BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL 4

JORNADA REDUCIDA

La jornada laboral es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar sus servicios (Art. 58, LFT).

 La jornada laboral máxima es de: ocho horas, la diurna (entre las seis y 20 horas); siete, la nocturna (comprendida entre las 20 y seis horas); y siete horas y media, la mixta (cuando abarca periodos de ambas jornadas, sin que el nocturno rebase tres horas y media) —Arts. 60 y 61, LFT–.

El establecimiento de una jornada reducida es una forma de flexibilización laboral, porque la ley únicamente refiere a los máximos permitidos en cuanto a jornada de trabajo, dándole la oportunidad al empleador de contratar a un subordinado por horas.

Se entiende como jornada reducida aquella en donde el tiempo que labora un colaborador es inferior a los máximos establecidos por la ley.

Si un trabajador no presta sus servicios por toda la jornada legal respectiva, sino simplemente unas cuantas horas de ella, se cree que es posible cubrir un salario menor al legalmente establecido.

No obstante, el numeral 83 de la LFT indica que, si bien es posible pactar un sueldo por horas, siempre que este sea remunerador, el cual en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo.

De ahí que, al convenir con el personal una jornada reducida por lo menos se les tiene que cubrir el monto de $ 374.89 en la Zona Fronteriza Norte o           $ 248.93 en el resto del país.

COMPENSACIÓN CIVIL. IVA:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, en carácter de jurisprudencia, que la compensación civil no extingue la obligación de pago del IVA, situación que puede generar incertidumbre jurídica.

Durante décadas, el sistema jurídico en México ha permitido la extinción de obligaciones a través de distintos actos, al amparo del Código Civil Federal (CCF). Las formas de extinción previstas son la remisión, novación, confusión y compensación.

Dichas formas son de carácter civil, por lo que cualquiera de ellas puede adoptarse con la finalidad de que una de las partes extinga una obligación y la otra la considere cumplida. 

Al respecto, en la sesión del 15 de marzo de 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, con carácter de jurisprudencia, que la compensación civil no es un medio que extinga el pago de IVA, lo que significa que el pago de una transacción mediante la figura de la compensación extingue el valor de la operación, pero no el pago de este impuesto.

Lo anterior dio lugar a la jurisprudencia de rubro: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA COMPENSACIÓN CIVIL NO ES UN MEDIO PARA SU PAGO NI PUEDE DAR LUGAR A UNA SOLICITUD DE SALDO A FAVOR O ACREDITAMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2019 Y 2020). Registro digital: 2026404.

El citado precedente jurisprudencial únicamente se pronunció con relación al acto de compensación, mas no respecto de otras figuras como la remisión, novación o confusión, previstas también en el CCF.

La jurisprudencia crea incertidumbre jurídica

Ante el criterio emitido por la SCJN han surgido un sinfín de dudas que sitúan a las empresas y personas físicas en un ambiente de incertidumbre jurídica, principalmente por las siguientes razones.

El ya citado precedente puede entenderse de tal suerte que, a partir de marzo de 2023, el IVA involucrado en una compensación sería no acreditable. Asimismo, podría interpretarse que el IVA de las transacciones materializadas antes de dicha fecha no fue pagado mediante la compensación y, por lo tanto, no procedería el acreditamiento de dicho impuesto, por lo que se asumiría que existen omisiones por dicho gravamen.

Las devoluciones de IVA recibidas podrían ser improcedentes si se concluye que derivado de dicho precedente se debe interpretar que siempre debió considerarse que la compensación civil no es una forma de pagar el IVA, aunque también puede interpretarse que esto solo afectaría a las solicitudes de saldos a favor de IVA que deriven de operaciones que se extinguieron por medio de la compensación a partir de marzo de 2023.

Adicionalmente, también llama la atención que en los comprobantes fiscales digitales se aprecia como método de pago, entre otros, el de la compensación, por lo que puede interpretarse que esta figura estaba permitida. Así, esta situación abona aún más a la incertidumbre jurídica de los contribuyentes.

Ante este escenario, es recomendable que, a partir de marzo de 2023, los contribuyentes abandonen el esquema de compensación, al menos la porción del IVA, y que preferentemente busquen métodos de pago en efectivo, transferencia, cheque o cualquier otra forma prevista en las disposiciones fiscales.

FINIQUITO. VALES DE DESPENSA:

La palabra “finiquito”, según el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “es el acto por el cual se da por bien cumplida y terminada la gestión de una persona —física o moral— que administra un negocio jurídico ajeno”; por ende, finiquitar en materia laboral, se entiende por saldar al colaborador de cualquier tipo de adeudo de carácter económico a que tuviera derecho por el solo transcurso del tiempo.

De ahí que, el finiquito que se entrega al momento de finalizar la relación laboral debe incluir todas las prestaciones legales (aguinaldo, vacaciones y prima vacacional) y extralegales causadas y no pagadas, como lo son los vales de despensa, sea cual fuere el motivo del rompimiento del vínculo.

CARTAS INVITACIÓN. RECURRENTES:

El numeral 19 de la Ley Federal del Derechos del Contribuyente (LFDC), establece que cuando las autoridades fiscales determinen contribuciones omitidas, no podrán llevar a cabo determinaciones adicionales con base en los mismos hechos conocidos en una revisión, pero podrán hacerlo cuando se comprueben hechos diferentes. 

