Como bien se sabe, derivado de la publicación de la RMISC 2023 el 27 de diciembre del 2022 en el DOF, se dieron a conocer varios cambios para los contribuyentes, dentro de los cuales destaca nuevamente lo relativo al CFDI y su complemento de nómina.
Específicamente en torno al comprobante de nóminas, el SAT sigue otorgando la facilidad para que los contribuyentes puedan cancelar o sustituir los CFDI de nómina, cuando existan errores en estos; para ello, se tendrá como plazo para realizarlo a más tardar el 28 de febrero del año en curso, conforme lo señala la regla 2.7.5.6.
Es vital que el empleador verifique la emisión correcta de este tipo de comprobantes, ya que de contener errores deberán sustituirlos en el lapso mencionado, para que los efectos fiscales no se vean modificados y se siga considerando su emisión dentro del ejercicio 2022.
Finalmente en el supuesto de que se lleve a cabo la cancelación en sustitución de un CFDI de nómina, después de febrero del 2023, todos los efectos fiscales serán efectivos en el 2023, como lo es su deducción.
Tenemos un trabajador que el 15 de noviembre de 2022 cumplió un año de servicios, y que el 10 de enero de 2023 dejará de prestar sus servicios, por lo que deseamos saber si las vacaciones que no disfrutó y las que se generaron a partir de su aniversario laboral se finiquitan conforme a los nuevos días previstos en la reforma de vacaciones dignas.
Según el Artículo 6o. de la LFT, las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador, a partir de la fecha de la vigencia.
Esto significa que desde el 1o. de enero de 2023, los colaboradores adquirieron el derecho a los nuevos lapsos de vacaciones que están devengando día con día y que gozarán a partir del 2023.
Por ende, las vacaciones que generó su empleado al 14 de noviembre de 2022, esto es seis días por el primer año de servicios, y que no disfrutó, se finiquitan conforme el anterior texto del Numeral 76 de la LFT.
En tanto que, las vacaciones que se están devengando desde el 15 de noviembre de 2022 al 10 de enero de 2023, al concluir el vínculo de trabajo estando vigente la reforma laboral, se finiquitan de acuerdo con ella; es decir, la parte proporcional de 14 días de descanso (Art. 79, segundo párrafo, LFT).
Soy una persona física que tributa en el régimen de sueldos y salarios, recientemente mi empleador me solicitó mi constancia de situación fiscal (CIF) para la emisión de mis comprobantes de nómina. Al proporcionársela me observan que el domicilio fiscal que aparece en ella no es el de mi casa habitación sino el de la empresa en la que laboraba, me dicen que debo realizar el cambio de domicilio para entregarles la CIF actualizada. ¿Esto es correcto? y de ser así, ¿puedo realizar el cambio de domicilio por internet?
Es correcto lo señalado por su empleador, pues de conformidad con el Artículo 10, Fracción I, Inciso c) y la Regla 2.1.4. de la RMISC 2022, el domicilio fiscal para las personas físicas que solo obtienen ingresos por salarios será el de su casa habitación.
En términos de la ficha de trámite “77/CFF Aviso de cambio de domicilio fiscal a través del Portal del SAT o en la Oficina del SAT”, contenida en el Anexo 1-A de la RMISC 2022, el cambio de domicilio fiscal puede realizarse a través de la página en internet del SAT.
Para ello, desde la página principal se sigue la ruta: “Tramites del RFC — Ver más… — Actualización en el RFC — Realiza tu cambio de domicilio en el RFC”
Para acceder a la aplicación puede utilizarse la “Contraseña” o “e.firma”; pero cabe señalar que para concluir la gestión debe firmarse con la “e.firma”.
Dentro de la aplicación se introduce la fecha con la que se presenta el cambio y se pulsa el botón “Continuar”.
Paso seguido se introducen los datos del domicilio que desea registrarse, sustituyendo los que aparecen por los nuevos. Al concluir la captura se pulsa “Continuar”.
En la siguiente pantalla se muestran el resumen de los datos capturados, si son correctas se da clic en “Confirmar”.
Se muestra la pantalla para firmar la solicitud, en la que primero se introducen los datos de la “e.firma” y se pulsan los botones “Confirmar” y ”Concluir solicitud”, con lo que finaliza el trámite del cambio de domicilio, generándose el acuse del mismo. Así, al volver a genera la CIF se mostrarán los datos actualizados del domicilio fiscal.
