A través de la Regla Miscelánea 2.7.5.6., se establece un plazo para corrección de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) por nómina correspondientes al ejercicio 2025.
Al efecto la regla establece que los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2025 hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores u omisiones en su llenado o en su versión, podrán por única ocasión corregir éstos, siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 28 de febrero de 2026 y se cancelen los comprobantes que sustituyen.
El CFDI de nómina que se emita en atención a esta facilidad se considerará emitido en el ejercicio fiscal 2025 siempre y cuando refleje como “fecha de pago” el día correspondiente a 2025 en que se realizó el pago asociado al comprobante.
La aplicación del beneficio contenido en la presente regla no libera a los contribuyentes de realizar el pago de la diferencia no cubierta con la actualización y recargos que en su caso procedan.
Por tanto, los contribuyentes tienen hasta el 28 de febrero de 2026 para realizar las correcciones correspondientes y emitir los CFDI de nóminas respectivos.
Es conveniente que los patrones revisen no solamente los errores que pueda haber en los CFDI de nómina que puedan tener un tratamiento inadecuado, que les genere diferencias en los ingresos de los trabajadores. Algunos de los errores más comunes en el manejo de los conceptos de nómina, están relacionados con:
En el ámbito mercantil y fiscal mexicano, las facturas electrónicas, conocidas como Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), han revolucionado la forma en que se documentan las transacciones: sin embargo, su papel como prueba en un juicio mercantil es un tema que genera debates jurídicos profundos. Aunque estos documentos son esenciales para cumplir obligaciones tributarias, su capacidad para acreditar el pago o la materialidad de una operación comercial en un tribunal dista de ser absoluta. Este artículo explora la naturaleza jurídica de los CFDI, su valor probatorio y la necesidad de integrarlos con otros elementos para construir un caso sólido.
Las facturas electrónicas son, ante todo, documentos privados y unilaterales. Esto significa que son emitidos por una de las partes involucradas en la transacción (generalmente el vendedor o prestador de servicios) sin requerir la firma o validación expresa de la contraparte. A diferencia de un contrato bilateral, donde ambas partes manifiestan su consentimiento, el CFDI refleja únicamente la perspectiva del emisor.
Esta unilateralidad implica una limitación inherente: Aunque el documento cumpla con los requisitos fiscales establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) —como el uso de sellos digitales y folios autorizados—, no prueba por sí mismo que la operación descrita se haya realizado efectivamente. Por ejemplo, una factura que detalla la venta de mercancías no demuestra que los bienes fueron entregados o que el pago fue recibido, a menos que existan otros elementos que lo corroboren.
El Código de Comercio y la Ley Federal de Procedimiento Civil establecen que los documentos privados, como los CFDI, tienen un valor probatorio indiciario; es decir, funcionan como indicios o presunciones que, en combinación con otras pruebas, pueden contribuir a formar la convicción del juez. No obstante, su fuerza probatoria depende de factores como:
Incluso la autenticación por parte del SAT, mediante sellos digitales (Código de Seguridad de Validación), garantiza únicamente que el CFDI cumple con las formalidades tributarias, no que la transacción subyacente ocurrió. En palabras de juristas especializados: ‘La validez fiscal no equivale a verdad material’.
El término ‘adminiculación’, derivado del derecho procesal, se refiere a la necesidad de reforzar un documento con otros medios de prueba para dotarlo de solidez. En el caso de los CFDI, esta práctica es crucial. Imagine un escenario donde una empresa reclama el pago de una deuda basándose únicamente en facturas electrónicas. Si la contraparte objeta señalando que nunca recibió los bienes, el juez exigirá pruebas adicionales, como:
Sin esta red de evidencias, el CFDI queda como un mero reflejo de una declaración unilateral, insuficiente para acreditar el cumplimiento de obligaciones en un juicio.
Para las empresas, este marco jurídico implica dos acciones estratégicas:
Un caso emblemático ocurrió en 2022, cuando un tribunal mercantil en la Ciudad de México desestimó una demanda de cobro basada en CFDI, al no presentarse pruebas de entrega de mercancías. La sentencia destacó que ‘la factura electrónica, por sí sola, no sustituye la obligación de demostrar la ejecución real del negocio jurídico’.
Las facturas electrónicas son herramientas indispensables en la modernización fiscal, pero su rol en el ámbito judicial requiere de una comprensión matizada. Su fuerza probatoria no radica en su existencia aislada, sino en su integración con un ecosistema de pruebas que reconstruya la realidad comercial. Para abogados, contadores y empresarios, este enfoque representa un llamado a la prudencia: en el mundo jurídico, la autenticidad técnica y la verdad material son dos caras de una moneda que solo adquiere valor cuando se examina en su totalidad.
En un futuro, avances como la interoperabilidad de sistemas contables o el blockchain podrían fortalecer la trazabilidad de los CFDI; sin embargo, mientras la ley mantenga su enfoque en la adminicularían probatoria, la preparación meticulosa seguirá siendo la mejor defensa en el juicio mercantil.
