BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL 48

CFDI. PRÓRROGA:

A través del Segundo Anteproyecto de Décima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, dado a conocer por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su página de Internet el 25 de noviembre de 2022, se da a conocer una nueva prórroga para el uso del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 3.3.

Como es de conocimiento popular, la nueva versión del CFDI 4.0 estaba prevista para hacerse de uso obligatorio a partir del 1 de enero de 2023. Lo mismo para la Constancia de Retenciones e Información de Pagos (CRIP) versión 2.0 y el Complemento de Nómina en su versión 1.2 Revisión C.

No obstante, el plazo para el uso del CFDI versión 3.3 y la CRIP 1.0 se extiende hasta el 31 de marzo de 2023; es decir, se otorgan tres meses más para su uso. Será, entonces, a partir del 1 de abril de 2023, que se hace obligatorio el uso de las versiones 4.0 del CFDI y 2.0 de la CRIP.

Ya anteriormente el uso obligatorio del Complemento de Nómina en su versión 1.2 Revisión C se había extendido hasta esa misma fecha. Con esto, se homologa el plazo para todo tipo de comprobantes.

En lo que respecta a la carta de porte digital, si bien su uso ha sido obligatorio desde el 1 de enero de 2022, se había otorgado un “período de gracia” en el cual no habría penalidad para los contribuyentes que la emitieran con errores, ahora, este período de gracia se extiende hasta el 31 de julio de 2023.

TARIFA ISR. 2023:

A partir del 1 de enero de 2023 se aplicarán nuevas tarifas de Impuesto sobre la Renta (ISR) a las personas físicas, derivado del procedimiento de actualización inflacionaria a que serán sometidas.

De acuerdo con la Ley del ISR en el último párrafo del Artículo 152, cuando la inflación rebase el 10% desde la última vez que las tarifas se actualizaron, las mismas se actualizarán a partir del ejercicio siguiente, considerando la inflación desde la última vez que se actualizaron, hasta diciembre del año en que se rebasó del 10% indicado.

La última actualización de tarifas fue para 2021, considerando la inflación hasta diciembre de 2020. De diciembre de 2020 a la fecha de este estudio se tiene una inflación 15.08%, por lo que se genera el supuesto de actualización de tarifas.

Para realizar la actualización de la tarifa, se aplicará el factor de actualización que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes inmediato anterior al más reciente del periodo, entre el INPC correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente en el que se haya presentado el mencionado incremento. Así lo establece el último párrafo del Artículo 152 de la Ley del ISR.

Los INPC se publican a más tardar el día 10 del mes inmediato posterior al que corresponden, lo que significa que el INPC del mes de noviembre se dará a conocer a más tardar el día 10 de diciembre de 2022.

Derivado de lo anterior, se concluye que las tarifas de ISR aplicables a partir de 2023 no se pueden dar a conocer antes del 10 de diciembre de 2022, sino que se publicarán a partir de esa fecha y hasta los primeros días del mes de enero de 2023, que es cuando normalmente se han dado a conocer.

PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. DELITOS FISCALES:

A través de comunicado de prensa 431/2022, fechado el 24 de noviembre de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informa que el Pleno, al conocer de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, invalidó el Artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el Artículo 5, Fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional, mediante los cuales se calificaba como “amenazas a la Seguridad Nacional” —y, por tanto, que ameritan prisión preventiva oficiosa— a los delitos de “contrabando”, “defraudación fiscal”, sus equiparables, así como los “delitos relacionados con comprobantes fiscales”.

El Pleno también invalidó el Artículo 2, Fracciones VIII, VIII Bis y VIII Ter, de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, en los cuales se tipificaba el delito de delincuencia organizada, cuando tres o más personas se organizaran con la finalidad de cometer los delitos antes mencionados de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobantes fiscales. Sobre este tema, una mayoría de Ministras y Ministros estimó que el legislador violó el principio de ultima ratio al incluir conductas que no se corresponden con el régimen constitucional de delincuencia organizada, el cual entraña el extremo más gravoso del derecho penal.

