Como parte de la información que las personas morales deben integrar derivado de las obligaciones en materia del beneficiario controlador (BC), la normativa establece que se debe obtener información personal del BC y los documentos relacionados que “verifiquen y validen” dichos datos. Al respecto, surge la inquietud sobre si es necesario apostillar los datos relacionados con BC extranjeros.
La Resolución Miscelánea Fiscal de 2022 (RMF) en la Regla 2.8.1.22, Fracción I, indica que las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, deberán integrar datos de información tales como:
Luego, la Regla 2.8.1.21 indica en su Fracción III que se deberá conservar la información del BC y la documentación que sirva de sustento para ello.
La información a obtener y conservar en materia de BC forma parte de la contabilidad. Así lo establece el primer párrafo del Artículo 32-B-Ter del Código Fiscal de la Federación (CFF), lo que implica que esta documentación debe cumplir con los requisitos que los ordenamientos prevén para la contabilidad.
En este sentido, toda la información del extranjero y la documentación que pudiera obtenerse (identificaciones, pasaportes, etcétera) deberá cumplir con el requisito de traducirse al español, siguiendo lo establecido en el Artículo 33, Apartado B, Fracción XI del Reglamento del CFF, que regula la forma en que debe mantenerse al contabilidad.
Ahora bien, en términos de la Regla 2.8.1.2., “los contribuyentes podrán llevar la documentación que integra su contabilidad […] en idioma distinto al español. En este caso, las autoridades fiscales, podrán solicitar su traducción por perito traductor autorizado por autoridad competente para tal efecto”.
Derivado de lo anterior, se puede inferir que la citada regla exime al contribuyente de realizar la traducción; sin embargo, se debe tener presente que la autoridad podrá solicitarla.
Aunado a lo anterior, surge la interrogante sobre si es necesario apostillar estos documentos extranjeros. La jurisprudencia XIX.1o. J/7 indica que, tratándose de documentos públicos, entre los que se encuentran los “los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado” de acuerdo con el Artículo 1 de la “Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros”, “la única formalidad que se exige para la eficacia probatoria de dichos instrumentos, es que contengan la ‘apostilla’ correspondiente, puesta por la autoridad competente del Estado de donde emane ese instrumento”.
En consecuencia, el anterior criterio jurisdiccional lleva a interpretar que a falta de apostilla del documento con el cual se ampare la información del BC extranjero, “no se le puede conceder valor probatorio alguno, y por tanto no es apto para justificar lo que con él se pretende”.
Es necesario que toda empresa que tenga BC extranjeros tenga presente que los documentos de identificación de los beneficiarios eventualmente pueden ser requeridos por la autoridad, y no sólo se deberá contar con la traducción al español, sino que, para que tengan valor probatorio, deberán estar apostillados.
El costo de apostillamiento, de envío y de traducción pueden no ser menores, por lo que se sugiere contemplar un presupuesto para estos fines al momento de implementar la obligación del BC.
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Nota al pie
[*] IUS: 194,111
Tesis: XIX.1o. J/7
Página: 342
Época: Novena Época
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Abril de 1999
Materia: Común
Sala: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo: Jurisprudencia
DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS, LEGALIZACIÓN DE LOS De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 2o., 3o., 4o. y 5o. de la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, suscrita por el gobierno de México y aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cuatro, promulgado y publicado para su debida observancia por el presidente de la República, en el mismo medio de difusión el catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco; la única formalidad que se exige para la eficacia probatoria de dichos instrumentos, es que contengan la ‘apostilla’ correspondiente, puesta por la autoridad competente del Estado de donde emane ese instrumento. Luego entonces, si un documento con la característica anotada, carece de dicha formalidad, es inconcuso que no se le puede conceder valor probatorio alguno, y por tanto no es apto para justificar lo que con él se pretende.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
IUS: 194,111
Tesis: XIX.1o. J/7
Página: 342
Época: Novena Época
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Abril de 1999
Materia: Común
Sala: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo: Jurisprudencia
El Ejecutivo propone un cambio en el Artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2023 (LIF) por el cual se incrementa de 0.08% a 0.15% la tasa de retención de ISR sobre intereses.
