De acuerdo con lo establecido en el Artículo 93 fracción XIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), el aguinaldo goza de una exención equivalente a 30 días de salario mínimo del área geográfica (SMG) del trabajador.
Para 2023 el salario mínimo diario se fija en $207.44, o de $312.41 en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), por lo que los pagos por concepto de aguinaldo que se efectúen a partir de esa fecha, en principio, gozarían de una exención hasta por $6,223.20 (207.44 x 30) o de $9,372.30 (312.41 x 30) en la ZLFN.
No obstante, se debe tener presente que el 11 de abril de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica en su página de Internet que su criterio en materia de aplicación del SMG es el de aplicar la UMA en su lugar para todos los fines de la Ley del ISR. Este criterio ha sido criticado en virtud de que no se apega estrictamente a lo previsto por la Constitución, pero es el criterio que está aplicando la autoridad.
En este sentido, la exención del aguinaldo, en lugar de 30 salarios mínimos, sería de 30 UMA, que actualmente tiene un valor de $103.74, lo que resulta en un total de $3,112.20, tanto en la zona general como en la ZLFN.
La exención al aguinaldo debe considerarse de forma total. Aun cuando el trabajador no haya laborado el año completo, y solamente tenga derecho a un aguinaldo proporcional, el monto de exención se considerará de forma total, no proporcional.
El Artículo 174 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) establece un procedimiento opcional para los patrones que calculan el impuesto sobre percepciones que se devengan durante el año pero que se entregan en un solo pago como el caso de las gratificaciones anuales o pagos similares. Tal es el caso del aguinaldo.
Este procedimiento alterno consiste en “mensualizar” la percepción anual (determinar un prorrateo mensual) y aplicarle la tarifa mensual de impuestos, de forma que el período de la tarifa de impuesto corresponda con el período en que se percibe el ingreso y se evite así hacer retenciones excesivas al trabajador que, aunque le quedaran a favor al final del ejercicio, le afectaría en sus flujos económicos.
Hasta antes de 2008, cuando existía el Crédito al Salario (CAS), resultaba claro que éste se consideraba en el procedimiento de este cálculo alternativo, pero derivado de la sustitución en 2008 del CAS por el Subsidio al Empleo (SE) la redacción de las disposiciones que rigen el cálculo del impuesto fue modificada, surgiendo la duda de la aplicabilidad del SE en este cálculo alternativo. A continuación se explican las razones.
El Artículo 174 del Reglamento citado, que establece el procedimiento alternativo, señala que para efectos del cálculo se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley del ISR.
Hasta el año 2007 el Artículo 113 en su tercer párrafo estableció que quienes efectuaran el cálculo del ISR por salarios lo debían hacer “aplicando el crédito al salario contenido en el artículo 115 de esta Ley”; es decir, del propio artículo 113 emanaba la obligación de aplicar el CAS.
A partir de 2008, a raíz de la derogación del CAS, el tercer párrafo citado anteriormente se deroga eliminándose así la referencia a la aplicación del CAS. Para sustituirlo, se establece el SE en el Artículo Octavo del decreto que modifica la Ley del ISR publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de octubre de 2007, y en ese mismo artículo se hace obligatoria la aplicación del SE.
Esto propicia que en el propio texto del Artículo 113 no se hiciera referencia a la aplicación del SE, sino que la aplicación de este concepto se contiene en una disposición aparte (ya referida).
Con la Ley del ISR publicada en el DOF el 11 de diciembre de 2013, el Artículo Décimo del decreto por el que se expide la ley se mantiene igual al anterior, por lo que aplica el mismo razonamiento expuesto en los párrafos anteriores.
Ahora bien, debido a que el procedimiento alternativo del Artículo 174 del Reglamento establece que el cálculo debe hacerse aplicando el procedimiento del Artículo 96 de la Ley, y ese artículo no hace referencia al SE, se podría pensar que el derecho a aplicar el SE en este procedimiento opcional de cálculo se restringe.
