BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL 34

VIGILANCIA PROFUNDA:

En el marco de la Segunda Reunión 2025 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente, se expuso una problemática recurrente vinculada a la práctica del Servicio de Administración Tributaria (SAT) consistente en el envío de oficios de invitación de vigilancia profunda. Estos documentos se emiten cuando la autoridad detecta presuntas omisiones o inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones fiscales, basadas en la información contenida en declaraciones de diversos ejercicios fiscales —por ejemplo, 2019, 2020, 2021 y 2022—, y derivan en una convocatoria presencial a entrevistas en la Administración Desconcentrada de Recaudación (ADR) correspondiente.

La autoridad fiscal, amparada en la información propia y en la contenida en declaraciones, argumenta la detección de diferencias u omisiones, invitando al contribuyente a acudir a una cita con fecha y hora predeterminadas para exponerle los hallazgos. La finalidad de la entrevista es que el contribuyente, de manera voluntaria, explique, aclare o corrija su situación fiscal, presentando la documentación que estime pertinente.

En el oficio se solicita que, en un plazo máximo de tres días hábiles desde la recepción, se remita digitalizado el poder notarial que acredite la personalidad del representante legal, su identificación oficial, así como la documentación de personas externas autorizadas para acompañar al contribuyente.

En la reunión se destacó que, durante la entrevista, la autoridad presenta las diferencias detectadas, como, por ejemplo:

• Comparaciones entre ingresos facturados y declarados en ISR anual, con observaciones relacionadas con ajustes anuales por inflación, ventas de activo fijo y desfases en ingresos.
• Discrepancias en IVA derivadas de diferencias entre el criterio del SAT (basado en comprobantes fiscales) y el de las empresas (flujo de efectivo).
• Diferencias en retenciones de ISR e IVA, timbrado de nómina y subsidio al empleo.

A pesar de que el oficio incluye la leyenda de que “no es un inicio de facultades de comprobación”, el contribuyente percibe la comunicación como coercitiva, especialmente por la advertencia de que, en caso de no atender la invitación, podrían iniciarse facultades de comprobación e incluso cancelarse los sellos digitales.

El núcleo del planteamiento se centra en dos puntos críticos:

1. Naturaleza de la invitación: si bien se presenta como un acto preventivo de orientación, en la práctica se establecen plazos y se asignan fechas fijas, lo que desvirtúa el carácter voluntario.
2. Falta de cierre formal: después de presentar aclaraciones y documentación, el contribuyente no recibe un pronunciamiento concreto que confirme la solventación de las diferencias, generando incertidumbre respecto a su situación fiscal.

Se planteó que se establezca un plazo máximo para que la autoridad emita un pronunciamiento posterior al análisis de la información presentada. Este pronunciamiento debería confirmar si las aclaraciones y correcciones fueron suficientes o si existe algún pendiente. Esto permitiría al contribuyente tener certeza jurídica y operativa.

La autoridad fundamenta su actuación en:

• Artículo 33, Fracción IV del Código Fiscal de la Federación (CFF), que faculta a promover el cumplimiento de obligaciones mediante oficios invitación.
• Artículos 16, Fracción XV y 18 del Reglamento Interior del SAT (RISAT), que permiten orientar a los contribuyentes para rectificar errores y omisiones.
• Artículo 2, Fracción I de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que reconoce el derecho a ser informado y asistido.

El SAT precisa que el Programa de Vigilancia Profunda tiene un carácter preventivo y que las entrevistas buscan informar y orientar, sin constituir un acto de fiscalización formal.

La autoridad subrayó que no considera necesario fijar un plazo para emitir un pronunciamiento, ya que el mecanismo previsto para dar certeza es la ficha de trámite 325/CFF (“Aclaración de comunicados y oficios invitación para entrevista de vigilancia profunda”) del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal.

Mediante este trámite, el contribuyente puede presentar aclaraciones de forma directa, recibiendo una atención formal de la ADR, lo que —según el SAT— sustituye la necesidad de una respuesta en un plazo determinado posterior a la entrevista.