No obstante, en el escenario de una carta invitación no se está en presencia de alguna facultad de comprobación cuya finalidad sea la de determinar un crédito fiscal; sino que solamente es un exhorto al contribuyente que sirve para asistir, vigilar y controlar el comportamiento de los causantes.

Ante tal situación, la LFDC no protege al contribuyente de que la autoridad vuelva a solicitar aclaraciones sobre el mismo periodo. Una forma de solventar este tipo de molestias es a través de un caso de queja en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), la cual como un organismo fiscal puede emitir recomendaciones a la autoridad.

Estas invitaciones que realiza el SAT están fundamentadas en el Numeral 33, Fracciones I y IV del CFF, en donde se prevé la facultad (de gestión) para que la autoridad invite a los contribuyentes a acudir a las oficinas de la autoridad con el objeto de poder orientarles en cuanto a la corrección de su situación fiscal para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Ahora bien, respecto a la obligatoriedad de suscribirse al procedimiento de vigilancia profunda por el mismo periodo, se debe considerar que al tratarse de una invitación (no requerimiento formal, ni inicio de facultades de comprobación) el contribuyente puede omitir el procedimiento no solo por el segundo intento del procedimiento, sino desde el primero, sin que se cometa infracción alguna.

Pese a lo mencionado, y en el entendido de que es opcional su cumplimiento, se debe tener en cuenta que en algunos supuestos se recomienda elaborar la aclaración correspondiente mediante escrito libre en el que se expliquen las razones por las cuales no es procedente lo observado por el SAT, ya que de lo contrario la omisión podría propiciar las facultades de comprobación.

FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.

 La facultad reglamentaria está limitada por los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento.

El segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar.

Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos materia de tal disposición.

Acción de inconstitucionalidad 36/2006. Partido Acción Nacional. 23 de noviembre de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz, Marat Paredes Montiel y Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.

TESIS:

PRIMA DE ANTIGÜEDAD. PARA SU CUANTIFICACIÓN NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS DÍAS LABORADOS HABITUALMENTE.

El Artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la prima de antigüedad consiste «en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios»; de lo que se colige que ésta es un beneficio que surge con motivo de los años de servicio prestados al patrón, es decir, que tiene su origen en las anualidades de trabajo, no en el número de días laborados habitualmente, entonces, en el caso de los trabajadores que sólo laboren dos días a la semana y que deba cubrírseles la prima de antigüedad, en su cuantificación no incidirá dicha jornada, sino exclusivamente los años de labor.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1203/2009. Comercializadora El Palacio de Hierro, S.A. de C.V. 7 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente José Manuel Hernández Saldaña. Secretario Lenin Mauricio Rodríguez Oviedo.

Registro digital: 164720

RESICO. TOPE DE INGRESOS:

En 2022 entraron en vigor dos regímenes simplificados de confianza (RESICO), uno para personas físicas y otro para personas morales. Una de las condicionantes para tributar en ellos es no sobrepasar el límite de ingresos marcado por la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), según se trate de persona física o de persona moral:

Constantemente es necesario revisar si el límite de ingresos fue rebasado o no. Para esto, es importante conocer cuál es el parámetro de comparación.

Los contribuyentes, en sus operaciones cotidianas pueden emitir sus facturas en forma de comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), en los cuales se plasman los ingresos que se están obteniendo; sin embargo, estas facturas pueden representar ventas de contado (dinero efectivamente cobrado), o bien, ventas a crédito (factura que se cobrará posteriormente a su emisión).

Esto puede generar duda entre los contribuyentes al tratar de definir si se mantienen dentro del parámetro establecido.

Cabe recordar que el RESICO, para ambos tipos de personas, es un régimen de flujo de efectivo; es decir, es un régimen en el que el ingreso se considera obtenida hasta en el momento en que es cobrado, no antes. Esto significa que el hecho de que se emitan facturas de ventas a crédito no implica que esos ingresos han sido efectivamente generados para efectos fiscales.

El régimen de flujo de efectivo tiene su fundamento en el Artículo 113-E, quinto párrafo, y el Artículo 207, primer párrafo, ambos de la Ley del ISR, respectivamente.

Dado que se trata de un régimen de flujo de efectivo en el que el ingreso es reconocido sólo en el momento en que es efectivamente cobrado, entonces el monto de ingresos a considerar para compararlo con el parámetro debe ser el monto de ingresos efectivamente cobrados. Los ingresos manifestados en las facturas que no han sido cobradas no deben considerarse para efectos de este parámetro.

Si se toma el caso, por ejemplo, de una persona moral que emitió facturas en 2023 por un total de $37,000,000, pero en el ejercicio cobró solamente $34,500,000, quedando pendientes de cobro $2,500,000, significa que este contribuyente no rebasó el parámetro de los 35 MDP que para este tipo de contribuyentes marca el RESICO.

Un dato importante por revisar es la cantidad de ingresos declarada en pagos provisionales durante el ejercicio 2023, ya que, al mes de diciembre, se conoce si los ingresos efectivamente cobrados (los que están declarados) sobrepasan del límite indicado.

Es conveniente que los contribuyentes revisen el monto de ingresos declarados, y que estos se comparen contra los efectivamente cobrados para asegurar que la información está correctamente plasmada y que se tenga la certeza ya sea de permanecer, o bien, de abandonar dicho régimen.

Hacer esto con anticipación ayudará a tener una mejor planeación de la manera en que el primer pago del ejercicio 2024 deberá realizarse.