No obstante lo anterior, es importante tener presente que la propia redacción del artículo del SE señala en su fracción I que quienes perciban ingresos por salarios gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 96 de la misma Ley, por lo que aun cuando el Artículo 96 no remita expresamente hacia la aplicación del SE, el propio artículo del SE prevé que este subsidio se aplique contra el impuesto que resulte del Artículo 96.
De lo anterior es posible concluir que es posible aplicar el SE al cálculo opcional de ISR sobre percepciones anuales previsto en el Artículo 174 del Reglamento de la Ley del ISR.
Por tanto, para el cálculo del aguinaldo que se paga en estas fechas es posible aplicar el procedimiento opcional de retención, aplicando el SE que corresponda.
A través de un comunicado fechado el 14 de diciembre de 2023, el servicio de administración tributaria anuncia la manera en que prestará servicios de apoyo a los contribuyentes durante el periodo vacacional.
Durante el periodo vacacional que comprende del 18 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024, no se suspenderá la atención presencial en las 153 oficinas en todo el país, por lo que los contribuyentes que tengan citas programadas pueden acudir con normalidad.
En su comunicado, el órgano reitera que la institución cuenta con servicios y herramientas digitales para facilitar la realización de trámites a los contribuyentes, como la generación o renovación de su Contraseña, renovación de su e.firma, entre otros, sin necesidad de acudir físicamente.
Asimismo, se tiene la opción de la Oficina Virtual a través de la cual se pueden realizar los siguientes trámites:
El comunicado puede consultarse en el siguiente enlace: SAT brindará atención a los contribuyentes en periodo vacacional | Servicio de Administración Tributaria | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)
Una persona física en el Régimen de Incorporación Fiscal consultó a PRODECON para determinar si su actividad en la producción de discos, material audiovisual, y otros servicios relacionados debe considerarse como actividad empresarial o servicio personal independiente. Esta distinción es crucial para saber si la persona moral para la que trabaja debe retener el IVA trasladado.
Según la Ley del IVA, las personas físicas que prestan servicios independientes en México deben trasladar un IVA del 16%. La Ley no define explícitamente qué constituye una actividad empresarial, pero el Código Fiscal de la Federación enumera actividades consideradas empresariales (comerciales, industriales, agrícolas, etc.). Por otro lado, la prestación de servicios independientes se considera personal cuando no tiene carácter empresarial.
Las personas morales que reciben servicios personales independientes están obligadas a retener dos terceras partes del IVA trasladado.
Se considera que los servicios independientes que no figuran en las listas de actividades empresariales del Código Fiscal de la Federación y el Código de Comercio son ‘servicios personales independientes’. La naturaleza de estos servicios no cambia, aunque la persona física no realice directamente las actividades contratadas, sino a través de un empleado. En consecuencia, cuando una persona física presta servicios personales independientes a una persona moral, esta última debe retener dos terceras partes del IVA trasladado. La obligación de retener no se aplica cuando la prestación del servicio tiene carácter empresarial.
Así lo ha determinado la PRODECON mediante criterio sustantivo, emanado de la Décima Sesión Ordinaria, del 30 de noviembre de 2023, que se reproduce a continuación.
CRITERIO SUSTANTIVO 8/2023/CTN/CS-SASEN
RETENCIÓN DEL IVA. ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA DETERMINAR SI EL ACTO O ACTIVIDAD QUE REALIZA UNA PERSONA FÍSICA A FAVOR DE UNA PERSONA MORAL, ES UN SERVICIO PERSONAL INDEPENDIENTE.
Antecedentes.
Mediante el servicio de Consulta Especializada, una persona física que continúa tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal solicitó la opinión de PRODECON para conocer si por la actividad que realiza consistente en la producción de discos y material audiovisual, composición y arreglo de canciones y/o fonogramas, masterización de canciones, grabación de instrumentos, mezcla de canciones y desarrollo de proyectos a favor de una persona moral, debe considerarse como una actividad empresarial o servicio personal independiente, esto para delimitar si dicha persona moral debe de efectuar la retención del IVA que se le traslada. Asimismo, señaló que se debe de tener bien definida la principal diferencia entre una actividad profesional realizada por una única persona sin estructura empresarial y, una actividad empresarial con estructura, centro de trabajo, equipo y un grupo de gente de apoyo.