Por el contrario, el Pleno reconoció la validez del Artículo 113 Bis, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en el que se prevé cómo delito el expedir, enajenar, comprar, o adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. La SCJN consideró que dicho precepto no viola el principio de taxatividad, ya que es suficientemente claro y preciso, ni vulnera los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad.

Finalmente, derivado de la declaratoria de invalidez del Artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Pleno extendió la invalidez a aquellas normas que presentaban una dependencia con esta norma, es decir, los artículos 187, párrafo segundo, última parte, en la porción “Tampoco serán procedentes los acuerdos reparatorios para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código”, y 192, párrafo tercero, en la porción “La suspensión condicional será improcedente para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del artículo 167 del presente Código”, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Este criterio, cuya sentencia e integración de tesis está pendiente de publicación oficial, deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, demandando la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de noviembre de dos mil diecinueve.

CRIPTOMONEDAS. SUELDOS Y SALARIOS:

Poco a poco, las criptomonedas han sido más aceptadas tanto como instrumentos de especulación como medios de pago. En el caso de México, el país tiene la novena tasa más alta de posesión de criptomonedas en el mundo, con un 12.1% en posesión de al menos una variedad de estos criptoactivos^].

Aun así, hasta la fecha, la idea de que en México sea posible hacer pagos de salarios en criptomoneda puede resultar lejana. En contraste, en otros países esto se vuelve poco a poco una realidad: en EUA recientemente diversos alcaldes han aceptado sus salarios en Bitcoin; por otro lado, en Brasil se presentó una iniciativa para permitir que los trabajadores sean remunerados con Bitcoin.

En ese sentido, ¿puede un patrón mexicano pagar los salarios de sus trabajadores en Bitcoin, o cualquier otra criptomoneda?

La principal limitante para el pago de salarios en criptomonedas reside en el Artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).Este precepto señala que “[e]l salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda”.

En términos generales, las criptomonedas no son monedas de curso legal. Tampoco son divisas en el entendido de que, tal como señala el Banco de México, no cumplen las funciones de la definición clásica del dinero.

La criptomoneda es un activo virtual, y en ese sentido se categoriza como “mercancía” y, por ende, el pago de salarios en criptomoneda sería ilegal.

El Artículo 84 señala que el salario se integra por “cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo”.

En principio, al trabajador es posible darle prestaciones en especie siempre que su cuota diaria y demás percepciones obligatorias sean pagadas en efectivo.

Si estos conceptos obligatorios son cubiertos en efectivo, el trabajador y el patrón pueden convenir, como prestación extralegal, el pago de criptomonedas por el trabajo realizado.

Cabe resaltar que el Artículo 102, como norma protectora del salario, señala que las prestaciones en especie “deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente proporcionadas al monto del salario que se pague en efectivo”.

Si se toma el camino de hacer pagos en efectivo y en criptomonedas, es preciso señalar que el monto del activo virtual pagado al trabajador integrará su salario y por lo tanto será base para el cálculo de las indemnizaciones, en términos del Artículo 89 de la LFT.

Asimismo, al no estar excluidas las prestaciones en especie del Artículo 27 de la Ley del Seguro Social, el valor de las criptomonedas sumará al Salario Base de Cotización del trabajador, en la medida en que se ubique en los supuestos de integración previstos en dicho artículo.

Otra implicación es la retención del impuesto sobre la renta (ISR) del monto pagado.

La normativa no señala específicamente el tratamiento de retenciones sobre bienes en especie. No obstante, es claro que la retención deberá calcularse sobre el monto total del salario integrado, es decir, incluyendo el valor de la criptomoneda. Para ello, siguiendo el Artículo 20 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el ISR retenido deberá pagarse en moneda nacional.

Cabe agregar que, si la legislación estatal considera los pagos en especie (como las criptomonedas) para efectos del Impuesto sobre nóminas (ISN), el valor del criptoactivo deberá ser considerado para el cálculo de este impuesto.