Así lo ha determinado el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con Residencia en la Ciudad de México, en jurisprudencia por contradicción de criterios que se reproduce a continuación.
IUS: 2,029,953
Tesis: PR.A.C.CS. J/14 C (11a.)
Página: 0
Época: Undécima Época
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. [J]; 11a. Época; Plenos Regionales; Semanario Judicial de la Federación
Materia: Civil
Sala: PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Tipo: Contradicción de criterios
FACTURAS ELECTRÓNICAS (CFDI). SON DOCUMENTOS PRIVADOS CON VALOR PROBATORIO INDICIARIO QUE REQUIEREN ADMINICULACIÓN CON OTRAS PRUEBAS PARA ACREDITAR EL ACTO DE COMERCIO CUYO PAGO SE RECLAMA EN JUICIO MERCANTIL.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar el valor probatorio de las facturas electrónicas emitidas por la parte actora en juicios mercantiles en los que se reclamó el pago por la entrega de los bienes o servicios amparados en ellas. Un tribunal sostuvo, esencialmente, que tienen valor indiciario sujeto a corroboración con otras pruebas; mientras que el otro les otorgó valor probatorio pleno, basado en su validación mediante el sistema fiscal digital operado por la autoridad hacendaria.
Criterio jurídico: Las facturas electrónicas (CFDI) son documentos privados unilaterales que, como tales, tienen valor probatorio indiciario, de modo que su eficacia demostrativa para acreditar la acción de pago en el juicio mercantil depende de que sean adminiculadas con otros elementos de autos.
Justificación: La naturaleza unilateral y privada de las facturas impide concederles por sí valor probatorio pleno, máxime si son objetadas; de modo que por sí solas no acreditan la materialidad de las operaciones comerciales que consignan. Si bien su validez fiscal documental asegura el cumplimiento de requisitos tributarios o su autenticidad como documento fiscal, ello no demuestra la realización efectiva de las transacciones descritas. Por eso, aun cuando las facturas electrónicas sean autenticadas por la autoridad hacendaria mediante sellos digitales, mantienen su naturaleza de documentos privados y unilaterales, y su valor probatorio indiciario será grave o leve según las particularidades del caso, como son los otros hechos probados o no controvertidos, objeciones u otros elementos probatorios que se desahoguen. Por tanto, es indispensable que éstas sean adminiculadas y corroboradas con otros elementos de autos para acreditar los elementos de la acción de pago en el juicio mercantil.
PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Contradicción de criterios 169/2024.
Cada año las empresas deben revisar su siniestralidad para determinar si permanecen en la misma prima del Seguro de Riesgo de Trabajo del Seguro Social, si ésta disminuye o si aumenta. Para esto deben presentar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la Declaración Anual de Riesgos de Trabajo (DART).
Una duda frecuente en esta materia es qué sucede con los patrones que no tuvieron accidentes de trabajo, en el sentido de la necesidad de presentar dicha declaración, dada la nula siniestralidad.
Al respecto, el Artículo 32 fracción V del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF) señala los casos en que los patrones están eximidos de presentar la Declaración Anual de Riesgos de Trabajo (DART).
De acuerdo con la fracción citada, no están obligados a presentar la declaración anual de la prima de riesgo los patrones que:
De lo anterior no se desprende directamente que aquellos patrones sin accidentes estén eximidos de presentar la DART, ya que se debe recodar que el hecho de no tener accidentes, provoca que la Prima de Riesgo de Trabajo (PRT) con que el patrón cotiza sus cuotas patronales en el IMSS, disminuya; es decir, el no tener siniestralidad resulta en una reducción de la Prima.
Ahora bien, si el patrón ya se encuentra cotizando con la PRT mínima establecida en Ley, entonces aun cuando no tenga siniestralidad, su prima ya no puede disminuir, por lo que ésta no tendría cambios con respecto a la aplicable en el año anterior. Este sería uno de los casos en que, dado que la prima no se modifica, el patrón está eximido de presentar la declaración.
De acuerdo con el nuevo Artículo 13-C de las disposiciones generales del REPSE[1], se indica que, durante las acciones de vigilancia, los Inspectores del Trabajo deberán verificar que los trabajadores de la contratista se encuentren debidamente identificados.
Es decir, la autoridad vigilará que, quien reciba (contrate) el servicio, debe asegurarse que los trabajadores del proveedor se encuentren debidamente identificados.
En principio, la obligación de identificar a los trabajadores no es de quien contrate el servicio, sino de quien lo provea. Esta obligación está contenida en el Artículo 17:
Las personas físicas o morales que obtengan el registro estarán obligadas a identificar plenamente a sus trabajadores mediante la imagen, nombre, gafete o código de identidad que vincule a dichos trabajadores con la empresa que presta el servicio especializado o ejecuta la obra especializada durante el desarrollo de sus labores en las instalaciones de la empresa que contrata los servicios.
En esencia, la normativa pretende que se vincule de alguna manera visual y clara al trabajador con la empresa que presta el servicio especializado.