La figura de la vigilancia profunda, aunque concebida como preventiva y voluntaria, presenta tensiones entre su propósito declarado y su aplicación práctica. La asignación de plazos y citas fijas, junto con la ausencia de un cierre documental posterior, genera una percepción de fiscalización encubierta y una falta de certeza sobre la situación fiscal después de atender la invitación.

Si bien el mecanismo 325/CFF constituye un canal formal para aclaraciones, su uso requiere un conocimiento técnico que no todos los contribuyentes poseen, lo que limita la efectividad del “derecho a ser informado y asistido” previsto en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

La solución propuesta —incorporar un plazo de pronunciamiento— fortalecería la seguridad jurídica y la confianza en estos programas preventivos, alineándolos con los principios de certeza y transparencia que rigen la actuación de la autoridad fiscal.

ASEGURAMIENTO PRECAUTORIO:

El aseguramiento precautorio es una medida de apremio que se ejecuta cuando los contribuyentes impidan a la autoridad, de cualquier forma, o por cualquier medio, el inicio o desarrollo de sus facultades. Existen casos específicos en que la autoridad podrá utilizar esta figura sin prelación de otras medidas de apremio. A continuación, se evalúan esas situaciones.

El aseguramiento precautorio es una medida de apremio establecida en el Artículo 40 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Para esto, entiéndase “medida de apremio” como el “instrumento jurídico que la ley pone al alcance de las autoridades para que puedan hacer cumplir sus determinaciones en caso de contumacia [resistencia, desobediencia] del sujeto requerido”.

De forma práctica, el aseguramiento precautorio consiste en la toma de los bienes del contribuyente, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos.

Si bien el aseguramiento tiene características prácticas similares al embargo, su existencia no depende precisamente de garantizar un adeudo tributario o su cobro (como lo es el embargo), sino que es una “medida provisional basada en la exigencia de velar por el interés público, como es la efectividad de la actuación de la autoridad y cuya validez depende de un adecuado ejercicio proporcional al daño que pretende evitarse”. En ese sentido, el aseguramiento precautorio busca tanto garantizar la facultad de la autoridad, como “descubrirse el estado fiscal del sujeto obligado”.

De acuerdo con el Artículo 40 y 40-A, el aseguramiento precautorio se realizará bajo las siguientes condiciones:

1. Cuando los contribuyentes los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades.
2. Se hayan ejercido las medidas de apremio de primer orden: el auxilio de la fuerza pública y la imposición de la multa.

Sin embargo, en los siguientes casos, el aseguramiento precautorio se realizará sin considerar la prelación de las anteriores medidas de apremio:

1. No localizados en domicilio fiscal: Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados no sean localizados en su domicilio fiscal; desocupen o abandonen el mismo sin presentar el aviso correspondiente; hayan desaparecido, o se ignore su domicilio.
2. Cuando el contribuyente no pueda demostrar inscripción al RFC: Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares.
3. Riesgo de ocultar, enajenar o dilapidar bienes: Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista riesgo inminente de que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, oculten, enajenen o dilapiden sus bienes.
4. Irregularidades en marbetes de bebidas alcohólicas: Cuando se detecten envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas que no tengan adheridos marbetes o precintos, o bien, teniéndolos adheridos éstos sean falsos o se encuentren alterados, y cuando no se acredite la legal posesión de los marbetes o precintos que tenga en su poder el contribuyente.

Si bien el aseguramiento precautorio no busca garantizar un crédito fiscal, el monto del aseguramiento será hasta por el monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que la autoridad realice únicamente para estos efectos.

En caso de que se realice el aseguramiento a responsables solidarios o terceros relacionados, se practicará el aseguramiento hasta por la tercera parte del monto de las operaciones, actos o actividades que dicho tercero realizó con tal contribuyente o responsable solidario, o con el que la autoridad fiscal pretenda comprobar con las solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos.