Consideraciones.
El artículo 1, párrafos primero, fracción II, segundo y tercero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Ley del IVA), dispone que están obligadas al pago de dicho impuesto, entre otras, las personas físicas que presten servicios independientes en territorio nacional, para lo cual, trasladarán a las personas que reciban los servicios, la tasa del 16% —aplicada a diversos valores, como lo es, el de la contraprestación pactada—, en forma expresa y por separado.
Por su parte, el artículo 14, párrafo primero, fracción I de la Ley de la materia, señala que se considera prestación de servicios independientes, entre otras, la prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes; mientras que el último párrafo del aludido dispositivo legal indica que la prestación de servicios independientes tiene la característica de personal cuando no tenga la naturaleza de actividad empresarial.
Si bien la Ley del IVA no define lo que debe entenderse por actividad empresarial, es dable atenerse a lo establecido por el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación (CFF), que dispone un catálogo de actividades que se reputan empresariales, siendo estas las comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas y las de pesca, que son definidas en dicho artículo, salvo las comerciales, respecto de las cuales se indica que son aquéllas que de conformidad con las leyes federales tengan ese carácter y que sean distintas a las comprendidas en el referido numeral. En este sentido, el artículo 75 del Código de Comercio enlista aquellas que se consideran actos de comercio, como lo son, entre otras, las adquisiciones, enajenaciones con propósitos de especulación comercial, las operaciones de comisión mercantil o las de mediación en negocios mercantiles.
Ahora bien, por lo que hace a la retención del impuesto, el artículo 1-A, primer párrafo, fracción II, inciso a) de la Ley del IVA, en relación con el diverso 3, primer párrafo, fracción I, inciso a) de su Reglamento, establecen que las personas morales que reciban, entre otros, servicios personales independientes, tienen la obligación de retener las dos terceras partes del impuesto que les traslade y que haya sido efectivamente pagado.
Criterio de Prodecon.
Este Ombudsperson fiscal considera que una prestación de servicios independientes es aquella que tenga la naturaleza de actividad empresarial, en lo específico, las listadas tanto en el artículo 16 del CFF, como las comerciales referidas por el diverso 75 del Código de Comercio. Por ello, cualquier prestación de servicios independientes, como lo son, entre otros, la prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes, cuando no tengan la naturaleza de actividad empresarial, es decir, que no se encuentre listado en los dos artículos en cita, se considerará como “servicio personal independiente.”
El hecho a que la persona prestadora de un servicio personal independiente no realice por sí misma las actividades para las que se le contrató, sino mediante un tercero —como lo es una persona empleada—, en nada modifica la naturaleza del servicio personal independiente, pues la relación jurídica que mantiene el prestador del servicio con su empleado, es diversa a la relación que mantiene con el contratante del servicio de que se trate, máxime que, acorde con la evolución de la realidad social, una persona física prestadora del servicio no necesariamente realiza por sí misma las actividades para la que se le contrate, sino que requiere emplear a otras a fin de cumplir con las obligaciones contraídas con el cliente.
Por tanto, cuando una persona física presta servicios personales independientes a una persona moral, esta última debe efectuar la retención de las dos terceras partes del IVA que se le traslade, dejándose de actualizar el supuesto de la retención cuando la prestación del servicio independiente no tenga la característica de personal por ser de naturaleza empresarial.
El numeral 127, fracción III de la LFT precisa que la participación de utilidades para los subordinados que estén al servicio de personas cuyos ingresos sean producto exclusivo de su trabajo, o que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas, y al cobro de créditos y sus intereses, no puede exceder de un mes de salario.
La intención del legislador de establecer dicho tope a la PTU fue procurar que los empleadores permitan que sus colaboradores participen de la riqueza obtenida en un año, pero equilibradamente, ya que las ganancias son generadas realmente por el patrón.
De ahí que, si a ustedes al efectuar el reparto de PTU les resultó un sobrante por la aplicación del tope de un mes de salario, dicha cantidad debe regresar a los ingresos de la sociedad.
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