Asimismo, no hay una propuesta para cambiar el Artículo 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), por lo que la mecánica de retención permanece siendo la misma.
De aprobarse por el Congreso el Artículo 21 de la Iniciativa de la LIF, será un incremento de casi el doble sobre la tasa de retención de ISR sobre intereses vigente en 2022, que ha sido la más baja desde el 2005.
El Ejecutivo propone un cambio en el Artículo 21 de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación por el cual se aumenta de 0.08% a 0.15% la tasa de retención del ISR sobre intereses.
Para efectuar el comparativo, suponga una persona física sujeta de retención con una inversión (principal) que asciende a $2´500,000 de pesos en una institución financiera que ofrece una tasa de interés simple de 8.75% con un pago anual al 31 de diciembre. Durante el año no se modificó la inversión.
Partiendo que el ISR a pagar es sobre los intereses reales devengados para el caso de personas físicas, se toma como indicador la expectativa de la inflación presentados por el Ejecutivo el 8 de septiembre.
Para estos efectos, se considera la mediana obtenida dentro de la encuesta, resultando así en lo siguiente:
Atendiendo a la mecánica del cálculo de la retención, prevista en el Artículo 54 y 134 de la Ley del ISR, se efectúa el comparativo del impuesto causado por una misma inversión en 2022 y 2023, considerando las tarifas de ISR vigentes en 2022 (mismas que para 2023 serán actualizadas), y comparando el impuesto causado según los rendimientos reales proyectados con base de los criterios económicos antes referidos, y la retención de ISR sobre intereses aplicable en cada año:
Nótese que la combinación de una inflación proyectada menor para 2023 genera un interés real mayor, por lo que aun incrementándose la tasa de retención de ISR para 2023, con estos parámetros aún resultarían saldos a cargo en la declaración anual de los ahorradores.
Para evidenciar el comparativo, se considera una inflación para 2023 de 8.00%, similar a la esperada para el cierre de 2022.
De este segundo análisis se evidencia que, si la inflación en 2023 continúa alta en los niveles similares a 2022, dado que la tasa de retención en 2023 será superior, los saldos a favor también lo serán.
Aquellos contribuyentes que perciban ingresos por enajenaciones realizadas durante un mes calendario a un mismo contribuyente del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), podrán diferir la emisión de los CFDI correspondientes a dichas transacciones, a efecto de emitir a más tardar dentro de los tres días posteriores al último día del mes de que se trate, un solo CFDI que incluya todas las operaciones realizadas dentro de dicho mes con el mismo contribuyente.
Cabe aclarar que la regla NO distingue entre RESICO persona moral o persona física. Lo lógico sería pensar que la regla aplica para las ventas a RESICO personas físicas, puesto que estas no tienen deducciones para efectos del Impuesto sobre la Renta; sin embargo, la regla no distingue entre personas morales o físicas, por lo que su aplicación es indistinta.
Esta facilidad está contenida en la Regla Miscelánea 3.13.29., para la cual establece los siguientes requisitos:
Las operaciones celebradas con contribuyentes del RESICO, por las que se aplique esta facilidad, no se incluirán en el CFDI diario, semanal o mensual por operaciones celebradas con el público en general a que se refiere la regla 2.7.1.21.; es decir, el CFDI global.
La opción a que se refiere esta regla no podrá variarse en el ejercicio en que se haya tomado, sin menoscabo del cumplimiento de las demás obligaciones establecidas en materia de CFDI. Tómese esta facilidad con la cautela correspondiente y no sin antes establecer los controles administrativos para identificar cuáles son las operaciones que podrían quedar pendientes de facturación hacia el cierre del mes.
En la Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), se indica la forma de expedir los distintos tipos de comprobante.
Para el caso de un descuento, devolución o compensación, el SAT señala que al emitir una nota de crédito (CFDI de egreso), la forma de pago es “Condonación” (clave 15).
Esta indicación no es adecuada puesto que primero habría que analizar qué es lo que se está documentando, si un descuento, una devolución o una bonificación.
En el caso de una devolución, en la que el emisor del CFDI esté devolviendo dinero, lo correcto es indicar la forma en que esa devolución se está realizando; esto es, si es en efectivo, con abono a tarjeta de crédito, cheque, transferencia, etc.
