Con fecha 8 de agosto de 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para que los sindicatos de trabajadores y de patrones debidamente registrados, así como los patrones independientes, elijan a quienes los representarán ante la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.
El 3 de febrero de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la resolución que emitió la Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, y a través de la cual se fijó en un 10% el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas.
Transcurridos más de diez años desde que entró en vigor la aludida resolución, con fecha 10 de abril de 2019, los sindicatos, federaciones y confederaciones que representan a más del cincuenta y uno por ciento de los trabajadores sindicalizados, solicitaron la revisión del antes mencionado porcentaje.
En respuesta a dicha solicitud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social procedió a verificar el requisito de mayoría, en términos del artículo 587, fracción II, inciso c), de la Ley Federal del Trabajo, lo cual quedó comprobado conforme a la verificación realizada a los registros existentes en dicha dependencia.
Por otra parte, esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social, considera que los estudios e investigaciones, comprendidos en la solicitud realizada el pasado diez de abril y en virtud del tiempo transcurrido desde la última resolución, en que se estableció el porcentaje en comento, esta dependencia estima justificada la necesidad de que éste sea revisado.
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 apartado A, fracción IX, incisos a) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 119, 587, fracciones I y II, 589, 683 y 684 de la Ley Federal del Trabajo, se convoca a los sindicatos de trabajadores y de patrones, así como a los patrones independientes, para que elijan a sus respectivos representantes propietarios y suplentes, ante el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.
El artículo 123, apartado A, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Título Noveno de la LFT señalan que los patrones son los responsables de los riesgos de trabajo (accidentes o enfermedades profesionales) ocurridos a sus subordinados en el ejercicio o con motivo de las labores para las cuales se les contrató.
Esto significa que si estos son víctimas de un siniestro de este tipo, aquellos deben cubrir los costos generados para su recuperación o aminorar las consecuencias irreparables de dicho evento (pago de salario por el tiempo que dure la incapacidad; gastos de atención médica y quirúrgica, hospitalización, medicamentos, material de curación, aparatos de prótesis y ortopedias necesarios para su rehabilitación; indemnizaciones por incapacidad permanente total o parcial, muerte y gastos de funeral).
No obstante, si los trabajadores siniestrados están afiliados en el Seguro Social, este subroga a los patrones de aquellos en el cumplimiento de las obligaciones referidas, de acuerdo con el esquema de prestaciones previsto en el Capítulo del Seguro de Riesgos de Trabajo de su propia Ley.
Dentro de dichas prestaciones destaca el pago de subsidio por incapacidad temporal, mismo que se cubre desde el primer día de incapacidad y hasta por un término de 52 semanas, periodo durante el cual el Instituto está obligado a darlos de alta cuando estén en condiciones de laborar, o bien, emitirles el dictamen de incapacidad correspondiente si presentan secuelas de lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales derivadas del riesgo de trabajo del que fueron víctimas (arts. 53 y 58, fracc. I, LSS y 30 del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS).
De lo anterior se infiere que si el Seguro Social no cumple con esa obligación dentro del plazo aludido, su sanción es continuar pagando a esos trabajadores el subsidio en comento hasta en tanto no satisfaga el deber legal descrito.
Esto se corrobora en la tesis aislada de rubro: SUBSIDIO EN DINERO DERIVADO DE UN RIESGO DE TRABAJO. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE ENCUENTRA OBLIGADO A OTORGAR DICHA PRESTACIÓN AL TRABAJADOR HASTA QUE SE DETERMINE EL GRADO DE INCAPACIDAD CORRESPONDIENTE., visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXIII, p. 1189, Materia Laboral, Tesis X.1o.77 L. Tesis Aislada, Número de Registro 175202, abril de 2006.
Durante enero del 2019, los ingresos que se obtienen por la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) registraron su reducción más grande desde el 2009, en plena crisis financiera internacional.
En enero de este año, se recaudaron 90,664.5 millones de pesos, lo que significó una reducción de 12.3%, la caída más alta en los últimos 10 años, considerando sólo el primer mes.
De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), este gravamen aportó 28% de los ingresos tributarios; mientras que, en enero del 2018, representó 33% de los ingresos que se obtienen por impuestos.
Expertos comentan que la disminución en la recaudación del IVA se debió a diversas razones, como un menor dinamismo en el consumo y el efecto de cobrar un menor impuesto en la frontera. En el caso del IVA pasó de 16 a 8 por ciento.
“Las cifras de consumo, ventas al menudeo y de ingreso del sector privado no financiero registraban una desaceleración al cierre de diciembre, la cual se prolongó durante enero e implicó una menor recaudación”, explicó José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
Refirió que el consumo se va incrementando de manera natural, conforme al crecimiento de la población, pero las personas pueden frenar las compras por cierta desconfianza del entorno, lo cual es muy indicativo, y ello se vio reflejado en diciembre del 2018 y enero del 2019.
Para Enrique Cárdenas, economista y profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla, la menor recaudación del IVA tiene que ver también con una menor proyección de la economía para el cierre del 2019.
“La actividad económica se ha deteriorado por cuestiones como el desabasto de la gasolina y las huelgas que se han registrado en el país. Al deteriorarse tu economía, impactas a tus ingresos”, expuso el experto.
