BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL (12).

VENTA DE BIENES USADOS:

Dentro de las reformas a la LIVA para el 2021 se deroga el segundo párrafo de la Fracción II, del Artículo 18-B de la LIVA, que establecía que las comisiones cobradas por la venta de bienes usados no causaban IVA; por lo tanto, a partir de dicho ejercicio, este tipo de comisiones están gravadas para IVA a la tasa general.

Por ejemplo, la venta de un comedor usado a través de una plataforma electrónica, la cual le cobra una comisión de $1,000.00:

IVA trasladado

Total a pagar a la plataforma electrónica

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 9, Fracción IV de la LIVA establece que no se causa IVA por la venta de bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas.

De conformidad con el artículo 16, Fracción I y último párrafo del CFF, se considera empresa a la persona física y moral que realice las actividades empresariales comerciales.

Por lo tanto, al dedicarse a la comercialización de bienes usados, se tipifica como una empresa para efectos fiscales y debe trasladar y pagar el IVA.

Respecto a la publicación de las ventas de los bienes usados a través de las plataformas electrónicas, pueden realizarse con el IVA expreso y por separado o incluido en el precio siempre que se señale “IVA incluido”, de conformidad con la reforma al numeral 18-J, Fracción I de la LIVA para 2021, tal y como sigue: 

Expreso y por separado

Segunda opción, incluido en la contraprestación

IEPS. GELATINAS:

La enajenación o importación de gelatina o grenetina de grado comestible causa el IESPS a la tasa del 8 %, si contiene azúcares u otros edulcorantes con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos.

Esta afirmación parte del razonamiento que estos productos se consideran alimento y se ubican en el grupo de confitería, cuyos componentes incluyen azúcar u otros edulcorantes con independencia de contener otros ingredientes adicionales para el consumo humano, con fundamento en los Artículos 2o, Fracc. I, inciso J, y 3o, Fracc. XXVII de la LIESPS.

Tal postura la dio a conocer la autoridad hacendaria en su portal de Internet, mediante el nuevo criterio 9/IESPS/N del Anexo 7 de la RMISC 2021, el cual se transcribe: 

«9/IEPS/N Gelatina o grenetina de grado comestible. Su enajenación o importación está sujeta al pago del IEPS cuando contenga azúcares u otros edulcorantes con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos.

El Artículo 2, Fracción I, inciso J) de la Ley del IEPS establece que la enajenación, o en su caso, la importación de alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kcal o mayor por cada 100 gramos se encuentra gravada a la tasa del 8 %; al respecto, el numeral 2, del inciso en comento grava los productos de confitería.

Por su parte, el Artículo 3, fracción XXVII de la misma Ley, precisa que se entiende por productos de confitería, a los dulces y confites, caramelos, dulce imitación de mazapán, gelatina o grenetina, gelatina preparada o jaletina, malvavisco, mazapán, peladilla, turrón, entre otros.

Conforme a lo expuesto, se estima que la gelatina o grenetina a que se refiere el párrafo anterior, necesariamente debe referirse a un producto alimenticio por ser ésta la naturaleza del bien al que se refiere el inciso J) citado con antelación. Además, considerando que la grenetina o gelatina se ubica dentro del grupo de productos de confitería, debe incluir dentro de sus componentes el azúcar u otros edulcorantes, sin perjuicio de que pueda contener otros ingredientes adicionales aptos para el consumo humano.

TESIS:

FE DE HECHOS NOTARIAL.- NO ES UNA PRUEBA IDÓNEA PARA DEMOSTRAR LA LOCALIZACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN SU DOMICILIO FISCAL.- En primer término, la idoneidad de una prueba ha sido identificada con la suficiencia para obtener un resultado previamente determinado o determinable, esto es, una prueba será más idónea que otra en la medida de que aporte elementos suficientes para demostrar al juzgador el hecho que se pretende demostrar. Bajo ese orden de ideas debe señalarse que la actividad del fedatario no genera actos de autoridad, pues no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que solo da fe de los hechos que describe en sus actas. Por tales motivos, una fe de hechos no es una prueba idónea para demostrar la localización de un contribuyente en su domicilio fiscal, dado que los notarios públicos no son autoridades, máxime que en sus funciones no está comprendida la verificación del domicilio fiscal. No es óbice que los notarios públicos estén dotados, por ley, de fe pública, y tengan la función de dar certeza jurídica, en virtud de que el criterio expuesto no desconoce dicha fe pública, sino se refiere a que dentro de sus funciones no se encuentra la verificación del domicilio fiscal, puesto que ello le corresponde a la autoridad fiscal conforme al procedimiento previsto en el artículo 41-B del Código Fiscal de la Federación.