En los casos de descuento o bonificación, estos no son técnicamente una condonación, sobre todo porque la condonación de adeudos tiene un efecto fiscal específico que no es el de una bonificación o descuento. En estos casos la figura que aplica es una “compensación”, puesto que quien tiene un saldo a cargo del receptor, le está generando un crédito a su favor, lo que implica que entre las mismas partes se adeudan, generándose así la figura de la compensación.
En la Guía el SAT expresa que “Es muy importante considerar que el uso de la forma de pago con clave “15” (Condonación) (…) es una definición de forma y que ésta se propone ante el hecho de la inexistencia de un pago y la necesidad de tener que llenar este campo para poder emitir el CFDI.
No obstante esto, la experiencia indica que lo establecido en las guías es el criterio del SAT y que cualquier actuar que diverja de su criterio puede ser objeto de observación por parte de la autoridad.
Será conveniente que el SAT rectifique la Guía de Llenado para no orillar a los contribuyentes a plasmar algo indebido en sus comprobantes fiscales.
El Artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), determina que los accionistas deberán reunirse en asamblea ordinaria de forma anual, la ley no contempla en ningún de sus dispositivos una sanción por la inobservancia de este deber.
No obstante, hay que recordar que conforme al precepto 183 de la LGSM, es obligación del administrador o del consejo de administración, convocar a las asambleas, y ante su falta, la tarea será del comisario.
La omisión del mencionado deber podrá dar lugar a que se ejercite una acción de responsabilidad civil en contra de los funcionarios, siempre que así lo acuerden los socios.
Con independencia de lo anterior, si el administrador o los comisarios se rehusaren a hacer la convocatoria, o no lo hicieren dentro del término de 15 días desde que hayan recibido la solicitud, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de quienes representen el 33 % del capital, exhibiendo al efecto los títulos de las acciones, en términos del numeral 184 de la LGSM.
Conforme a los Artículos 213 al 221 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable, deberá contener, además de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la compañía, las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución del capital variable.
Además, a la denominación, se añadirán siempre las palabras capital variable.
Tratándose de la sociedad anónima, la variación del capital podrá acordarse por asamblea ordinaria, sin necesidad de ser protocolizada, pero si deberá inscribirse en los libros de registro que correspondan.
Por último, el retiro parcial o total de aportaciones de un socio deberá notificarse a la compañía de manera fehaciente y no surtirá efectos sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la notificación se hace antes del último trimestre de dicho ejercicio, y hasta el fin del ejercicio siguiente, si se hace después.
Asimismo, no podrá ejercitarse el derecho de separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos del mínimo el capital variable.
El Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el año entrante, refiere a las asignaciones programadas del gasto público durante el ejercicio fiscal siguiente, considera la asignación de recursos para las dependencias, secretarías, órganos autónomos, programas sociales, proyectos de inversión, entre otros y para 2023 se estima que el gasto sea de 8 billones 299,647 millones de pesos.
El aumento real del 13% respecto a lo aprobado en el ejercicio fiscal anterior, plantea un presupuesto mayor para Turismo (115%), SEMARNAT (80%) y Bienestar (32%), mientras que las entidades no sectorizadas serán las más castigadas (-17%).
En cuanto a dependencias con Órganos autónomos, se asignarán 59,263 millones de pesos; sin embargo, el INEGI serán el más afectado con un recorte real de 14%, mientras que el IMSS (10%), ISSSTE (7%) y PEMEX (3%) concentrarán una gran parte del presupuesto federal, y la CFE tendrá 4% menos recursos que el año previo.
Asimismo, el PPEF 2023 incluye el presupuesto para los principales proyectos de inversión del Gobierno Federal con recursos por un monto de 236,131 millones de pesos para obras prioritarias.
Y en cuanto a Gasto Federalizado, los estados y municipios recibirán por concepto de aportaciones un total de 924 mil 332 millones de pesos y para participaciones 1 billón 220,271 millones de pesos, que suman 2.1 billones.
El IMCO recordó que la Cámara de Diputados tiene hasta el próximo 20 de octubre para discutir y aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos, para posteriormente enviarla al Senado para su aprobación, que deberá ser a más tardar el 31 de octubre.
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