En días pasados la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), publica en su página de Internet el Análisis Sistémico 10/2022, el cual versa sobre la indebida restricción para tributar en Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) de las personas físicas, que se impone vía regla miscelánea a los contribuyentes que obtienen ingresos a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares y que prestan servicios digitales de intermediación; y que además obtengan ingresos por actividades empresariales, profesionales o por el uso o goce temporal de bienes.
Ya se había expuesto y analizando esta problemática mediante el artículo, en donde se concluye que no es que haya una prohibición expresa de que los contribuyentes del RPD no puedan tributar en el RESICO, la Ley no lo establece así, de hecho, está permitido; sino que en la práctica son dos esquemas que no son operables de manera simultánea.
Una solución técnica hubiera sido que el legislador aplicara una prohibición expresa para que los contribuyentes del RPD no puedan tributar en el RESICO, y eso pondría fin al debate; sin embargo, esa solución representaría una inequidad al limitar el derecho de los contribuyentes del RPD de gozar de los beneficios del RESICO, cuando no existe una justificación desde el punto tributario ni jurídico.
Además de lo anterior, esa prohibición representaría un problema de competencia económica, pues se le estaría dando a los contribuyentes del comercio tradicional una ventaja (tributaria) por sobre aquellos del comercio electrónico, lo cual no es recomendable, sobre todo si el comercio electrónico en México está aún en una fase de crecimiento.
Ahora, en esta Recomendación, la PRODECON aborda este tema y expresa una importante postura que puede sentar un precedente en la normatividad fiscal mexicana.
En el análisis de referencia se tienen los siguientes antecedentes:
En ese sentido, la PRODECON señala que, para efecto del cumplimiento de obligaciones, las personas físicas que obtienen ingresos a través de plataformas tecnológicas mayores a 300 mil pesos pueden hacerlo como:
Esto es así ya que en términos de lo establecido en al Artículo 113-E octavo párrafo de la LISR, se establece lo siguiente:
Artículo 113-E. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o las actividades señaladas que realicen, obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido de la cantidad de tres millones quinientos mil pesos.
…
No podrán aplicar lo previsto en esta Sección las personas físicas a que se refiere el primer párrafo de este artículo en los supuestos siguientes:
III. Cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes.
(…)
Del anterior precepto se desprenden los sujetos excluidos para tributar en dicho régimen, en razón de lo anterior, y toda vez que los contribuyentes afectados por la regla miscelánea no se encuentran en ninguno de los supuestos legales establecidos por el precepto legal citado, la Procuraduría señala que la Regla 2022 3.13.4. transgrede los principios de Reserva de Ley, Subordinación Jerárquica y Proporcionalidad Tributaria.
Esto es así, ya que el principio de Legalidad Administrativa entraña que lo administrativo debe ceñir su actuar a lo que disponga la ley, lo que en el caso no acontece. Para efectos del principio de Jerarquía Normativa, se precisa que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley.
Se dice lo anterior, toda vez que Regla 2022 3.13.4., a la parte que interesa, establece lo siguiente:
3.13.4. Para los efectos del Artículo 113-E de la Ley del ISR, las personas físicas que opten por tributar conforme a la Sección IV, del Capítulo II del Título IV del mismo ordenamiento, deberán hacerlo por la totalidad de sus actividades empresariales, profesionales u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
Las personas físicas que de conformidad con el Artículo 113-A, primer párrafo de la Ley del ISR, estén obligadas al pago del ISR por los ingresos que generen a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten los servicios a que se refiere la Fracción II del Artículo 18-B de la Ley del IVA, por la totalidad o alguna parte de sus actividades económicas y que además obtengan ingresos por actividades empresariales, profesionales u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, no podrán tributar conforme a la Sección IV, del Capítulo II del Título IV de la misma Ley, por los referidos ingresos.
Ahora bien, el análisis de la PRODECON va en el sentido de considerar que la determinación de quiénes podrán optar por tributar en RESICO y quiénes no, es una facultad reservada al legislador; es decir, sólo puede establecerse mediante la Ley del ISR y no en un reglamento o en las reglas de carácter general emitidas por el SAT, por lo que, si en este caso, mediante la Regla 2022 3.13.4. se establece un supuesto adicional para los sujetos que no pueden tributar en RESICO, resulta evidente que se transgreden los principios de Reserva de Ley y Subordinación Jerárquica, toda vez que dicha regla excede lo previsto en la Ley de ISR.
