El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de ley para «poner orden» en la subcontratación, conocido como «Outsourcing» y que será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.
El mandatario aseguró que se ha utilizado como una «forma de defraudación fiscal y sobretodo que afecta a los trabajadores, porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo, ni reparto de utilidades», dijo durante su conferencia matutina.
La propuesta de reforma busca regular las siguientes figuras:
El objetivo de la reforma es prohibir «la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra».
En el caso de los servicios especializados, la propuesta permitirá: «la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos».
Para esto se requerirá de una autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y formarán parte de un padrón público.
A su vez, para las agencias de colocación, ellas, «podrán intervenir en el proceso de contratación: reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros. En ningún caso el intermediario se considerará patrón».
La reforma busca armonizar los siguientes ordenamientos:
En caso de aprobarse, las empresas que incurran en ello, tendrán las siguientes consecuencias:
«Una propuesta que permita resolver el problemas y los abusos de subcontratación», dijo Luisa Alcalde, titular de la STPS.
Dijo que uno de los principales problemas es que algunos patrones dan el registro de los trabajadores en la Seguridad Social con salarios menores a los que realmente perciben. Lo que afecta su pensión, su fondo de vivienda, y además reciben menores liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos.
Asimismo, la funcionaria señaló que existe competencia desleal con las empresas que sí cumplen, pues las otras abaratan artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por lo que pagan al trabajador como por la evasión de impuestos y cuotas de Seguridad Social.
Destacó que a todo lo anterior, se suma la afectación a la Hacienda Pública, pues se están evadiendo impuestos, afectando los servicios públicos; se evaden cuotas del IMSS, afectando los servicios de salud y se evaden las aportaciones del INFONAVIT, reduciendo los créditos de vivienda.
Alcalde destacó que la iniciativa busca que «no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros».
Se espera que en los próximos días inicie la discusión de la iniciativa propuesta por el gobierno.
CFF:
Se propone adicionar el Artículo 15-D. Esta normativa pretende establecer la definición de “subcontratación de personal”. En ese sentido, la definición propuesta de subcontratación de personal es: “cuando una contratista, persona física o moral, proporciona trabajadores propios en beneficio del contratante o los pone a disposición de éste”.
Se establece que no se darán efectos fiscales de deducción del gasto o acreditamiento de su Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la subcontratación de personal en términos de la definición anterior o cuando:
Por otra parte, se establece que no se configura subcontratación de personal cuando se cumplan los siguientes supuestos:
Responsabilidad solidaria de las personas que reciben servicios de subcontratación
Se propone adicionar una Fracción XVI al Artículo 26. En ese sentido, se considerarían como responsables solidarios a las personas que reciban servicios o contraten obras que se mencionaron anteriormente. Serán responsables solidarios por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se preste el servicio.
La redacción propuesta de esta fracción no resulta clara en cuanto al alcance de la responsabilidad solidaria; esto es, pareciera abarcar tanto las contribuciones a cargo de los trabajadores en una subcontratación prohibida como las contribuciones causadas en la contratación de servicios u obras especializadas. Por la redacción de las disposiciones similares en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley de INFONAVIT, parecieran llevar a la conclusión de que la responsabilidad solidaria abarca las contribuciones causadas en la contratación de servicios y obras especializadas.
Multas, agravantes y defraudación fiscal por proporcionar servicios de subcontratación
Se pretende la adición de un inciso h) a la Fracción II del Artículo 75. Así, se considerará como agravante de una infracción el realizar la deducción o acreditación de impuestos derivados de un pago a una empresa de subcontratación de personal sin autorización.
Asimismo, se pretende adicionar una Fracción XLV al Artículo 81 y Fracción XLI al Artículo 82. Con esto se propone considerar como infracción cuando, el contratista que proporcione servicios o realice obras especializadas, incumpla con la obligación de entregar a un contratante la información y documentación que permite al contratante la deducción y acreditación por los pagos efectuados por dichos servicios u obras. La multa por incurrir en esta falta podrá ascender de $150,000.00 a $300,000.00 por cada obligación incumplida.
Por último, por una propuesta de adicionar un inciso i) al Artículo 108, se considerará como delito de defraudación fiscal calificado cuando:
LISR:
Requisitos para hacer deducibles gastos de servicios u obras especializadas
Se pretende añadir una nueva Fracción V al Artículo 27. Así, se proponen requisitos para la deducción de los pagos realizados por concepto de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. En ese sentido, el contratista está obligado a entregar al contratante los siguientes comprobantes e información:
No deducibilidad de pagos a servicios de subcontratación de personal
Se propone añadir una Fracción XXXIII al Artículo 28 con el objetivo de que no se consideren deducibles los pagos que se realicen a las personas sin permiso para ofrecer servicios de subcontratación de personal según el propuesto Artículo 15-D del CFF.
LIVA:
Se deroga la retención del 6% del IVA en servicios que “dispongan personal”
Se propone derogar la Fracción IV del Artículo 1-A y así eliminar la retención del 6% del IVA cuando se ponga “personal a disposición”.