DEFRAUDACIÓN. CFI FALSOS:

Con fecha 31 de diciembre de 2024 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el segundo párrafo del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), incorporando entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a los relacionados con “falsos comprobantes fiscales”. Esta inclusión constitucional tiene profundas implicaciones tanto en el ámbito penal como en el fiscal, al fusionar aspectos de política criminal con una herramienta clave de fiscalización: el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Sin embargo, al carecer de una definición legal o reglamentaria clara sobre qué constituye un “comprobante fiscal falso”, surgen problemas de interpretación que afectan el principio de legalidad penal, la seguridad jurídica del contribuyente y el debido proceso.

Durante la Segunda Reunión 2025 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente, se presentó el siguiente cuestionamiento a la autoridad fiscal: Que la Autoridad Fiscal cite el requisito, requisitos, límite o límites que debe cumplir un comprobante fiscal para ser considerado “falso”.

Este planteamiento parte de la base constitucional y penal de que ninguna persona puede ser sujeta a una sanción penal sin que exista previamente una norma que tipifique de manera clara, precisa y taxativa la conducta prohibida y sus elementos. En este contexto, el término “falsos comprobantes fiscales” presenta una ambigüedad peligrosa si no está vinculado con criterios técnicos y normativos objetivos.

El objetivo de la petición era que el SAT precisara, desde su competencia técnica en materia de comprobantes fiscales, cuáles serían las condiciones que harían que un CFDI se califique como “falso”: ¿una simulación de operaciones?, ¿la alteración de datos?, ¿la suplantación de identidad?, ¿la falta de un bien o servicio real?, ¿la inexistencia del emisor? Estas distinciones son esenciales para delimitar con claridad el ámbito penal.

La respuesta formal del SAT evita entrar al fondo del planteamiento. Señala que:

• Es un órgano administrativo desconcentrado de la SHCP encargado de aplicar la legislación fiscal y aduanera.
• La reforma al Artículo 19 de la CPEUM se inscribe en el ámbito de la impartición de justicia penal federal.
• Por tanto, el SAT carece de competencia para pronunciarse sobre los alcances e interpretación de una disposición constitucional penal.

Desde una perspectiva estrictamente orgánica, el SAT tiene razón: No es un órgano judicial ni legislativo, y no tiene atribuciones constitucionales para interpretar el contenido del Artículo 19 ni para determinar los efectos penales de una conducta.

Sin embargo, el fondo del planteamiento no era de carácter penal, sino técnico-fiscal. Lo que se solicitaba era que, en su carácter de autoridad emisora y supervisora del cumplimiento de las obligaciones fiscales formales, el SAT precisara qué condiciones técnicas harían que un comprobante fiscal fuese considerado “falso” desde el punto de vista documental o de cumplimiento. Su evasiva elude una necesidad normativa fundamental.

Desde una perspectiva jurídica y de argumentación lógica, la respuesta del SAT falla en varios puntos:

• Ignora el principio de colaboración entre autoridades: Si bien el SAT no define delitos ni impone prisión preventiva, sí puede y debe participar en la delimitación técnica de elementos que, en la práctica, sirven de base para procesos penales. La Fiscalía General y los jueces penales utilizarán peritajes, criterios y dictámenes técnicos del SAT en casos sobre comprobantes fiscales.
• Desvincula artificialmente lo penal de lo fiscal: La prisión preventiva por comprobantes “falsos” no puede analizarse sin comprender qué es un comprobante “falso” desde el punto de vista fiscal. Si no existe tal definición, se corre el riesgo de criminalizar conductas no tipificadas adecuadamente.
• Genera inseguridad jurídica: El contribuyente no puede saber con certeza si está en riesgo penal, ya que no hay criterios objetivos para saber si un comprobante puede ser calificado como “falso”.