PRECEDENTES:

VIII-P-2aS-68

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1079/15-16-01-5/2296/16-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 14 de marzo de 2017, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrada Ponente Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez. (Tesis aprobada en sesión de 20 de abril de 2017). R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 10. Mayo 2017. p. 237 Segunda Sección 278 Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

VIII-P-2aS-646

HOME OFFICE:

Uno de los miedos más grandes para las compañías que tuvieron que permitir el home office fue la ausencia de supervisión cara a cara; sin embargo, una encuesta de OCC Mundial reveló que 49% de las compañías considera que sus equipos han mostrado un buen compromiso y cumplen con sus tareas sin contratiempos.

«Por supuesto, a lo largo de estos primeros doce meses han debido resolverse retos como brindar equipos de cómputo, trasladar procesos de trabajo a una modalidad online y readaptar ciertas metas. No obstante, el buen desempeño podría convencerlos de mantener el teletrabajo más allá de la pandemia o aceptar un esquema híbrido», detalló la firma. 

En cuanto al liderazgo, las organizaciones revelaron que para el 27% este tema ha sido difícil, principalmente porque las personas no están disponibles o muestran un desinterés hacia las actividades de su puesto. 

«Es bien sabido que uno de los grandes retos de la actualidad es saber motivar a las personas en medio de una emergencia sanitaria que llevará algunos meses más de encierro», destacó. 

Por último, para el 24% de las empresas ha sido lo mismo el liderazgo en línea que si se trabajara de manera presencial. En este caso una comunicación sólida pudo facilitar la transición y la confianza que existe entre quienes toman las decisiones y quienes las ejecutan.

En este sentido, OCC Mundial, señaló a la retroalimentación como un elemento clave para el buen funcionamiento, hábito que forma parte de la cultura del 42% de las compañías, por lo que deben cada cierto tiempo tener una plática formal con sus colaboradores y hacerles notar sus puntos fuertes y débiles del desempeño que han tenido.

En un 40% de las empresas no es algo formal pero han decidido hacerlo para acercarse a los empleados y fomentar esa empatía y opinión sobre el trabajo hecho.

Finalmente, en un 18% de las compañías no se da este tipo de actividad, lo cual puede fomentar aún más las dudas de las personas y su situación laboral.

INTEGRACIÓN DE SALARIO:

Las prestaciones extralegales son aquellas que surgen del pacto entre el patrón y sus colaboradores. Como su nombre lo expresa, son beneficios adicionales a los mínimos que por ley se deben otorgar.

Por ello, existe la interrogante por parte de los empleadores sobre si estas prestaciones integran o no al salario para efectos indemnizatorios, de acuerdo con los numerales 84 y 89 de la LFT.

Recientemente el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito emitió una tesis aislada de rubro: TRABAJADORES DE TELÉFONOS DE MÉXICO (TELMEX). LAS PRESTACIONES EXTRALEGALES DENOMINADAS «BONO DE PRODUCTIVIDAD» Y «PRODUCTIVIDAD REMANENTE ANUAL», NO INTEGRAN EL SALARIO PARA EFECTOS INDEMNIZATORIOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NI TAMPOCO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, Materia Laboral, Tesis: III.5o.T.9 L (10a.), Tesis Aislada, Registro 2’022,757, 26 de febrero 2021, en la que concluyó lo siguiente:

