BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL 27

PAGO DE IMPUESTOS: ¿A TRAVÉS DE UN TERCERO?

Los contribuyentes con problemas de liquidez por causas diversas o que sus cuentas de bancos están aseguradas por sus acreedores o alguna autoridad, y se ven impedidos a realizar los pagos de impuestos a través de cuentas a su nombre, acostumbran convenir con terceros, para que estos paguen, entre otros adeudos, los impuestos a nombre y por cuenta de ellos.

Aquí la interrogante obligada es si con esta práctica se cumplen correctamente con las obligaciones fiscales relativas a los medios de pagos autorizados para el entero de contribuciones.

Esta encomienda encuentra su sustento en los Artículos 2546 y 2548 del Código Civil Federal, en el contrato de mandato, en el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que este le encarga, siempre que sean actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado.

En relación con los supuestos del encargo del pago de alguna obligación, en los numerales 2062 y 2066 de este mismo Código, se señala que este acto se consume con la entrega de la cosa o cantidad debida, que se hubiere prometido, y que también se puede efectuar por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación, que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor, supuesto en el que encuadra el mandatario al efectuar algún pago por instrucción de su mandante.

Para el pago de contribuciones, según el precepto 20, séptimo párrafo del CFF, se aceptan como medios de pago, los cheques del mismo banco en que se realice el entero, la transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, así como las tarjetas de crédito y débito. Estas últimas de conformidad con las reglas de carácter general que expida el SAT, y tratándose de cheques personales, siempre y cuando se cumpla lo dispuesto en el RCFF.

Se entiende por transferencia electrónica de fondos, el pago de las contribuciones que por instrucción de los contribuyentes, a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor de la Tesorería de la Federación, se realice por las instituciones de crédito, en forma electrónica.

Respecto a los cheques personales, el Artículo 14 del RCFF, indica que estos deben emitirse de la cuenta del contribuyente.

Es de mencionar que el pago de contribuciones, no se ubica en el supuesto del Artículo 27, Fracción III de la LISR, ni del 41 de su Reglamento ni tampoco de la Regla 2.7.1.12. de la RMISC 2022, pues no son precisamente pagos para efectuar gastos por cuenta de terceros, incluso el citado Artículo 41, prohíbe el pago de contribuciones a través de un tercero. Amén de lo anterior, la autoridad reconoce a través de Criterio Normativo 21/ISR/N, del Anexo 7 de la RMISC vigente, que en algunos casos, las personas morales pertenecientes a un grupo, efectúan operaciones recíprocas y firman convenios para concentrar sus transacciones de tesorería en alguna de ellas, la cual opera los procesos de pago mediante la cancelación de cuentas por cobrar contra cuentas por pagar entre empresas del grupo, y en consecuencia, no se llevan a cabo flujos de efectivo para liquidar este tipo de operaciones, por lo que se tendrá por cumplido el requisito de deducibilidad y acreditamiento previstos en los Artículos 27, Fracción III y 5, Fracción I de la LISR y LIVA, respectivamente. De lo anterior se concluye en forma general, que los pagos por cuenta de terceros están permitidos; incluso, a través de las empresas que concentren la tesorería de las empresas de grupo, sin que exista flujo de efectivo, porque solo se afectan los créditos contra las deudas entre ellas o por servicios de cobranza y pagos a proveedores.

Sin embargo, no existe evidencia de que esta figura jurídica se pueda extender al pago de contribuciones, pero es innegable que es un acto lícito pagar las mismas por cuenta y nombre de otra personas, a través de un contrato de mandato y que el acreedor del crédito fiscal a través del pago, de alguna forma cumple la obligación, siempre y cuando se notifique a este último de las formalidades de este acto, lo cual sería a través de la declaración y el pago de la contribución en turno, sin que ello implique una subrogación o sustitución de deudor, o un pago por error, pues el pago no se realiza en nombre propio del mandatario sino a nombre y por cuenta del mandante.

PERMISO LABORAL. SERVICIO MILITAR:

El servicio militar (o de armas) es obligatorio y de orden público para los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestan en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes (arts. 5o., párrafo cuarto y 73, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –CPEUM–; 1o., Ley del Servicio Militar; y 2o., Reglamento del Servicio Militar –RLSM–).

Lo anterior constituye un timbre de honor al estar los ciudadanos constreñidos a salvaguardar la soberanía nacional, las instituciones, la patria y sus intereses. Tratar de eludirlo por cualquier medio implica una falta de sentido de la responsabilidad y un motivo de indignidad ante los más elementales deberes que se tienen contraídos con la nación (Art. 1o. RLSM).