A su parecer, si se mantiene la incertidumbre por las decisiones que pueda llegar a tomar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los ingresos presupuestarios podrían ser menores que lo que se estimó en la Ley de Ingresos de la Federación.
La recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) también tuvo un mal inicio de año, pues si bien presentó ingresos mayores en 1.4%, es el crecimiento más bajo desde el 2015.
Según las estadísticas de Hacienda, la recaudación del ISR aportó 54% de los ingresos tributarios totales en enero de este año. Sin embargo, en el 2018 representaron 55% del total.
Los expertos comentan que lo anterior se debe a un menor crecimiento de la economía, recorte de salarios y despidos en el sector público, así como a la reducción del ISR en la frontera que pasó de 30 a 20 por ciento.
“El ISR básicamente está vinculado con la generación de empleos y con los ingresos que tienen las empresas; esta menor recaudación nos marca que se relaciona con un ritmo de actividad económica moderada”, manifestó De la Cruz.
Enfatizó que, si bien pudo influir la disminución del IVA y el ISR en la frontera, no puede considerarse como el único factor de su baja recaudación. “Es más influyente la desaceleración económica”.
En su momento, Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, aseguró que la reducción del IVA e ISR en la frontera tendría un impacto de alrededor de 40,000 millones de pesos.
“La afectación es más modesta de lo que la gente cree”, reafirmó al momento de entregar el Paquete Económico 2019 en la Cámara de Diputados.
Para el cierre del 2019, el gobierno federal estima obtener ingresos tributarios por un total de 3 billones 311,373.4 millones de pesos. No obstante, Cárdenas ve complicado que se logre dicha meta, pues se ve un año difícil para la economía del país.
“Cada vez son más las instituciones y organismos internacionales que no ven un crecimiento del rango que propuso el gobierno, lo cual tendrá un efecto directo en los ingresos presupuestarios”, dijo.
No hay mucho margen para pensar de dónde se sacarán mayores ingresos para solventar el gasto que el gobierno quiere hacer, destacó.
“Si siguen bajando los ingresos, van a tener que reducir los gastos, porque el gobierno no puede darse el lujo de tener un déficit primario. Al reducir ingresos, se disminuye el gasto, por lo tanto, habrá efectos contraccionistas en la demanda agregada”, precisó. Los últimos datos de Hacienda revelaron que los ingresos presupuestarios fueron por 447,959 millones de pesos, lo que significó una reducción del 7.5%, en términos reales y respecto del primer mes del 2018. Mientras los ingresos tributarios aportaron más del 50% de dichos recursos, los ingresos petroleros apenas contribuyeron con 9.9% del total.
Los contribuyentes que se encuentran sujetos al IVA pueden realizar el acreditamiento de dicho impuesto siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 5o. de la LIVA, entre los que destaca, que el IVA:
Dichos requisitos debe observarse de forma conjunta, por lo que el contribuyente para la acreditación del impuesto debe contar con el CFDI que compruebe dicha erogación, el cual debe ser emitido en el mismo mes.
Así, aquellos causantes que cuenten con el comprobante expedido en un periodo después de que realizaron el pago, en estricto apego a la LIVA no podrían realizar el acreditamiento de dicho impuesto.
Sin embargo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) emitió el criterio jurisdiccional 59/2017, en el cual permite efectuar el acreditamiento del impuesto en el mes en que efectué el pago, siempre y cuando, se compruebe que el pago se efectuó en febrero, toda vez que lo importante de la operación es que el impuesto haya sido pagado; es decir, si el contribuyente efectuó el pago del impuesto en febrero 2018 y el CFDI fue emitido en marzo 2018, podrá llevar a cabo el acreditamiento en febrero.
El criterio sostenido por la Prodecon deriva de la sentencia emitida por la Segunda Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que un contribuyente impugnó la negativa a su solicitud de devolución del IVA, debido a que el SAT determinó que el acreditamiento realizado por el contribuyente era improcedente toda vez, que el comprobante no fue emitido en el mismo mes en que se pagó.
CRITERIO JURISDICCIONAL 59/2017 (Aprobado 8va. Sesión Ordinaria 27/10/2017) DEVOLUCIÓN. SALDO A FAVOR. A JUICIO DEL ÓRGANO JUDICIAL RESULTA PROCEDENTE CUANDO SE DEMUESTRA QUE EL IVA ACREDITABLE FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES DE QUE SE TRATE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL COMPROBANTE FISCAL SE HAYA EMITIDO CON POSTERIORIDAD.
El fideicomitente y el fideicomisario beneficiario son contribuyentes de IVA por las operaciones realizadas a través de un fideicomiso, porque las actividades gravadas con cargo a su patrimonio son atribuibles a ellos, no a la fiduciaria, quien como titular de dicho patrimonio, siempre actúa bajo la dirección del fideicomitente en provecho del fideicomisario beneficiario
Esto es así, porque el fideicomiso es un contrato que carece de personalidad jurídica, que constituye un vehículo transparente para efectos fiscales.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante tesis aislada visible bajo el rubro:
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL FIDEICOMITENTE Y EL FIDEICOMISARIO BENEFICIADO CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL OBJETO DE UN CONTRATO DE UN FIDEICOMISO, SON SUJETOS DE LA CONTRIBUCIÓN, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Constitucional, Tesis I.1o.A.201 A (10a.), Aislada, Registro 2017545, 10 de agosto de 2018.
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