La falta de una definición técnica por parte del SAT genera varios problemas:

• Riesgo de persecución arbitraria: En ausencia de lineamientos claros, cualquier diferencia administrativa podría ser interpretada como falsedad documental.
• Violación al principio de legalidad penal: Al ser un concepto vago, se vulnera el principio de “nullum crimen, nulla poena sine lege”.
• Complicaciones en procesos fiscales y penales simultáneos: La ambigüedad crea escenarios de inseguridad para los contribuyentes sujetos a revisiones.

Sin necesidad de interpretar la Constitución ni de invadir competencias penales, el SAT sí puede —y debería— emitir criterios normativos o reglas de carácter general en donde aclare qué elementos invalidan un CFDI, cuáles constituyen simulación de operaciones y qué prácticas documentales deben evitarse.

Este tipo de instrumentos no suplirían la definición penal, pero sí brindarían claridad para que los contribuyentes conozcan sus obligaciones y los límites normativos de su conducta fiscal.

La incorporación de los “falsos comprobantes fiscales” como delito que amerita prisión preventiva oficiosa representa un cambio de gran calado en la relación entre el Derecho Penal y el Derecho Fiscal. No obstante, la falta de una definición técnica por parte del SAT sobre qué constituye un comprobante “falso” deja en estado de indefensión a los contribuyentes y permite la discrecionalidad persecutoria. La lógica jurídica exige que la autoridad fiscal, sin extralimitar sus atribuciones, coadyuve a dar certeza técnica sobre un concepto que ahora puede tener consecuencias penales gravísimas. Su negativa a responder esta petición deja sin resolver una inquietud legítima y urgente.

CFDI. TRASLADO:

El traslado de mercancías en territorio nacional está sujeto a una serie de requisitos, entre ellos, que dicho traslado se haga al amparo de una carta de porte, para lo cual se utiliza un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con el Complemento Carta Porte (CCP).

Para la emisión y uso de este documento hay una serie de consideraciones previstas en la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) entre las que se encuentra aquella que establece que en los traslados locales (en los que no se utilizan caminos federales) podrá emitirse una carta de porte simplificada; es decir, si bien se requiere que el traslado esté amparado por un documento, en estos casos no se requiere que el documento a utilizar sea precisamente el CCP.

Para estos casos, esa carta de porte “simplificada” consiste en la emisión de un CFDI ya sea de ingreso o de traslado, según sea el caso, con los datos de la mercancía a transportar. Esta facilidad está contenida en la Regla Miscelánea 2.7.7.2.1.

Ahora bien, los requisitos para el traslado de mercancía de procedencia extranjera son muy particulares, ya que la Regla 2.7.7.1.1. establece que:

El transportista podrá acreditar la legal estancia y/o tenencia de los bienes y mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional con el CFDI de tipo ingreso al que se le incorpore el complemento Carta Porte, siempre que en dicho comprobante se registre el número del pedimento de importación.

Lo anterior significa que, para transportar mercancías que hayan sido importadas y que estén siendo enajenadas por primera vez, debe acompañarse a la carta de porte el CFDI de la enajenación de dichas mercancías, ya sea en formato digital o su representación impresa, y dicho CFDI debe contener el número del pedimento de importación.

Ahora bien, la duda se genera en aquellos casos en que se traslada mercancía de procedencia extranjera, pero en caminos locales; es decir, en aquellos casos en que se puede utilizar una carta de porte simplificada (la cual no necesariamente contiene los datos del pedimento).

Para resolver esta duda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la Primera Reunión Trimestral 2022 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente, señala que “al tratarse del transporte de mercancías de comercio exterior en territorio nacional, los contribuyentes deberán emitir un CFDI con complemento Carta Porte, ya que es necesario el folio fiscal de dicho comprobante a efecto de realizar el despacho aduanero de las mercancías.

En este sentido, aclara que la facilidad de la Regla 2.7.7.2.1. aplica a los servicios de transporte que no están relacionados con operaciones de comercio exterior, tal como se indica en el último párrafo de esta regla, al señalar que esta facilidad no es aplicable a quienes realicen el traslado de mercancías destinadas a las operaciones de comercio exterior.