Además, conforme al dispositivo 58 del RLSM dicha carga constitucional puede aplazarse cuando el varón es el único sostén de: la esposa e hijos, por estar casado, viudo o divorciado; sus padres, cuando estos ya no estén en aptitudes de trabajar; la persona que lo crió, educó y mantuvo bajo su cuidado desde la edad de 10 años; alguno de sus abuelos por no tener más nietos que los mantenga; y sus hermanos menores de edad o mayores inútiles para laborar (sic).

Por su parte, el numeral 42, Fracción V de la LFT prevé que la relación laboral se suspende cuando el colaborador deba dar cumplimiento a:

• los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el Artículo 5o. de la CPEUM, y
• los deberes consignados en el Precepto 31, Fracción III de nuestra Carta Magna; referentes a alistarse y servir en los cuerpos de reserva para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos y los intereses de la patria

En concordancia a lo expuesto, el dispositivo 5o., cuarto párrafo de la CPEUM establece que los servicios públicos obligatorios, el de las armas y los jurados son forzosos; por ende, si el empleado objeto de su consulta tiene que prestar el servicio militar, ustedes deben permitirle ausentarse para desempeñarlo.

TESIS:

NEGATIVA FICTA. EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD FISCAL EN EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69-B, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO LA ACTUALIZA. En una interpretación a contrario sensu del Artículo 37, del Código Fiscal de la Federación, se entiende que respecto a aquellas situaciones jurídicas que no sean peticiones o instancias administrativas, la autoridad fiscal no está obligada a dar respuesta en el plazo de tres meses, pues fuera de ello, existen de forma expresa en la ley, los plazos y formas para que estas se lleven a cabo. En ese orden de ideas, si el contribuyente se encuentra en el desarrollo del procedimiento previsto en el Artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación, el cual no es más que la posibilidad de desvirtuar la presunción de operaciones inexistentes determinada por la autoridad hacendaria, y para ello ejerce su derecho para manifestar lo que a su interés convenga y aportar pruebas, sin que la autoridad fiscal se pronuncie al respecto en el plazo que indica el citado Artículo 69-B, ello no implica la configuración de una resolución negativa ficta, dado que el gobernado no se encuentra ejerciendo de manera unilateral e independiente el derecho de petición instituido en el Numeral 37 del Código Fiscal de la Federación, sino que está agotando una instancia derivada del procedimiento iniciado por la exactora en términos del multicitado Artículo 69-B, es decir, el ejercicio de un derecho que previamente le fue reconocido en virtud de que se ubicó en un procedimiento oficioso instaurado en su contra por parte de la autoridad fiscal.

Recurso de Reclamación interpuesto en el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2094/17-12-02-2.- Resuelto por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 17 de octubre de 2017, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor Antonio Miranda Morales.- Secretario Lic. Gerardo Martínez Hernández.

MATERIALIDAD-CFDI:

Según las últimas reformas a la normativa fiscal, la materialidad de los hechos cobra cada vez mayor importancia. En ese sentido, los contribuyentes tienen la obligación de poder demostrar a la autoridad fiscal que las operaciones y transacciones en las que se vieron relacionados realmente existieron.

De aquí puede surgir la duda sobre qué documentos permiten demostrar a la autoridad que los hechos realizados son materiales ¿los CFDI son suficientes? ¿Contratos?

El término “materialidad” no se encuentra definido en la normativa tributaria, no obstante, es reconocido dentro de la teoría contable, especialmente en el ámbito de auditoría. A grandes rasgos, cuando se habla de materialidad se habla de importancia. Dicho esto, la definición contable del término no pareciera representar lo que la autoridad fiscal quiere decir cuando habla de materialidad.

Entonces, para comprender qué sí es material, es requerido analizar lo que no lo es. De una revisión de las tesis disponibles que usan los términos “material”, “materialidad”, se desprende que un hecho no es material cuando este es simulado, particularmente, cuando hay transferencias de activos bajo conceptos que realmente no ocurrieron. Específicamente, la autoridad usa el término material en torno a las “operaciones simuladas” a través de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).

En virtud de identificar si algo es “material”, dentro de la reforma fiscal para el 2020 se incluyó la ficción legal “razón de negocio”. Particularmente, la exposición de motivos versa sobre la legalidad de términos indeterminado (sin definiciones explicitas). En esta línea de pensamientos, cita a la tesis aislada en materia administrativa I.4o.A.170 A (10a.), la cual señala que “las normas antiabuso son respuestas excepcionales a prácticas estratégicas de fraude a la ley o abuso del derecho, basadas en construcciones argumentales de significados formales de hechos y normas que atienden, no al objeto de la práctica, sino al efecto de elusión que intentan controlar”.

En conclusión, las cláusulas antiabuso, ligadas fuertemente con el concepto de materialidad, surgen al margen de un combate contra la elusión, en específico, elusión derivada de eventos simulados.