Como se ha dicho, el Artículo 17 de las disposiciones generales del REPSE señalan que la obligación de identificar a los trabajadores especializados es del proveedor de los servicios. Sin embargo, el nuevo Artículo 13-C es explícito en cuanto que los Inspectores verificarán al beneficiario de los servicios u obras especializados sobre si “los trabajadores de la contratista se encuentren debidamente identificados”.
El Artículo 13-F de las disposiciones señalan que, de identificarse incumplimiento en la normativa laboral en materia de subcontratación, ya sea por parte del proveedor o del beneficiario de los servicios de outsourcing, “se deberá solicitar el inicio del procedimiento administrativo correspondiente y cuando resulte aplicable el procedimiento de cancelación”.
Sobre este punto: el proveedor del servicio en efecto arriesga la vigencia de su registro en el REPSE; pero, puesto que el beneficiario no ostenta el permiso, lo único que le corresponde es ser sujeto al “procedimiento administrativo correspondiente”, sin embargo, no queda claro si acaso el prestatario del servicio es responsable por el incumplimiento del proveedor.
En efecto, la redacción de la regla permite desarrollar una interpretación por la cual el beneficiario también puede ser acreedor de una multa.
Primeramente, debe quedar claro que la obligación de identificar a los trabajadores es exclusivamente del proveedor de servicios especializados. En ese sentido, a continuación, se analiza si el beneficiario puede ser acreedor de una sanción por una obligación que, en principio, no le corresponde.
La Ley Federal del Trabajo (LFT) indica en su Artículo 1004-C que:
A quien realice subcontratación de personal a que se refiere el Artículo 12 de esta Ley, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, conforme a lo establecido en los Artículos 14 y 15 de esta Ley, se le impondrá multa de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar de conformidad con la legislación aplicable.
El Artículo 12 de la LFT señala la prohibición de la subcontratación sin registro del REPSE, lo cual no es aplicable para este análisis.
Luego, el Artículo 14 que indica la obligación de formalizar la operación por contrato, indica en su segundo párrafo que:
[…]
La persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones.
Las obligaciones a que se refiere son las indicadas en la LFT. En cambio, la obligación de identificar a trabajadores no es una obligación del patrón con los trabajadores en cumplimiento del Artículo 123 constitucional, más bien, es una obligación del patrón con la autoridad, derivada del Artículo 17 de las Disposiciones del REPSE; por ende, el citado precepto no es aplicable.
El Artículo 15 trata exclusivamente del registro en el REPSE.
Por lo tanto, pareciera que no existen preceptos legales que justifiquen que el beneficiario es responsable de la falta de identificación apropiada.
Incluso cuando la autoridad laboral sancione al beneficiario con un pago de multa, resulta difícil de aplicar el Artículo 1004-C de la LFT, toda vez que la multa señalada se actualiza cuando se contrate un proveedor que no cuenta con registro del REPSE. En ese sentido, pareciera más adecuada la multa del Artículo 1002, aplicable a “violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este Título [Decimosexto de la LFT] o en alguna otra disposición de [la LFT], se impondrá al infractor multa por el equivalente de 50 a 5000 veces la Unidad de Medida y Actualización”.
En todo caso, ante alguna sanción que se imponga al prestador del servicio, como puede ser la cancelación de su registro en el REPSE, será necesario identificar que tal cancelación puede tener el efecto de que el servicio prestado no sea deducible para el prestatario, pues sería un servicio que no es legal, por no tener registro REPSE y, en consecuencia, incumpliría requisitos de deducción y, por ende, de acrediamiento del IVA de este gasto.
Aun cuando existen argumentos para concluir que el beneficiario de los servicios de subcontratación no debe sufrir pena alguna por la falta de identificación adecuada de los trabajadores del proveedor, lo recomendable es evitar cualquier conflicto con la autoridad laboral.
Para ello, los beneficiarios de servicios de subcontratación pueden considerar la emisión de un distintivo que cumpla con lo señalado en el Artículo 17 de las Disposiciones del REPSE. Por ejemplo, a través de gafetes de visitantes o códigos de identidad que explícitamente vinculen al trabajador con el proveedor. De esta forma, en caso de que los trabajadores no lleguen al establecimiento del beneficiario previamente identificados, este último puede cumplir con la norma laboral, reduciendo así el riesgo de una multa o la pérdida de los efectos fiscales de los pagos de subcontratación.
México
Av. Paseo de la Reforma 560 - Int. 30, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo,Ciudad de México, C.P. 11000.
Tel:+52 (55) 9419-0097
Colombia
Calle 120 A Nº 7-62 / 68, Oficina 403, Edificio CEI III, Usaquén.
Tel:031 3828287 / 3828284 / 3828283
Panamá
Calle 65 Este, San Francisco, Ciudad de Panamá
Tel:+507(2) 974-796/81
EUA
9595 Six Pines Drive Bld 8 Level 2, Suite 8210, The Woodlands, Houston, Texas. 77380
E-mail: contacto@ips-globalconsulting.com
Perú
C. Miguel Dasso 134 ofc. 201 / San Isidro Lima - Perú
Tel:+571 317 7452078
Powered by Telaio