguientes requisitos:
La primera solicitud de devolución se resolverá en un plazo regular de 40 días; las subsecuentes en 20 días.
Los contribuyentes, previo a la presentación de su primera solicitud de devolución, pueden solicitar a la autoridad fiscal que revise la información y documentación con la que cuente en ese momento.
La autoridad contará con 15 días para su revisión, lo cual no garantiza la procedencia de la solicitud de devolución.
Cuando por las características del producto, no se tenga la certeza de que se trata de los destinados a la alimentación, la autoridad podrá verificar mediante dictamen de laboratorio si aquel se ubica en lo previsto en el artículo 2-A, fracción I, inciso b) de la LIVA. En este caso, el lapso para resolver la solicitud de devolución será el de 40 días.
No pueden apegarse al beneficio de la devolución en 20 días los contribuyentes que:
Una de las modificaciones para el ejercicio fiscal 2020, fue el ajuste a la redacción del numeral 17-K del CFF, el cual prevé que los contribuyentes deberán habilitar el buzón tributario, así como registrar y mantener actualizados los medios de contacto. En caso de incumplimiento a esta obligación, los contribuyentes se harán acreedores a una multa que va de 3,080.00 pesos a 9,250.00 pesos, según el numeral 86-D del CFF.
De conformidad con el artículo transitorio Cuadragésimo Séptimo de la RMISC 2020 publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2019, la obligación para habilitar el buzón tributario se debía cumplir a más tardar el 31 de marzo de 2020 para personas morales y el 30 de abril de 2020 para físicas.
Es importante mencionar que en este artículo transitorio también se añadió que el uso obligatorio del buzón tributario tendrá el carácter de opcional cuando se trate de contribuyentes comprendidos en el Título IV, Capítulo I, de la LISR; es decir “ingresos por sueldos y salarios”.
Posteriormente el plazo mencionado para cumplir con este deber se amplió mediante la Primera Modificación a la RMISC 2020, publicada en el DOF el 12 de mayo de 2020, quedando de la siguiente forma:
No obstante, por medio de la tercera versión del anteproyecto de la segunda modificación a la RMISC 2020, publicado en el portal del SAT, el 30 de junio de 2020, se dio a conocer una modificación más al artículo Cuadragésimo Séptimo transitorio, la cual consiste en la especificación de que el diferimiento de plazos citado no aplica para los contribuyentes del régimen de asimilados a salarios a que se refiere el artículo 94 de la LISR, con ingresos por ese concepto en el ejercicio inmediato anterior iguales o superiores a $3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.).
Asimismo, menciona que el uso obligatorio del buzón tributario tendrá el carácter de opcional cuando se trate de contribuyentes que perciban ingresos por sueldos y salarios, excepto para aquellos contribuyentes del régimen de asimilados a salarios a que se refiere el artículo 94 de la LISR, con ingresos por ese concepto en el ejercicio inmediato anterior iguales o superiores a $3´000,000.00, quienes deberán habilitar su buzón tributario a más tardar el 15 de julio de 2020.
La fecha límite para que las personas físicas presentaran su declaración anual del ejercicio 2019 fue el martes 30 de junio de 2020; sin embargo, por diversas circunstancias existen personas que no pudieron cumplir con esta obligación a tiempo.
Está previsto en las leyes fiscales que las personas cumplan con sus obligaciones de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo establecido, y señalan las consecuencias que, en su caso, se generan.
A continuación se comentan las consecuencias de presentar fuera de plazo la declaración anual de las personas físicas.
El Artículo 21 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que “cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno”.
Lo anterior significa que si al contribuyente le resultó un impuesto a cargo en su declaración anual, y la presenta después de la fecha límite, deberá pagar el impuesto correspondiente con la actualización y los recargos que procedan.
Cabe recordar que de acuerdo con el Artículo 17 del CFF, las contribuciones no se actualizan por fracciones de mes; es decir, si la fecha límite para el pago fue el 30 de junio, no será sino hasta después del 30 de julio, cuando se tenga la obligación de actualizar, puesto que es hasta que se cumple el mes completo.
Caso distinto es el de los recargos, los cuales sí se causan por fracción de mes; es decir, si el impuesto se paga el 1 julio, aun habiendo transcurrido un solo día desde la fecha de vencimiento, ya se causa el primer mes de recargos.
El hecho de presentar una declaración fuera de plazo por sí solo no representa una infracción, siempre que esta presentación no se haga a requerimiento de la autoridad. Esto es lo que se conoce como cumplimiento en forma espontánea.
El Artículo 73 del CFF señala que “no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales”.
Por lo anterior, si el contribuyente presenta su declaración anual fuera del plazo, pero sin que haya mediado un requerimiento de la autoridad, entonces no causará ninguna multa.
Por el contrario, si la autoridad descubriera la omisión y requiriera al contribuyente la presentación de dicha declaración, en este caso sí procederá la multa.
Si el contribuyente tiene saldo a favor, puede presentar su declaración en cualquier momento del año; es decir, no tiene la fecha límite indicada. La única diferencia, prevista en las reglas misceláneas, es que si se presenta posterior al 31 de julio de 2020, ya no opera el esquema de devoluciones automáticas, por lo que en estos casos el contribuyente deberá realizar el trámite de solicitud de devolución en todos los casos.
Si el contribuyente obtiene un saldo a cargo en su declaración anual, tiene la posibilidad de realizar el pago hasta en 6 parcialidades; sin embargo, para ejercer la opción de pago en parcialidades necesariamente la declaración anual debe presentarse en tiempo.
Aun vencido el plazo para presentar la declaración anual, los contribuyentes pueden hacerlo de forma espontánea, pagando el impuesto con la actualización y recargos que procedan, y sin hacerse acreedores a ninguna multa siempre que no medie requerimiento de la autoridad. En este sentido, también son elegibles para el programa de devoluciones automáticas dentro de los parámetros aplicables, y sólo hasta el 31 de julio de 2020.
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