Si bien en la práctica se sabe lo que es un CFDI, la normativa fiscal no proporciona una definición del término; sin embargo, sí otorga una serie de características que todo CFDI debe tener (Artículo 29-A del CFF).

Dicho esto, la tesis aislada 1a. CLXXX/2013 (10a.) ha proporcionado un concepto de “Comprobante fiscal” definiéndolo como “medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes acreditan el tipo de actos o las actividades que realizan para efectos fiscales”. Luego añade “los comprobantes fiscales sirven para cumplir con la obligación legal que el Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en lo general, y las leyes tributarias, en lo particular”.

En ese sentido, el CFDI permite representar las acciones de emisor y receptor; sin embargo, su uso en la evasión fiscal es innegable.

El mecanismo por el cual los EDOS emiten CFDI para simular operaciones:

1. La parte emisora del CFDI aparenta vender un bien o servicio al comprador, por el cual ocurre una aparente transferencia de fondos del receptor al emisor del comprobante, como contraprestación del bien o servicio sujeto de transacción.
2. El receptor recibe en efecto el CFDI que ampara la compra simulada.
3. El emisor puede o no cobrar el monto del impuesto amparado en la factura simulada, más un monto adicional (que forma parte de la ganancia del emisor al emular una operación real).
4. El receptor utiliza este comprobante fiscal para erosionar la base gravable, logrando pagar menos impuestos, o en casos extremos, lograr una devolución de impuestos e incurrir en defraudación fiscal.

Es importante notar cómo el CFDI tiene un papel central en esta serie actividades. Su objetivo es hacer creer al Estado que la operación realmente existió y así amparar el efecto fiscal que aplicará el receptor. La autoridad es consciente de este esquema, de lo contrario, no existiría el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

En conclusión, el CFDI es usado activamente como un medio para simular operaciones, restando así un valor probatorio por razones prácticas.

DONATARIAS AUTORIZADAS:

Las donatarias autorizadas tienen la obligación de presentar la información en la que se transparente el uso y destino de los donativos recibidos durante el ejercicio fiscal. El incumplimiento de esta obligación tiene como consecuencia la pérdida de la autorización para recibir donativos deducibles de impuesto.

La obligación generalmente vence el 31 de mayo del ejercicio siguiente a aquél al que corresponde la información, plazo que había sido extendido al 2 de junio a través del Tercer Anteproyecto de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

La Regla Miscelánea 3.10.4., tercer párrafo, establece que, al concluir el ejercicio, y sin que sea necesario que el SAT emita un nuevo oficio, la autorización de donataria obtendrá nueva vigencia por el siguiente ejercicio fiscal, siempre que las organizaciones civiles y fideicomisos cumplan, entre otras obligaciones, con la de presentar esta informativa.

Ahora bien, a través del 2° Anteproyecto de V Modificación a la Miscelánea Fiscal 2022, difundido por la autoridad el 27 de junio de 2022, se aclara que se dará continuidad a la autorización para recibir donativos deducibles del ISR para el ejercicio fiscal 2023, siempre que las donatarias autorizadas hayan presentado oportunamente la declaración prevista en la regla 3.10.10. y la ficha de trámite 19/ISR “Declaración Informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación”, contenida en el Anexo 1-A, así como la declaración informativa establecida en el artículo 86, tercer párrafo de la Ley del ISR, correspondientes al ejercicio 2021 o, en caso contrario, cumplan con la presentación de dichas declaraciones a más tardar el 31 de octubre de 2022, sin perjuicio de la multa impuesta.

Esto implica que se da de plazo hasta el 31 de octubre para cumplir con esta obligación sin que por ello se pierda la autorización, pudiendo estas asociaciones ser acreedoras a una multa por la omisión.

LFT. SEGURIDAD LABORAL:

Con fecha 28 de abril de 2022 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al Artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo.

En esta reforma se agrega la previsión del uso de la tecnología y herramientas innovadoras que ayuden en las labores de seguridad, como un concepto que debe estar contemplado en las disposiciones reglamentarias o normativas, en aquellos trabajos de alto riesgo que implique la pérdida de la vida o se comprometa la salud del trabajador.

En este sentido, se adiciona un segundo párrafo al Artículo 512, el cual regula el contenido de los reglamentos e instructivos de las autoridades laborales, con el siguiente texto:

En los casos en los que existe un alto riesgo que implique la pérdida de la vida o se comprometa seriamente la salud del trabajador, considerando, sobre todo la naturaleza del trabajo, las disposiciones reglamentarias o normativas considerarán el uso de la tecnología y de las herramientas de trabajo que sean innovadoras y que coadyuven a las labores de seguridad en los centros de trabajo.

Esta reforma entró en vigor el 29 de abril de 2022.