BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL 16

RESICO

El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) de personas físicas, que inició vigencia en 2022, presenta su primera declaración anual en abril de 2023.
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 113-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), pueden tributar en el RESICO las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas que realicen, obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de 3.5 MDP.
Para quienes inicien actividades podrán tributar en el Régimen cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite establecido.
En este sentido, la misma disposición prevé que las personas físicas podrán optar por el RESICO, cuando además obtengan ingresos de los señalados en los Capítulos I y VI del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR); es decir, por salarios y por intereses. Para esto, el requisito es que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas, en su conjunto, no excedan de los 3.5 MDP.
El problema que se deriva de esta opción es que la ley no define cómo computar el parámetro del total de ingresos; es decir, no indica si son ingresos gravables o ingresos totales.
En el caso de salarios, se tiene que existe una parte que está exenta del impuesto, y no resulta claro si se deben considerar solamente los ingresos gravados o el total.
Si se analiza de manera armónica el régimen, se puede llegar a la conclusión de que se refiere a ingresos totales, y no necesariamente a exentos. Esto, porque en el mismo Artículo 113-E se prevé una exención de 900,000 pesos para contribuyentes con actividades del sector primario (actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras), y, en este sentido, esos 900,000 no se excluyen en momento alguno del total de 3.5 MDP.
Aunque se reconoce que no hay claridad en la Ley, hay elementos para considerar que el límite de 3.5 MPD incluye tanto ingresos gravados como exentos.
El caso de los intereses resulta más complejo, porque el régimen fiscal de estos no contempla exenciones, sino que considera ingreso gravable únicamente “los intereses reales percibidos en el ejercicio”; esto es, “el monto en el que los intereses excedan al ajuste por inflación”.
En este sentido, el propio Artículo 134 señala que “las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio”; es decir, el ingreso, para efectos del Capítulo de Intereses, es el interés real.
De lo anterior se desprende que la Ley del ISR no considera ingreso al interés nominal, sino sólo al interés real, por lo que podría concluirse que, para efectos del cálculo del top de 3.5 MDP, los intereses a considerar son solamente los reales y no los nominales.
Como se ha dicho, la Ley no establece cómo considerar los ingresos por Intereses para el cálculo del límite de ingresos del RESICO. Del anterior análisis es posible desprender que sólo deben considerarse los intereses reales. Esta postura tiene lógica jurídica y, sobre todo, lógica financiera, pues el interés real es aquel que realmente incrementa el patrimonio de la persona física.
No obstante, estos argumentos, lo cierto es que el legislado no aclaró cómo computar el límite de ingresos, y tampoco lo ha aclarado la autoridad a través de su normatividad. Lo más probable, como acontece en la actualidad, es que la autoridad aplique un criterio a través de sus sistemas de declaraciones, y con base en ello es que aplicará la ley a los contribuyentes, según la interpretación que ella haga de estas disposiciones.
En todo caso, es importante que los contribuyentes que se ubican en estas situaciones en que un criterio puede provocar que abandonen el régimen, estén muy atentos a cualquier cambio en su estatus fiscal que la autoridad pueda llevar a cabo de manera automática.

BALANZA 13

La Regla Miscelánea 2.8.1.6., en su fracción II, inciso e) establece que las personas morales tienen la obligación de enviar el archivo XML correspondiente a la balanza de comprobación ajustada al cierre del ejercicio a más tardar el 20 de abril del año siguiente al que corresponda. En este entendido, la balanza de cierre de 2022 debe presentarse a más tardar el 20 de abril de 2023.
Este período es comúnmente conocido como “período 13”, y aunque en la teoría contable realmente no existe un fundamento que soporte un período adicional a los 12 meses del ejercicio, la práctica resultante de la sistematización de estos procesos ha propiciado la adopción de este período 13.
Generalmente este período 13 es aquél que incluye los ajustes al cierre del ejercicio, lo que en teoría contable deberían quedar como correspondientes al mes de diciembre, pero que por las razones comentadas se ha manejado en este período adicional.
Dado que a nivel sistemas computacionales cada proveedor puede manejar estas balanzas de forma distinta conviene confirmar con ellos la forma en que este período se va a manejar, si es la misma balanza del período 12, o bien, un nuevo período 13. En cualquiera de los casos, los contribuyentes obligados deben presentar un archivo con la información contable correspondiente al cierre de ejercicio, y la fecha límite es el 20 de abril para las personas morales.
Para el caso de las personas físicas, el plazo vece el 22 de mayo.