Aunado a lo anterior, la Procuraría argumenta que la proporcionalidad conlleva que la obligación tributaria se determine de acuerdo con:
En ese sentido, si la potencialidad no es real y no existe capacidad contributiva como en el caso sucede, al momento en que se paga el impuesto, no se respeta el Principio de Proporcionalidad Tributaria, ya que el pago se basa en una capacidad irreal del contribuyente.
Por todo lo anteriormente expuesto, la PRODECON sugiere al SAT eliminar el segundo párrafo de la Regla 3.13.4. de la RMF para 2022, a fin de que los contribuyentes personas físicas que obtengan ingresos a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que presten los servicios digitales de intermediación, y que además obtienen ingresos por actividades empresariales, profesionales o por el uso o goce temporal de bienes, puedan tributar en el RESICO tal como lo prevé la Ley del ISR, toda vez que dicho párrafo vigente viola los principios de Reserva de Ley, Subordinación Jerárquica y Proporcionalidad.
Con la publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, el 27 de diciembre de 2022, se realizan una serie de reformas importantes en materia de la carta de porte digital, o bien, Complemento Carta Porte (CCP) del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), como lo denomina el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Uno de los cambios más trascendentes el relativo al cambio de criterio para el uso del CCP en lo que respecta a los intermediarios y agentes de transporte.
En las reglas misceláneas vigentes hasta 2022 se estableció que, tratándose de los intermediarios o agentes de transporte, que prestaran el servicio de logística para el traslado de los bienes o mercancías, o tuvieran mandato para actuar por cuenta del cliente, deberían expedir un CFDI de tipo traslado al que incorporaran el CCP y usarían su representación impresa, en papel o en formato digital, para acreditar el transporte de dichos bienes o mercancías, siempre que el traslado lo realizaran por medios propios.
A partir de 2023, de acuerdo con las reformas a las Reglas 2.7.7.1.1. y 2.7.7.1.2., se remplaza esa indicación para señalar que tanto intermediarios como agentes de transporte deben expedir un CFDI de tipo ingreso con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF al que deben incorporar el CCP, el cual ampara la prestación de estos servicios y acreditan el transporte y la legal tenencia de los bienes o mercancías con su representación impresa, en papel o en formato digital.
Como puede apreciarse, se aclara que en lugar de CFDI de tipo traslado, deberá emitirse un CFDI de tipo ingreso, pero lo más importante es que antes la obligación que tenían los intermediarios o agentes se limitaba a los casos en que utilizaran medios propios para el transporte; ahora, como se indica, se les obliga a emitir el CCP sin que sea requisito que utilicen medios propios.
Esta nueva dirección es contraria a lo que la propia autoridad ha previsto en sus “preguntas frecuentes”, en donde ha plasmado que la intención siempre ha sido que estos participantes emitan el CCP únicamente cuando utilicen medios propios, por lo que no se comprende bien si esta nueva regla tiene una deficiente redacción, o si se trata, efectivamente, de un cambio de criterio totalmente opuesto a lo que se ha venido aplicando.
Por la forma en que están redactadas las reglas, parece haber una clara intención de la autoridad para incluir a estos intermediarios y agentes en la obligación de emitir el CCP.
No obstante, es una obligación que en la práctica resulta no sólo redundante (puesto que el transportista estaría emitiendo el CCP por cada cargamento), sino que resulta de cierta complejidad práctica, puesto que será difícil que el intermediario cuente con los datos del chofer, del vehículo, de la ruta, del cargamento y de otros datos que están fuera de su alcance en una operación normal.
Será conveniente que la autoridad aclare el alcance de esta nueva normatividad que, de entrada, no se entiende del todo por los contribuyentes por ser contraria a lo que se venía aplicando y, sobre todo, por la complejidad de su implementación, sus costos de operación y, finalmente, por la cuestionada utilidad que pueda llegar a tener si se considera que los CCP que estos participantes emitan serán redundantes y agregarán poco valor a la información de fiscalización que utilizará la autoridad.
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