Por último, en el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es posible asimilar la operación a una permuta: por un lado el trabajador presta un servicio subordinado, el cual, en términos del segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley del IVA, no es objeto del impuesto. Por otro lado, el patrón enajena la criptomoneda como contraprestación del servicio y traslada un IVA. Se puede argumentar que el trabajador paga ese IVA trasladado en con su propio trabajo (en servicios), resultando en que el patrón deberá enterar al SAT la cantidad correspondiente del IVA trasladado, después de acreditamientos.

Respecto a qué valor deberá considerarse para el pago de contribuciones federales, lo más lógico financiera y fiscalmente es que sea el monto al cual se encuentra valuado el criptoactivo al momento en que se efectúe al pago del salario.

En efecto, si bien se ha identificado que el salario no puede darse en criptomonedas, sí existe una posibilidad de pagar criptomonedas como prestación. No obstante, esto deberá analizarse con cautela y en virtud de lo señalado en el Artículo 102 de la LFT, siendo este el precepto por el cual la autoridad niegue este tipo de prestaciones.

CARTA PORTE:

La Regla 2.7.7.1. de la RMISC 2022 contempla que los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga general y especializada, que circulen por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, así como los que presten el servicio de paquetería y mensajería, de grúas de arrastre y de grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, así como de traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancías, deben expedir un CFDI de tipo ingreso con los requisitos del Artículo 29-A del CFF al que deben incorporar el complemento carta porte.

Bajo esa premisa, parecería que por los servicios en los que la empresa de logística traslada la mercancía, debe expedir el CFDI de ingreso con el complemento de carta porte.

No obstante la Regla 2.7.7.2. prevé una forma distinta de emitir el CFDI, indicando que tratándose de los intermediarios o agentes de transporte, que presten el servicio de logística para el traslado de los bienes o mercancías, o tengan mandato para actuar por cuenta del cliente, deberán expedir un CFDI de tipo traslado al que incorporen el complemento carta porte y usar su representación impresa, en papel o en formato digital, para acreditar el transporte de dichos bienes o mercancías, siempre que el traslado lo hagan por medios propios, cumpliendo con lo señalado en el párrafo pasado.

Lo anterior deja la duda si el CFDI que debe emitir la empresa de logística es de ingreso o de traslado. Esta duda se origina porque el SAT correctamente segrega los servicios de logística y los de autotransporte.

Respecto a la duda en particular, la persona moral al ser la encargada de la logística debe emitir el CFDI de traslado con la carta porte por la mercancía trasladada con medios propios (situación que sería diferente en el supuesto de que solo fuera la empresa de autotransporte, en cuya situación se emitiría el CFDI tipo ingreso con complemento de carta porte).

Referente a los servicios de logística en los que la empresa no traslada la mercancía esta solo emitirá la factura electrónica sin complemento carta porte por dicho servicio a su cliente y la empresa transportista que lleve a cabo el traslado será quien deba emitir la factura electrónica de tipo ingreso con complemento carta porte.

¿SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES = VACACIONES?

La suspensión de actividades referidas en su consulta es un acto unilateral del patrón; por ende, son independientes de los días de vacaciones, de lo contrario se consideraría una renuncia de derechos de sus empleados al goce de sus vacaciones, misma que resultaría nula (Arts. 5o, Fracción XIII y 33 LFT).

Consecuentemente, durante la interrupción de las actividades, los trabajadores tienen derecho a gozar de su salario, dejando a salvo los periodos vacacionales que les correspondan.

De no hacerlo así, correrán el riesgo de que los subordinados demanden la rescisión de la relación laboral sin ninguna responsabilidad, en términos del Numeral 51, Fracción IV de la LFT, lo que traería como consecuencia el pago de la indemnización constitucional, la parte proporcional de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, así como 12 días de salario por cada año laborado por concepto de prima de antigüedad y 20 días de salario por cada año de trabajo (Arts. 48, 52, 79, 80, 87 y 162, Fracción III LFT).