No acreditación del IVA en pagos por servicios de Outsourcing
Se propone reformar al Artículo 4 con el objetivo de que no se considere acreditable el IVA trasladado por los pagos que se realicen a las personas sin permiso para ofrecer servicios de subcontratación de personal según el propuesto Artículo 15-D del CFF.
Requisitos para la acreditación del IVA en pagos por servicios u obras especializadas
Se pretende añadir una nueva Fracción II al Artículo 5. Así, se proponen requisitos para el acreditamiento sobre el IVA proveniente de los pagos realizados por concepto de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. En ese sentido, el contratista está obligado a entregar al contratante los siguientes comprobantes e información:
Se propone que la documentación deberá entregarse durante el mes siguiente a aquél en el que el contratista haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio recibido y el IVA que se le haya trasladado. Si el contratante no recaba la información, deberá presentar complementaria disminuyendo el IVA donde reduzca el IVA no acreditable.
Uno de los puntos más polémicos relacionados a este tema, tiene que ver con el hecho de que, las personas físicas o morales que proporcionen los “servicios especializados o la ejecución de las obras especializadas” que señala el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo (que se pretende reformar), deberán contar con AUTORIZACIÓN de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Entonces, de acuerdo con el artículo 15 de la LFT (reformado), para obtener la mencionada autorización deberán acreditar el carácter especializado del servicio que otorgan y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social.
La mencionada autorización deberá ser renovada cada 3 años.
La STPS negará o revocará la autorización de aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos previstos por la propia Ley Federal del Trabajo.
Las personas físicas o morales que obtengan la autorización antes mencionada, quedarán inscritas en el padrón de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, que deberá ser público y estar disponible en un portal de Internet.
La STPS expedirá las disposiciones de carácter general que determinen los procedimientos relativos a la autorización a la que se refiere este artículo.
Por otro lado, es importante recordar que la Iniciativa en comento, enviada por el Ejecutivo, se dio a conocer en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del pasado jueves 12 de noviembre del presente año.
De acuerdo con el artículo Primero Transitorio, la reforma propuesta entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ahora bien, de acuerdo al artículo Segundo Transitorio, dentro de los 4 meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto (propuesta), la STPS deberá expedir las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 15 de la LFT; esto es, los requisitos para obtener la autorización que nos ocupa.
Por su parte, el artículo Tercero Transitorio indica que, a la entrada en vigor del Decreto, las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas, deberán obtener la autorización de la STPS que hemos comentado, en un plazo de 6 meses, contados a partir de la publicación de las disposiciones de carácter general anteriormente mencionadas.
La finalidad del artículo 151, Fracción I de la LISR, es conferir o favorecer al contribuyente con un beneficio respecto a los gastos médicos que realice y cuando contrata un seguro de gastos médicos mayores para la prevención de alguna emergencia de salud.
En el desafortunado supuesto de que una persona ocupe el seguro mencionado, debe pagar el deducible y el coaseguro. Pero ¿estos conceptos son deducibles?
El deducible y el coaseguro constituyen una participación del asegurado en el costo total de los gastos generados por un siniestro. El primero es la cantidad fija que debe cubrirse antes de que el seguro pague algún beneficio; esto es, un límite mínimo a partir del cual procede el pago por la aseguradora; y el segundo es un porcentaje del total del siniestro, calculado después de restar el deducible, que deberá pagar el asegurado respecto de los gastos hospitalarios y los honorarios del médico.
El pago de estos conceptos debe considerarse como deducción personal en términos de la Fracción I, numeral 151 de la LISR, toda vez que las erogaciones por deducible y coaseguro tuvieron por objeto la atención de la salud del particular para la plena satisfacción de sus necesidades médicas y que, como se señaló, el legislador juzgó necesarias en dicha fracción, a fin de que las personas pudieran atender sus necesidades esenciales.
Lo anterior corresponde al criterio plasmado en la tesis de rubro:
DEDUCCIONES PERSONALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. DEBEN CONSIDERARSE ASÍ LOS PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE COASEGURO Y DEDUCIBLE EN LOS SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS MAYORES, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Administrativa, Tesis Aislada (IV Región) 1o.15 A (10a.), Registro 2022154, octubre 2020
Es importante mencionar que la postura de la Corte es contrastante a la del SAT, toda vez que a través del el Criterio 55/ISR/N, denominado “Deducible del seguro de gastos médicos. No es una deducción personal” localizable en el Anexo 7 de la RMISC 2020, este indica que el pago del deducible del seguro de gastos médicos no es un gasto médico, ni es una prima por concepto de dicho seguro, en virtud de que son erogaciones realizadas como una contraprestación de los servicios otorgados por la compañía aseguradora de conformidad con la Ley sobre el Contrato de Seguro y por ello, no podrán considerarse como una deducción personal para efectos del ISR.
En el supuesto de una revisión al contribuyente que haya considerado como deducción personal el deducible del seguro de gastos médicos mayores, es probable que la autoridad observe dicha operación y afecte la base gravable del impuesto afectando al causante; sin embargo, puede interponer algún medio de defensa en contra del acto de la autoridad, apoyándose en el criterio de la Corte.
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