• si en el contrato de trabajo, ya sea individual o colectivo, se estipuló una prestación extralegal, señalando expresamente que no formaría parte del salario integrado para ningún efecto legal o contractual, dicho acuerdo debe respetarse en esos términos
• las partes son quienes libremente convienen la forma y términos en que se otorgarán, sin que ello implique renuncia de derechos, y
• no resulta aplicable la regla de interpretación más favorable en beneficio del trabajador prevista en el Artículo 18 de la LFT, pues deben interpretarse en forma estricta, acorde con el numeral 31 de la misma ley; es decir, que los partes se obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad

Si bien esta postura resulta favorable para los patrones, al determinar que en caso de que se establezca que dichas prestaciones no formarán parte integrante del salario, tanto para efectos indemnizatorios, debe estarse a lo expresamente pactado, en nuestra opinión es desafortunado. 

Esto es así porque en este tipo de pactos sí existe renuncia de derechos por parte de los trabajadores, además de que con contrarios a una disposición de orden público: el Artículo 84 de la LFT, el cual señala que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, incluyendo las prestaciones extras.

Así las cosas, no puede dejar de aplicarse por una disposición legal por un pacto entre las partes obrero-patronales (aun cuando uno de los partícipes sea un sindicato), ni impedir el goce y ejercicio de los derechos laborales (Art. 5o., LFT).

Finalmente, vale comentar que este criterio es aislado y los tribunales pueden o no tomarlo en cuenta.

PTU:

El Gobierno federal y el sector privado llegaron a un acuerdo para fijar un tope de tres meses al reparto de utilidades y elevar el pago a un promedio de 57 días, lo cual equivale a 18 mil 557 pesos por este concepto para cada trabajador.

Con esta decisión se destraba la discusión sobre la regulación del Outsourcing y se espera que se retome en el Congreso en los próximos días.

Esta propuesta fue presentada por la Secretaría del Trabajo (STPS) con los negociadores del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

La Secretaria de Trabajo, Luisa Alcalde, refirió que actualmente se pagan en promedio 22 días de utilidades, lo cual equivale a 7 mil 301 pesos, y con la propuesta se incrementaría el beneficio.

El costo de esta iniciativa será de 157 mil millones de pesos, según los cálculos oficiales, si se toma en cuenta el número de trabajadores potenciales en recibir utilidades, que son 6 millones de trabajadores. Actualmente, el costo es de 56 mil 120 millones de pesos.

«La propuesta facilita la aplicación de la Ley y da un trato igualitario a todos los sectores. Los sectores en donde habrá más beneficios para los trabajadores son aquellos que pagaban un PTU (utilidades) muy por debajo del promedio nacional (22 días)», subrayó la STPS.

En sectores donde se paga por debajo del promedio nacional se aplicará un incremento importante en las utilidades. Por ejemplo, en el ramo de trabajos especializados de la construcción se pagan en promedio 5 días, lo cual corresponde a 796 pesos, pero con la reforma los trabajadores de este sector obtendrán 83 días, lo cual asciende a 13 mil 526 pesos.

Los trabajadores de radio y televisión tienen sólo tres días de utilidades y con la propuesta se incrementarán a 81, de tal forma que recibirán 25 mil 580 pesos por este concepto.

En el manejo de residuos y servicios de remediación, las utilidades pasarán de 5 días a 58, de tal forma que los trabajadores recibirán 13 mil 506 pesos por este derecho.

En los subsectores que actualmente pagan por arriba del promedio nacional, como la industria alimentaria, la fabricación de maquinaria y equipo, minería y fabricación de equipo de computación, las utilidades seguirán siendo altas.

«Con la propuesta, la proporción de las y los trabajadores que ganan un PTU por arriba del promedio nacional aumentarían en 43 por ciento», subrayó la STPS.

Por ejemplo, en la industria alimentaria se pasará de pagar 22 mil 478 pesos de utilidades a 34 mil 516 pesos a cada trabajador.

Para concretar esta propuesta se requiere una reforma al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, el cual en su Fracción VIII incluirá que «el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte favorable al trabajador».

Fuente: Verónica Gascón.  Reforma.