TRABAJADOR. DOMICILIO FISCAL

El Artículo 10 del CFF, en su fracción I, indica en su fracción a) cuál domicilio se considera como fiscal para las personas que realizan actividades empresariales. Por su parte, la fracción b) y c) señalan cuál es el domicilio para los casos de las personas que no efectúen desarrollan actividades empresariales, indicando lo siguiente:
Es domicilio fiscal para las personas físicas:
• Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios.
• Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades.
• Únicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación.
Por último, se prevé un supuesto adicional: Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en los incisos anteriores o no hayan sido localizados en los mismos, se considerará como domicilio el que hayan manifestado a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios de los servicios que presten éstas.
Por lo tanto, el domicilio fiscal de un trabajador puede ser:
• El local que utilicen para el desempeño de sus actividades
• Si no cuenta con un local para hacer efectuar sus actividades, será su casa habitación
Es posible interpretar que, si el trabajador trabaja en un local, el domicilio fiscal en donde efectúa su labor será aquél que tenga que señalar al momento de actualizar su domicilio ante el SAT.
No obstante, la Regla Miscelánea Fiscal (RMF) 2.1.4., en su fracción II, indica que las personas físicas podrán considerar como domicilio fiscal su casa habitación cuando no realicen actividades empresariales o profesionales.
En este sentido, se tiene que el domicilio fiscal de un trabajador puede ser su centro de trabajo, o bien, su casa habitación.
El problema que se da en la práctica es que, si bien cuando un trabajador realiza su trámite de registro en el RFC proporciona un domicilio, cuando los patrones tramitan el alta masiva de trabajadores a través de la aplicación electrónica en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el dato del domicilio fiscal no se incluye como parte de los datos que el patrón presenta.
En este sentido, se tiene que puede haber trabajadores registrados en el RFC sin un domicilio fiscal.
Para aquellos que se registraron de manera individual, debieron indicar algún domicilio fiscal que puede ser, como ya se indicó, el del centro de trabajo o el domicilio propio.

TESIS

El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará a la prudente apreciación de la Sala, por lo que, si las pruebas exhibidas por cualquiera de las partes son ilegibles, debe considerarse que carecen de valor probatorio, dado que imposibilitan su examen.
Así se ha establecido mediante precedente de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se reproduce a continuación.
IX-P-2aS-96
COPIAS ILEGIBLES. CARECEN DE VALOR PROBATORIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los artículos 197 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará a la prudente apreciación de la Sala. De donde se sigue, que si las pruebas exhibidas por cualquiera de las partes, son ilegibles, debe considerarse que carecen de valor probatorio, dado que imposibilitan su examen.
PRECEDENTES:
VI-P-2aS-624
Incidente de Incompetencia Núm. 30943/09-17-065/579/10-S2-10-06. Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 7 de septiembre de 2010, por unanimidad de 5 votos a favor. Magistrado Ponente: Luis Carballo Balvanera. Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de septiembre de 2010)
R. T. F. J. F. A. Sexta Época. Año III. No. 35. noviembre 2010. p. 428

OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO

En la Primera Reunión de Síndicos de 2023, se cuestionó a la autoridad sobre si la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo emitida en términos del artículo 32-D (“Opinión de cumplimiento”) del Código Fiscal de la Federación (CFF), es considerada como contabilidad.
La pregunta, aunque simple, presenta múltiples ramificaciones que pueden tener un impacto en la operatividad de la entidad.
En el citado documento, se pregunta a la autoridad si la Opinión de cumplimiento debe conservarse durante el plazo establecido por el Artículo 30 del CFF (5 años), implicando que la Opinión de cumplimiento es contabilidad.
Al respecto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) define que “la opinión de cumplimiento, es un reporte emitido por el SAT que permite consultar la situación de los contribuyentes respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, la situación en el RFC, su localización en el domicilio fiscal, que no se encuentren en el listado del artículo 69-B cuarto párrafo del CFF, y que no cuenten con créditos fiscales firmes o exigibles”, esto con el objetivo de que a los contribuyentes se les permita:
• solicitar un subsidio o estímulo
• contratar con cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales
• realizar algún trámite fiscal, de comercio exterior u obtener una autorización en materia de impuestos internos
Se precisa que la Opinión “no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados, la misma tiene una vigencia de treinta días naturales a partir de la fecha de emisión, por ende, solo debe considerarse para los efectos anteriormente indicados”.

En ese sentido, el SAT concluye que “la opinión de cumplimiento no constituye un documento que forme parte de la contabilidad del contribuyente, por lo que no le aplica el plazo de resguardo de 5 años”.
Dicho esto, ¿existen casos en que la opinión de cumplimiento configure como contabilidad?
Nótese que hay situaciones en que, por disposición legal, es requerido utilizar o conservar la opinión de cumplimiento, propia o ajena. Por ejemplo, sería ilógico no conservar la opinión de cumplimiento adjuntada en el archivo enviado para solicitar un estímulo fiscal. De igual forma, sería ilógico que una entidad federativa no conserve las opiniones de cumplimiento de sus proveedores, cuando sean requeridos.
Bajo estas circunstancias, puede argumentarse que la opinión de cumplimiento sí es contabilidad cuando su tramitación es requerida para dar cabal cumplimiento a las obligaciones fiscales.
Por otro lado, existen compañías privadas que de forma espontánea solicitan la opinión de cumplimiento de sus proveedores. Este ha sido una creciente política de las empresas y es consonante con uno de los “mandamientos” del “Decálogo del buen mexicano en materia fiscal”, emitido por el SAT” solicitar con regularidad la opinión de cumplimiento de los proveedores y, en su caso, del agente aduanal.
Cabe resaltar que esta práctica no es una obligación sustentada en precepto legal alguno; es decir, su obligatoriedad reside únicamente en las políticas internas de la compañía en cuestión. Por no existir un requisito legal que sustente su obtención, pudiera interpretarse que la Opinión de cumplimiento del proveedor no integra la contabilidad.
Sin embargo, hay que remitirse al Reglamento del CFF, artículo 33, fracción VIII donde indica que integran la contabilidad la “documentación e información de los registros de todas las operaciones, actos o actividades, los cuales deberán asentarse conforme a los sistemas de control y verificación internos necesarios”. Este precepto permite interpretar que los documentos usados para efectos internos, particularmente cuando estén relacionados con operaciones, actos o actividades de impacto fiscal, integran la contabilidad del contribuyente.
En ese sentido, si una compañía tiene la política interna de solicitar la opinión de cumplimiento de sus proveedores, existen argumentos suficientes para indicar que las opiniones colectadas pueden integrar la contabilidad de la compañía en cuestión.
Se pueden concluir las siguientes aseveraciones:
• La opinión de cumplimiento propia del contribuyente no integra su contabilidad. En caso de que sea obtenida a fin de cumplir una obligación legal particular, hay argumentos para considerar que integra la contabilidad.
• La opinión de cumplimiento obtenida de los proveedores de un contribuyente integra su contabilidad solamente si es con el fin de dar cumplimiento a una obligación legal. En casos de que no haya obligación legal, pero aun así sea solicitado este documento como parte del sistema de control interno de la entidad, hay argumentos para indicar que estas opiniones de cumplimiento pueden integrar la contabilidad.
En todo caso, la conservación de este documento, al no ser por una disposición legal, puede servir como documento soporte para evidenciar la aplicación de controles internos, por lo que, sin ser algo requerido, puede llegar a ser benéfico conservar esta documentación como parte de la contabilidad.